CAPÍTULO 5
La primera referencia a Diego Santamaría aparecía en un documento de apenas dos páginas.
La investigación posterior concluyó sin atribuir responsabilidades penales a los agentes que habían intervenido.
Molina permanecía a mi lado mientras examinaba la documentación que nos habían facilitado aquella mañana.
—¿Has llegado a la asistencia médica? —preguntó.
—Todavía estoy con las primeras diligencias.
Habíamos conseguido acceder al expediente a través de la unidad encargada de su custodia.
La documentación estaba organizada en varios apartados, algunos incorporados posteriormente a las actuaciones iniciales, y un funcionario nos había advertido de que debíamos solicitar por separado determinados anexos conservados en otro archivo.
Sobre la mesa había copias autenticadas de las diligencias principales. Los originales permanecerían bajo custodia mientras se tramitaban las comprobaciones que habíamos solicitado.
—Diego trabajaba repartiendo material de automoción —comentó Molina—. No constan antecedentes por delitos violentos.
—¿Qué ocurrió durante la detención?
—Una discusión en la vía pública. Los agentes acudieron por un aviso y terminaron identificándolo. Hubo resistencia cuando intentaron trasladarlo.
Consulté la declaración de los policías.
Diego había mostrado una actitud alterada y se había negado inicialmente a acompañarlos. Uno de los agentes aseguró que forcejeó al intentar esposarlo. Otro describió una resistencia menos intensa, aunque ambas declaraciones coincidían en que tuvieron que sujetarlo.
El informe médico realizado después no permitía atribuir su fallecimiento a las lesiones externas observadas durante la intervención.
—¿Quién dirigía el operativo? —pregunté.
—Valero. Beatriz Roldán estaba entre los agentes que participaron. Salvatierra intervino después, durante la tramitación de las actuaciones.
Pasé a la documentación de custodia.
La primera anotación recogía el ingreso de Diego a las 18:52. Después aparecían referencias a su identificación, la retirada de efectos personales y la asignación de un espacio de espera.
A las 19:24, según el informe definitivo, un agente observó que el detenido tenía dificultades para mantenerse en pie y presentaba un malestar evidente. Se solicitó asistencia sanitaria, cuya llamada quedó registrada a las 19:28.
—Cuatro minutos —comenté.
—Entre la primera incidencia médica que figura en el informe y la llamada.
Seguí leyendo.
Los sanitarios habían llegado a las 19:41. Diego fue trasladado al hospital, donde falleció horas después de sufrir una complicación cardiovascular aguda.
La documentación judicial recogía que se había investigado la actuación policial y que no se habían encontrado elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal por aquella muerte.
—¿Qué reclamaba la familia? —pregunté.
Molina abrió otra carpeta.
—La hermana sostenía que Diego había pedido ayuda antes de la hora consignada. Presentó varias solicitudes para que revisaran los registros.
—¿Con qué fundamento?
—Eso es lo que tenemos que aclarar.
Me enseñó una relación de documentos incorporados al procedimiento.
Entre ellos aparecía una referencia a un libro de incidencias utilizado por el personal de custodia durante aquella jornada. Sin embargo, en las copias que estábamos consultando solo figuraban algunos extractos.
—¿Dónde está completo?
—En otro archivo. Ya hemos solicitado que lo localicen.
Dejé el informe sobre la mesa.
Salvatierra había participado en la elaboración de documentación relacionada con aquella intervención. Cinco años después, cuando su carrera estaba próxima a terminar, había comenzado a consultar el expediente y a preguntar cómo rectificar determinados documentos.
Necesitábamos saber qué había cambiado.
A media mañana acudimos a la unidad encargada de conservar los registros de aquella actuación.
Nos recibió un funcionario que llevaba varios años trabajando en la gestión de documentación policial. Había preparado una relación de los soportes disponibles y nos explicó que algunos registros de 2021 habían sido digitalizados posteriormente.
—Esto es lo que hemos localizado hasta ahora —dijo, mostrándonos una copia del libro de incidencias—. El original está custodiado y cualquier examen material tendrá que coordinarse con la unidad correspondiente.
Molina se inclinó sobre la mesa.
—¿Podemos comprobar las anotaciones del 17 de marzo?
El funcionario buscó la fecha.
La página contenía varias entradas realizadas durante el turno de tarde. Algunas estaban escritas con distinta tinta y otras incluían abreviaturas que necesitaban interpretación.
Señalé una línea.
19:06. Santamaría refiere mareo. Solicita asistencia.
La releí antes de mirar a Molina.
—En el informe definitivo, la primera incidencia aparece a las 19:24.
Mi compañero comprobó ambas hojas.
—Dieciocho minutos después.
—¿Hay alguna explicación sobre esta anotación?
El funcionario examinó la página.
—Aquí no consta ninguna. Tendríais que consultar quién estaba de servicio y cómo se cumplimentaba el libro.
—¿Sabemos si ese registro se incorporó completo a la investigación original?
—No puedo asegurarlo. Tenemos una relación de documentos remitidos, pero habría que contrastar los anexos.
Molina anotó la referencia.
—Necesitamos las copias originales de la remisión y los registros de entrada en el procedimiento.
El funcionario nos indicó cómo solicitar formalmente aquella documentación.
Mientras terminábamos, volví a comparar las horas.
A las 19:06 alguien había escrito que Diego se encontraba mareado y solicitaba asistencia. A las 19:28 constaba una llamada sanitaria. El informe final situaba la primera manifestación relevante a las 19:24.
La diferencia podía deberse a varios motivos, incluido un error de anotación o la distinción entre una queja inicial y una urgencia reconocida posteriormente. Pero se trataba de una discrepancia concreta que requería una explicación.
—Quiero identificar a quien escribió esa línea —le dije a Molina cuando salimos—. Y comprobar si los relojes de los distintos registros estaban sincronizados.
—También podemos pedir la grabación o los datos de la llamada al servicio de emergencias.
—Hazlo. Necesitamos saber qué síntomas comunicaron y a qué hora.
Molina guardó sus notas.
—¿Crees que esto es lo que quería rectificar Salvatierra?
—Podría ser una parte. Primero averigüemos qué sabía él de esa diferencia.
Inés Santamaría aceptó recibirnos aquella tarde en el pequeño establecimiento de reprografía donde trabajaba, cerca de la calle de Alcalá.
Habíamos localizado sus datos de contacto en las reclamaciones incorporadas al expediente. Cuando Molina la llamó, escuchó nuestra identificación y preguntó inmediatamente si aquella visita estaba relacionada con Julián Salvatierra.
Fue ella quien propuso el encuentro.
La encontramos detrás de un mostrador, preparando varios documentos para encuadernar. Tendría unos cuarenta años, llevaba unas gafas de montura oscura y vestía una chaqueta de punto sobre una camiseta gris.
Terminó de atender a un cliente antes de dirigirse a nosotros.
—¿Son los inspectores que me han llamado?
Me presenté y le expliqué el motivo de nuestra visita.
—Sé que han matado a Julián —respondió—. Lo vi en las noticias.
—¿Cuándo habló con él por última vez?
Inés comprobó que la máquina de impresión había terminado y dejó una pila de hojas sobre el mostrador.
—Hace unos días. Me dijo que estaba revisando la documentación y que quería hablar con algunos compañeros.
—¿Cómo se puso en contacto con él?
—Fui yo quien lo buscó.
Nos indicó una pequeña mesa situada al fondo del local.
—Podemos sentarnos aquí. Pero si entra alguien, tendré que atenderlo.
Aceptamos.
Inés retiró varias cajas de papel y se sentó frente a nosotros. Sobre la mesa dejó una carpeta de cartón que parecía haber utilizado muchas veces.
—Llevo cinco años intentando que alguien me explique por qué mi hermano pidió ayuda y nadie hizo nada hasta bastante después.
—Hemos encontrado diferencias entre varios horarios —respondí—. Estamos comprobando a qué corresponden.
—Los horarios son precisamente el problema.
Abrió la carpeta y extrajo una copia de un documento.
—Esto me llegó hace unas semanas. Mi abogada consiguió que nos facilitaran documentación que no teníamos cuando se investigó la muerte de Diego.
Me entregó la hoja.
Era una reproducción parcial del registro de incidencias que habíamos examinado aquella mañana. La anotación de las 19:06 estaba señalada con bolígrafo.
—¿Ese documento fue el que entregó a Salvatierra?
—Sí. Lo llamé porque aparecía su nombre entre los responsables de la tramitación del expediente. Pensé que quizá podría explicarme por qué aquella hora no figuraba en el informe.
—¿Qué le respondió?
—Al principio, que tendría que comprobarlo.
Inés cerró la carpeta.
—Después me llamó él. Me dijo que había solicitado consultar el expediente y que necesitaba unos días.
—¿Le explicó qué había encontrado?
—No. Me preguntó si mi hermano había tenido problemas de salud antes de la detención.
—¿Y qué le dijo?
—Que sí había tenido alguna revisión médica, pero que eso no explicaba por qué tardaron en pedir ayuda.
Le pregunté si Diego había tenido antecedentes de problemas cardiovasculares.
—Los médicos nos hablaron de varios factores después de su muerte —respondió—. Yo no voy a discutir un informe médico que no sé interpretar. Lo que quiero saber es qué ocurrió mientras estaba bajo custodia.
Su manera de expresarse no dejaba demasiado espacio para respuestas generales.
—¿Cómo era Diego? —pregunté.
Inés me observó con cierta desconfianza.
—¿Eso tiene importancia para saber cuándo llamaron a una ambulancia?
—Quiero conocer las circunstancias de su vida y lo que pudo ocurrir aquel día. No pretendo justificar ninguna actuación por cómo fuera él.
Se tomó unos segundos antes de responder.
—Era bastante cabezota. Llegaba tarde a todas partes y siempre encontraba una explicación. Trabajaba mucho, aunque se organizaba fatal.
Acarició el borde de la carpeta.