CAPÍTULO 19 La memoria de los talleres #2

—Patxi, compañeros —respondió Ainara con voz firme pero conmovida que resonó con nitidez en el aire caliente de la nave —.

La victoria no es mía; es de cada uno de vosotros que se negó a vender su participación cooperativa cuando los emisarios de Atalante Capital vinieron con maletines a ofrecer dinero fácil a cambio de la sumisión.

Si hubierais flaqueado en la asamblea de fábrica, no habría habido tribunal en Luxemburgo ni fiscal en Bilbao capaz de salvar a Euskadi.

Vuestra dignidad en el taller fue el escudo que nos permitió a nosotros luchar con la ley en la mano.

La fundición sigue siendo vuestra y de vuestros hijos; esa es la única verdad que importa.

Los obreros volvieron a colocarse las máscaras térmicas y los guantes de serraje con una serenidad renovada, mientras el silbido de las válvulas de presión y el resplandor anaranjado de los hornos inundaban de nuevo la nave principal.

Ainara y Mathieu permanecieron unos instantes contemplando cómo la primera colada del turno fluía con una cadencia perfecta hacia los moldes de acero, sabiendo que cada pieza acabada llevaría la impronta indeleble de aquella resistencia obrera.

Un aplauso cerrado, seco y sonoro de manos callosas retumbó entre las vigas metálicas de la nave de Eskoriatza, acompañado por el silbato festivo de una de las grúas puente que transportaba una cuchara de colada.

Mathieu contempló la escena conmovido hasta lo más hondo: en ningún despacho de la Comisión Europea ni en ninguna cumbre diplomática de las Naciones Unidas había presenciado un acto de legitimidad democrática tan puro y elemental como aquel agradecimiento de los obreros del metal a la fiscal que había defendido su derecho a existir.

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A las once de la mañana, la comitiva se trasladó al complejo corporativo de Mondragon Corporación Cooperativa (MCC), ubicado en las colinas que dominan la villa de Arrasate-Mondragón.

En el auditorio principal de la sede central, una sala sobria con graderío de madera de haya clara y ventanales orientados hacia las cumbres del monte Udalaitz, se encontraban reunidos los miembros del Consejo General de la corporación, los rectores de las cooperativas industriales de la división de automoción y componentes, y los representantes sindicales y de las entidades de previsión social voluntaria LagunAro y Caja Laboral.

Mathieu Etcheverry ocupó el estrado junto al presidente corporativo y a Ainara Zubiaga.

Ante él se desplegaban los informes periciales y los diagramas de flujos financieros elaborados por Eurojust y la OLAF.

Mathieu tomó la palabra en castellano con ese acento vascofrancés reposado y melodioso que transmitía una autoridad técnica intachable.

Durante cuarenta minutos, desgranó con precisión matemática los entresijos de la maniobra de asalto corporativo que habían logrado neutralizar.

—Señores miembros del Consejo General —expuso Mathieu proyectando en la pantalla del auditorio la estructura societaria del conglomerado fiduciario—.

La trama orquestada por Viktor Sorokin y operada sobre el terreno por Patricia Hagen a través de la consultora L'Étoile Atlantique no perseguía únicamente una ventaja fiscal indebida; pretendía ejecutar una operación de pinza financiera perfectamente cronometrada.

Mediante la difusión de informes de riesgo apócrifos y la instigación del expediente sancionador en Bruselas, lograron que las agencias internacionales de calificación rebajaran artificialmente la solvencia de la división industrial cooperativa.

Mathieu explicó cómo el fondo Atalante Capital, constituido en Luxemburgo pero nutrido con fondos fiduciarios procedentes de Ginebra y Dubái, había adquirido de forma encubierta pagarés corporativos de Fagor Ederlan por valor de doscientos ochenta millones de euros en el mercado secundario de deuda, aplicando descuentos leoninos del cuarenta por ciento.

El objetivo final era ejecutar el vencimiento simultáneo de los pagarés en el momento en que la Comisión Europea ordenara la recuperación cautelar de las supuestas ayudas de Estado forales, forzando a la cooperativa a una suspensión de pagos irreversible que habría obligado a liquidar sus patentes industriales y su maquinaria pesada.

—Las unidades de inteligencia financiera de Francia y España, TRACFIN y SEPBLAC, lograron identificar la sociedad fiduciaria pantalla Pyrenees Consulting SARL , domiciliada en un buzón postal de Bayona —detalló Mathieu mostrando las trazas bancarias intervenidas—.

A través de esa sociedad intermedia, el dinero de Sorokin pagaba los honorarios de peritos informáticos que inyectaban código malicioso y metadatos falsificados en las copias de seguridad de las auditorías forales.

El objetivo era simular que las cooperativas recibían subvenciones directas a fondo perdido incompatibles con el Tratado de la Unión Europea, cuando en realidad se trataba de deducciones fiscales por innovación tecnológica abiertas a cualquier empresa radicada en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Mathieu profundizó en la colaboración prestada por la Fiscalía Federal suiza y la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA).

Los inspectores helvéticos habían logrado congelar en los búnkeres de Ginebra las cuentas bancarias de correspondencia fiduciaria a través de las cuales el fondo Atalante liquidaba sus operaciones con bancos de inversión en Fráncfort y Londres.

Aquella intervención en la raíz del sistema de pagos internacional impidió que los pagarés de Fagor Ederlan fueran transferidos a terceros tenedores de buena fe, manteniendo la titularidad de los títulos bajo la jurisdicción penal directa del tribunal instructor de Bilbao.

El análisis jurídico se extendió a los mecanismos de protección blindados por la Ley 11/2019 de Cooperativas de Euskadi.

Mathieu destacó que, a diferencia de las sociedades anónimas tradicionales donde el capital puede ser adquirido de forma hostil mediante la compra masiva de acciones con derecho a voto en mercados no regulados, en el régimen cooperativo vasco la soberanía política reside inalienablemente en la persona trabajadora bajo el principio democrático de un socio, un voto.

Ningún inversor foráneo, por ilimitados que fueran sus recursos financieros en paraísos fiscales, podía comprar la voluntad de la asamblea soberana.

Esa arquitectura societaria participativa se convirtió en la barrera insuperable contra la que chocaron los bufetes fiduciarios de Londres y Ginebra.

El director general de LagunAro, la mutua de previsión social que cubría las pensiones, la incapacidad laboral y la asistencia sanitaria de más de treinta mil cooperativistas, intervino para certificar la estabilidad de sus fondos de reserva.

Explicó que durante los días más críticos del bloqueo crediticio, la entidad mantuvo intactos sus activos soberanos y sus carteras de deuda pública foral, garantizando el abono puntual de todas las prestaciones sociales sin solicitar un solo euro de anticipo a los fondos de rescate estatales.

La autosuficiencia mutualista demostraba que el modelo de bienestar foral no era una carga parasitaria, sino un sistema de solidaridad solvente y equilibrado con sus propios recursos.

El representante de Laboral Kutxa expuso cómo la cooperativa de crédito del grupo había articulado una línea especial de avales por importe de ciento cincuenta millones de euros garantizada por los depósitos de los propios ciudadanos vascos.

«Los ahorradores de nuestros pueblos no retiraron sus fondos cuando la prensa internacional arreció en sus ataques; al contrario, abrieron nuevos depósitos a plazo fijo para respaldar a nuestras fundiciones», relató con orgullo cívico.

Aquella respuesta popular desarmó los modelos econométricos de Sorokin, que preveían un pánico bancario generalizado que jamás llegó a materializarse.

El director financiero de la corporación intervino para detallar la estructura de reaseguro mutualista articulada junto con el Instituto Vasco de Finanzas (IVF).

Aclaró que, aunque el Gobierno Vasco había habilitado una línea de crédito de contingencia de doscientos millones de euros como respaldo institucional preventivo, la propia liquidez de las cooperativas permitió superar el asedio sin necesidad de ejecutar un solo euro de dinero público.

Aquella autosuficiencia financiera demostró que el modelo foral de intercooperación no dependía de subvenciones estatales ni de rescates discrecionales, sino de la estricta disciplina en la reinversión de beneficios y la capitalización de reservas voluntarias.

Asimismo, la asamblea debatió la implantación de un protocolo ético vinculante de comercio exterior que prohibía a cualquier cooperativa del grupo contratar con proveedores o intermediarios radicados en jurisdicciones no cooperativas según las listas del GAFI.

La medida fue aprobada por asentimiento general, convirtiendo a Mondragón en la primera corporación industrial europea en autoimponerse estándares de diligencia debida en derechos humanos y transparencia fiscal que superaban las propias directivas comunitarias.