CAPÍTULO 18 El regreso a Vitoria
## El regreso a Vitoria
Ainara Zubiaga permanecía sentada en la tribuna reservada a las autoridades judiciales, en el primer piso del salón de plenos, flanqueada por el fiscal superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Vestía un traje sastre de lana oscura y una blusa marfil, con el cabello castaño recogido en un moño bajo impecable.
Sobre su regazo descansaba una cartera de cuero negro con el escudo foral grabado a fuego, en cuyo interior se custodiaba el dictamen definitivo emitido por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el certificado de decomiso internacional librado por Eurojust contra los activos de Viktor Sorokin.
En la muñeca izquierda, bajo el puño de la camisa, Ainara sentía el peso familiar y frío de la caja de acero de su reloj Certina DS, la pieza heredada de su padre Josu que la había acompañado en cada estación de aquel viaje por el abismo.
Miró la esfera blanca con segundero continuo: faltaban tres minutos para que la Presidenta del Parlamento golpeara el mazo de bronce para dar comienzo a la comparecencia.
No había en el semblante de Ainara el menor asomo de fatiga tras los días de tensión en Luxemburgo y las noches de insomnio coordinando los atestados en la muga de Dantxarinea; su mirada reflejaba la serenidad imperturbable de quien ha atravesado el fuego de la conspiración sin ceder un solo milímetro de su integridad profesional.
El orden del día de la sesión plenaria no dejaba margen a la ambigüedad parlamentaria: comparecencia informativa del Gabinete para dar cuenta del archivo definitivo del procedimiento sancionador incoado por la Comisión Europea contra las normas tributarias forales y presentación del plan de blindaje democrático del Concierto Económico.
Cuando la Presidenta del Parlamento pronunció su nombre invitándola a acceder a la tribuna de oradores para exponer el resumen de las diligencias penales de la Fiscalía Anticorrupción, un murmullo de expectación contenida recorrió las bancadas de todos los grupos políticos, desde la izquierda soberanista hasta las formaciones constitucionalistas.
Ainara se puso en pie con paso firme, descendió la escalinata enmoquetada y se situó ante el atril de oradores.
Ajustó el micrófono metálico y desplegó sus notas con ademanes pausados.
Al alzar la mirada hacia el hemiciclo, reconoció en la primera fila de escaños a los tres Diputados Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, acompañados por sus respectivos diputados de Hacienda, los hombres y mujeres que gestionaban los presupuestos públicos de un país que había estado al borde de la quiebra crediticia provocada por el capital fiduciario del Este.
—Señorías, miembros del Gobierno Vasco, señores Diputados Generales —comenzó Ainara con una voz clara, firme y desprovista de énfasis retórico que resonó nítida en el sistema de megafonía del hemiciclo—.
Comparezco ante esta Cámara no en calidad de representante de ninguna facción política, sino como servidora de la legalidad pública y de la memoria colectiva de esta tierra.
En las últimas setenta y dos horas, las instituciones europeas han dictado resoluciones que devuelven la dignidad al régimen foral vasco, desestimando de plano las pretensiones espurias que intentaban calificar nuestro Concierto Económico como una ayuda de Estado ilícita.
Ainara explicó con rigor forense cómo la consultora L'Étoile Atlantique en Biarritz, bajo la dirección operativa de Patricia Hagen y la financiación opaca del oligarca Viktor Sorokin, había manipulado metadatos informáticos, sobornado a directores de unidad de la Dirección General de Competencia en Bruselas y fabricado un dosier fraudulento con el único propósito de desestabilizar la calificación crediticia de las cooperativas industriales de Mondragón.
Detalló cómo la trama pretendía asfixiar la financiación bancaria de las fundiciones del Deba para forzar su venta a precio de saldo a consorcios vinculados a la industria armamentística rusa.
Para fundamentar su alegato ante la Cámara, Ainara proyectó en los monitores del hemiciclo el esquema dogmático de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la autonomía tributaria regional.
Recordó con meticulosa precisión el célebre precedente del asunto de las Azores de 2006 y las sentencias de la Gran Sala de septiembre de 2008 relativas a las Normas Forales vascas, donde la corte comunitaria consagró la doctrina de los tres requisitos acumulativos de autonomía: la autonomía institucional, que facultaba a las Diputaciones Forales a legislar sin interferencia del Estado central; la autonomía procedimental, que garantizaba que la decisión no fuera tutelada por la administración tributaria estatal; y la autonomía económica y financiera, por la cual los Territorios Históricos asumían íntegramente el riesgo fiscal de su recaudación mediante el pago del Cupo, sin que el Estado cubriera los posibles déficits presupuestarios de las haciendas forales.
—Quienes intentaron sabotear nuestro sistema —enfatizó Ainara mirando con firmeza a los escaños— argumentaban falsamente que las deducciones medioambientales del Impuesto sobre Sociedades constituían una ayuda de Estado incompatible con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Pretendían obviar deliberadamente que el País Vasco no goza de subsidios de nivelación territorial: si nuestras haciendas recaudan menos, nuestros servicios públicos disponen de menos recursos.
Ese principio de responsabilidad fiscal plena es la antítesis del proteccionismo ilícito y el mayor garante de la estabilidad presupuestaria que exige Europa.
No pedimos privilegios; ejercemos nuestra soberanía con arreglo a la Constitución y a los Tratados fundacionales de la Unión.
Ainara contrastó con agudeza técnica la realidad de la tributación foral con los esquemas de elusión multinacional que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intentaba combatir a través del proyecto BEPS sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios.
Explicó que mientras las grandes corporaciones tecnológicas y los oligarcas utilizaban fiduciarias interconectadas en paraísos fiscales para tributar a tipos efectivos inferiores al uno por ciento, las empresas y cooperativas vascas tributaban bajo un tipo nominal regulado por Normas Forales democráticamente aprobadas en las Juntas Generales, sometidas a una presión fiscal real equiparable a la media comunitaria y auditadas por cuerpos de inspección tributaria de altísima cualificación técnica.
La acusación de dumping fiscal era una falacia insostenible diseñada para distraer la atención sobre el verdadero lavado de dinero que transitaba por el centro de Europa.
—La agresión que ha sufrido Euskadi no ha sido una discrepancia técnica entre administraciones tributarias —continuó Ainara, mirando fijamente a los diputados de las distintas bancadas—.
Ha sido una operación de guerra jurídica y financiera diseñada para destruir la soberanía económica de un pueblo que decidió sufragar con su propio esfuerzo sus servicios esenciales.
Quienes promovieron esta infamia desde rascacielos en Mayfair y Ginebra pensaban que las instituciones vascas se plegarían ante el miedo al descrédito internacional.
Se equivocaron de raíz: ignoraron que la foralidad no es un privilegio gracioso otorgado por una corte lejana, sino un pacto histórico fundado en la responsabilidad ineludible de recaudar y gastar con transparencia absoluta.
El silencio en la cámara era sobrecogedor.
Diputados de todas las ideologías escuchaban la disección jurídica sin interrumpir, conscientes de la magnitud de la tragedia que se había evitado.
Ainara detalló la intervención coordinada con Eurojust, la incautación de más de mil quinientos millones de euros en activos fiduciarios en Suiza, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, y la anulación retroactiva del expediente disciplinario que la Comisión Europea había impuesto arbitrariamente sobre Mathieu Etcheverry.
La Diputada Foral de Hacienda de Álava intervino brevemente desde la bancada del Gobierno para explicar el mecanismo de solidaridad horizontal articulado mediante la Ley de Aportaciones de la Comunidad Autónoma.
Detalló cómo los tres territorios equilibraban sus diferencias recaudatorias a través del Fondo General de Ajuste sin requerir auxilios financieros del Estado, lo que confería al sistema vasco una disciplina fiscal única en el continente.
Sus palabras complementaron la exposición de la fiscal, demostrando que la solidez técnica del Concierto era la mejor armadura frente a cualquier campaña de desinformación mediática financiada desde el extranjero.
Varios portavoces parlamentarios de diferentes formaciones políticas tomaron la palabra por alusiones para formular preguntas breves desde sus escaños.
El portavoz del grupo mayoritario de la oposición, tradicionalmente crítico con la gestión del Ejecutivo foral, reconoció con hidalguía que el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción había evitado una fractura institucional de consecuencias incalculables para la economía productiva de todo el norte peninsular.
El representante de la bancada soberanista destacó que la actuación coordinada entre las dos orillas de la muga había demostrado que la identidad vasca superaba las fronteras administrativas impuestas por los tratados del siglo XVII.
Ainara escuchó las intervenciones con compostura hierática, respondiendo con datos jurídicos precisos y recordando que la salvaguarda de la foralidad exigía una vigilancia ética permanente que no admitía complacencias partidarias.