LAS LEYES DE DESMEMORIA
Resulta curioso contemplar cómo dos leyes que se hacen llamar «de memoria» terminan olvidando una misma parte de la historia.
Cuando ambas son promulgadas, sancionadas y aprobadas por los de siempre, cuando ambas terminan olvidando el mismo lado de la historia, la casualidad pasa a convertirse en causalidad.
Veníamos advirtiendo desde el inicio de este libro el peligro que conlleva legislar sobre la historia; convertir una parte de nuestro pasado en el único recuerdo jurídicamente válido de nuestro presente.
Pues bien, el Valle de los Caídos es uno de los grandes damnificados por estas leyes ideológicas de una sola parte.
Primero, con la Ley de [des]Memoria Histórica del 2007; después con la Ley de [des]Memoria Democrática del 2022.
Ambas son la continuación de una misma idea: solo aquello que no se recuerda puede dejar de existir.
La ingeniería social que se ha pretendido elevar a la categoría de verdad indiscutible en la España del siglo XXI encuentra su máxima expresión en la edificación de un andamiaje jurídico escudado en el eufemismo de la «recuperación de la memoria».
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, supuso el primer dardo envenenado contra el rigor histórico ya en su artículo 1.
En él se dejaba entrever su sesgada naturaleza al declarar que su objeto era el «reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura».
Parece que esta ley «de memoria» se olvida «de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Segunda República».
No hay mejor forma de constatar aquella idea que se venía anunciando hace ya unas cuantas páginas: los muertos del siglo XX solo importan cuando los asesinos no fueron los republicanos.
El objetivo de esta norma no es democrático, ni mucho menos histórico.
Es una ley puramente ideológica encargada de reducir la complejidad de una guerra civil fratricida a un cuento de buenos y malos, donde los mártires de la tradición republicana, los 7000 curas y monjas asesinados por el terror rojo,
las víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama o los disidentes ajusticiados por los verdugos de las checas, no tienen cabida en el nuevo santoral laicista impuesto por el Boletín Oficial del Estado.
Desde la aprobación de esta ley durante el mandato de Zapatero, el Valle de los Caídos se convirtió en el objetivo público número uno de una clase política que ha demostrado estar dispuesta a profanar tumbas y propagar mentiras con tal de consolidar su relato.
Fue en 2009 ―dos años después de la aprobación de esta ley― cuando, bajo la batuta de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, se procedió al cierre de la Basílica de la Santa Cruz, impidiendo el acceso a los fieles con el pretexto de restaurar la Piedad de Juan de Ávalos.
Sí, la misma que construyó un afiliado del PSOE; sí, exactamente el mismo PSOE que ahora quiere retirarla.
Este movimiento no fue sino el preludio de una deliberada asfixia.
La manipulación histórica alcanza cotas de farsa cuando la ley, en su artículo 15, ordena la retirada de «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación»,
pero silencia convenientemente que en las criptas del Valle yacen miles de combatientes republicanos cuyos restos fueron trasladados allí para que reposaran bajo el mismo símbolo que sus adversarios.
La culminación de este proceso de demolición histórica y física ha llegado con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, una norma que eleva el sesgo a la categoría de dogma de Estado y que ataca la línea de flotación del Valle de los Caídos con una precisión quirúrgica que raya en
la prevaricación intelectual.
El artículo 54 de la nueva ley deja muy clara sus intenciones cuando plantea cambiar el nombre del Valle de los Caídos por «Valle de Cuelgamuros».
La sustitución del nombre no supone un hecho anecdótico, estrictamente formalista o meramente terminológico.
Obviar que este es el «Valle de los Caídos», es olvidar que se inauguró para conmemorar la vida de todos los caídos en la Guerra Civil bajo el amparo del perdón evangélico.
Si, por el contrario, este osario hubiera sido concebido para honrar la memoria exclusivamente de los caídos del bando nacional, recibiría el nombre del «Valle de los Caídos por Dios y por la Patria», que era la forma en que los nacionales enterraban a sus muertos.
Nunca se llamó así porque nunca fue esa su intención.
La nueva ley de memoria se olvida también de contarnos de dónde procede el nuevo nombre oficial que se le ha otorgado al Valle.
¿No se lo ha preguntado nunca? ¿Por qué han elegido «Valle de Cuelgamuros» pudiendo elegir, por ejemplo, «El Democrático Valle de la Democrática Memoria de la Sacrosanta Democracia»?
La nueva rúbrica tiene su origen en el nombre de las tierras en las que se encuentra hoy el Valle, la finca del Pinar de Cuelgamuros.
La finca era propiedad proindiviso de los tres hermanos Padierna de Villapadierna.
Los titulares eran Felipe, quien ostentaba el título de II conde de Villapadierna; Manuel, marqués de Padierna, y Gabriel, marqués de Muñiz.
Felipe Padierna falleció en 1928. Los dos últimos fueron asesinados por los republicanos en los fusilamientos de Paracuellos del Jarama durante las sacas ocurridas en 1936.
La tragedia alcanzó igualmente a su sobrina, María Padierna de Villapadierna y Avecilla.
María fue arrestada en su vivienda de la calle O’Donnell en Madrid al intentar obstaculizar la detención de sus dos ancianos tíos, decisión que la llevaría a compartir con ellos su destino final.
Respecto al marqués de Muñiz, sufrió dos arrestos por parte de las milicias, siendo recluido en ambas ocasiones en la siniestra checa de Fomento antes de su ejecución.
Previo al desenlace fatal, sus captores le dieron traslado hasta El Escorial con el objetivo de obligarle a ceder la titularidad de la finca de Cuelgamuros, exigiéndole además la entrega de 250.000 pesetas que supuestamente se destinarían a la explotación del terreno.
Este procedimiento de expolio y robo previo al asesinato fue una práctica recurrente contra diversos miembros de la nobleza y grandes propietarios de la época.
Finalmente, el prolongado sufrimiento de la familia concluyó el 10 de noviembre de 1936, fecha en la que el marqués fue fusilado junto a su hermana y su sobrina.
Es decir, los propietarios de la finca donde se encuentra el Valle de los Caídos fueron víctimas de los republicanos.
Pero claro, estas víctimas no importan; pese a haber bautizado el Valle con el nombre de la finca, la memoria de sus antiguos propietarios es menos importante ―a ojos de la ley― que reconocer los desastres de Paracuellos del Jarama o del Gobierno frentepopular-chequista.
El atentado histórico y patrimonial de las dos leyes de desmemoria no acaba aquí.
El asedio jurídico al Valle comenzó a materializarse bajo el paraguas de esa primera mal llamada Ley de Memoria Histórica y terminó afectando de manera directa a la gestión de Patrimonio Nacional, el órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia encargado de su tutela.
Desde entonces, se ha producido una intensa pugna entre Patrimonio Nacional y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
La fundación, creada a través del Decreto-Ley del 23 de agosto de 1957, fue la encargada de establecer los fines y objetivos a perseguir con respecto al mantenimiento y el cuidado del Valle.
Sin embargo, es muy frecuente confundir la fundación con la Abadía, puesto que, pese a ser la primera la que fija los objetivos, es la segunda la que se encarga de llevarlos a cabo.
Es decir, se le encomienda a la Abadía y, en concreto, a los monjes benedictinos, la realización de las labores de mantenimiento y conservación que fija la fundación.
Esto ha llevado a que en muchas ocasiones se haya llegado a negar la existencia de la propia fundación con la intención de que fuera Patrimonio Nacional el que recaudara los ingresos millonarios que sigue generando el Valle de los Caídos.
Sin embargo, la entrada en vigor de la reciente Ley de Memoria Democrática ha generado una verdadera paradoja burocrática: el artículo 54 de la ley, en su quinto apartado, dice textualmente que «se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos,
por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales».
Lo primero que resulta llamativo es que consideren incompatible con los valores constitucionales a una fundación, pero no a la Segunda República.
Lo segundo que resulta llamativo es que la ley pretenda cerrar una fundación cuya existencia ha sido negada.
Esta es la paradoja: si el Gobierno reconoce la existencia de la fundación desde 1957, tendrá que justificar qué ha hecho Patrimonio Nacional con el dinero que ha recaudado del Valle durante las últimas décadas.
Si el Gobierno no reconoce la existencia de la fundación, entonces tendrá que explicar cómo se puede suspender la actividad de algo que no existe.
La farsa se torna sátira cuando se analiza el proyecto de «resignificación», aprobado mediante acuerdos del Consejo de Ministros y desarrollado por una comisión de «expertos» cuya imparcialidad brilla por su ausencia.
El ganador del concurso de ideas para llevar a cabo este proceso de insignificación ―más que de resignificación― es el proyecto titulado «La base y la cruz».
Entre otras cosas, propone eliminar la escalinata de la explanada principal que da acceso a la Basílica para construir un soportal que aguarde en su interior lo que el Gobierno ha llamado un «centro de interpretación».
Fíjese que, a la espera de que el proyecto se materialice, me atrevo a dejar por escrito que, si esa suerte de «museo de la propaganda» llega a ver la luz, no hablará sobre Cabra, ni mencionará las checas, ni narrará el golpe de Estado del PSOE en octubre de 1934,
ni las antidemocráticas citas de Largo Caballero, ni la ocasión desperdiciada del PSOE para evitar la Guerra Civil.
Tampoco se mencionarán las investigaciones de Álvarez Tardío y Villa García sobre el fraude electoral de febrero de 1936, ni las de Alberto Bárcena en relación con la realidad de la construcción del Valle de los Caídos.
La memoria democrática de la que se vanagloria el Gobierno ni es memoria, ni es democrática.
No es este el único cambio que se pretende introducir con la aprobación del proyecto.
Como decía, el PSOE quiere retirar la monumental estatua de la Piedad que esculpió un afiliado de su partido, Juan de Ávalos.
Esto traspasa los ya de por sí deleznables límites de manchar la historia legislando sobre ella.
Supone un ataque directo a la cristiandad y no dejará de serlo por mucho que cuente con la autorización del arzobispo de Madrid.
Es solo otra demostración que prueba que la historia que nos ha llegado no es más que el resultado del odio de muchos y la cobardía de otros tantos.
Para las obras, que están previstas para 2027, no han escatimado en gastos.
Se prevé un presupuesto de veintiséis millones de euros para acabar de perpetrar este atentado histórico, cultural y patrimonial contra el Valle de los Caídos.
La manipulación es tan grosera que incluso la técnica legislativa empleada en la ley de 2022 es extremadamente similar a la famosa Ley de Defensa de la República de 1931.
La ley del Gobierno de Sánchez persigue ya desde el preámbulo de la norma «la exaltación de la sublevación militar».
La ley del Gobierno de Azaña prohibía y condenaba en el apartado VI de su artículo 1 «la apología del régimen monárquico».
Ambas emplean conceptos jurídicos indeterminados que sellan un presupuesto de hecho para establecer una condena sin concretar qué abarca la conducta punible.
Se prohíbe la exaltación de la sublevación militar, pero se nos dice qué actos son susceptibles de ser calificados como tal.
Del mismo modo, el Gobierno de Azaña impidió la apología al régimen monárquico sin especificar qué actos podrían dar lugar a tal prohibición.
Así consiguió terminar censurando al ABC por el hecho de que su director acudiera a una reunión.
En ambas leyes se ponen sobre el papel las conductas a perseguir sin aclarar en qué consisten.
De esta forma lo que se consigue es que los actos punibles queden sujetos a la más absoluta arbitrariedad del intérprete de la norma.
Este asalto jurídico no solo ha dañado la piedra, sino que ha herido de muerte la seguridad jurídica en España.
Al dictar leyes que interpretan el pasado con efectos sancionadores en el presente, el legislador se ha arrogado el papel de «Sumo Pontífice de la Verdad».
El daño al Valle de los Caídos es irreparable en términos de prestigio internacional, pues se ha proyectado la imagen de un país incapaz de convivir con su propio patrimonio si este no ha sido previamente lavado por el barniz de la corrección política.
La ley de 2022 es el testamento de un Gobierno que prefiere la confrontación de los huesos a la paz de los vivos.
Es, en definitiva, la institucionalización de la mentira mediante el uso abusivo de la norma, un proceso donde el dinero del contribuyente se quema en el altar de la ideología mientras se deja que la lluvia y el viento terminen el trabajo de demolición que los políticos no se atreven a ejecutar con
dinamita.
El Valle de los Caídos está para que nos acordemos de Federico García Lorca y de Miguel Hernández.
Pero también de José Antonio, Ramiro de Maeztu, Pedro Muñoz Seca, Onésimo Redondo o Ramiro Ledesma Ramos.
El Valle de los Caídos nos recuerda Guernica y Cabra al mismo tiempo; no como las mentiras que sobre ellas se han dicho, sino como un pasado inamovible de nuestra historia.
El Valle de los Caídos lo es por todos los que cayeron en la guerra fratricida.
Es el perdón evangélico que se opone al rencor.
Es el puente que se eleva sobre un profundísimo mar de sangre para procurar la unión donde antes solo hubo fractura.
Es el recuerdo del dolor que, directa o indirectamente, vivieron nuestros antepasados.
Atentar contra él no es un ataque al patrimonio, es el suicidio de la memoria.
Por todos los caídos de la Guerra Civil, por profesar la unión por encima del resquemor, por todo ello y por todos ellos, me permitirá proclamarlo abiertamente: ¡el Valle no se toca!
* * *
110
Decreto-Ley del 23 de agosto de 1957, Boletín Oficial del Estado (BOE).
111
Mis conversaciones privadas con Franco, Francisco Franco Salgado-Araujo, 1976.
112
«Conversaciones íntimas con… Juan de Ávalos», El Mundo Magazine, 2001.
113
«Entrevista a Juan de Ávalos (hijo de escultor)», diario El Debate, 13 de noviembre de 2025.
114
Los presos del Valle de los Caídos, Alberto Bárcena, 2015.