CAPÍTULO 20 — La frontera que arde #2

El viento sopló con mayor violencia sobre la cresta de Jaizkibel, haciendo balancear la carrocería del vehículo sobre sus amortiguadores.

El termómetro del cuadro de mandos marcaba cuatro grados centígrados.

La lluvia se convirtió por momentos en aguanieve fina que repiqueteaba contra el techo de chapa con la cadencia de una metralla diminuta.

—¿Comprendes lo que significa ese servidor, Ainara?

—continuó Mathieu, señalando con la mano abierta la línea de costa francesa que se perdía en la bruma—.

En ese disco duro no sólo están los balances maquillados de Vandamme Metals o las transferencias de comisiones hacia las cuentas fiduciarias de Dubái.

Están los correos electrónicos cruzados entre la jefa de unidad de la Dirección General de Competencia y los directores de los conglomerados siderúrgicos alemanes del Ruhr.

Está la prueba documental de cómo redactaron el pliego de cargos contra el Concierto Económico meses antes de que se produjera el primer impago en Eskoriatza.

Si conseguimos ese archivo y lo volcamos en sede judicial antes de que Madrid precinte la causa, el expediente de Bruselas se convertirá en el mayor escándalo de corrupción institucional de la Unión Europea.

—Lo sé —susurró Ainara, apretando los nudillos sobre el volante—.

Pero también sé cómo opera la maquinaria del Estado cuando siente amenazados sus pactos no escritos.

Mi padre me enseñó que las leyes están escritas para proteger a las personas honestas sólo mientras no molesten a los balances de los grandes bancos.

Cuando su taller en Durango entró en barrena por culpa de los pagarés inflados de las contratas del AVE, fue a los juzgados de Bilbao con una carpeta llena de albaranes falsificados.

El juez instructor le dijo que eran discrepancias mercantiles menores y que debía esperar al concurso de acreedores.

Seis meses después, el taller estaba precintado y él no pudo soportar la vergüenza de mirar a los ojos a los tres oficiales que llevaban treinta años a su lado.

Mathieu alargó la mano y rozó con la punta de los dedos el dorso de la mano de la fiscal. El gesto fue breve, pero encerraba toda la comprensión del dolor compartido:

—Tu padre no murió en vano, Ainara. Ni tampoco Xabier Beloki en el crisol de Eskoriatza.

Si estamos aquí, en lo alto de esta montaña con el temporal azotándonos la cara, es porque decidimos que sus muertes no iban a ser una estadística olvidada en un legajo del archivo judicial.

Ese servidor de Bayona es la única absolución posible para su memoria.

Pero para alcanzarlo tendremos que dejar de ser los guardianes obedientes de la ley y convertirnos en fugitivos de dos Estados.

♦ ♦ ♦

A las siete y cuarenta y dos minutos, el teléfono móvil seguro de Ainara Zubiaga, conectado a la red cerrada de comunicaciones judiciales de la administración de justicia del País Vasco, comenzó a vibrar con una insistencia frenética sobre la consola central del salpicadero.

La pantalla digital mostraba un número de cabecera institucional encriptado: la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz.

Ainara descolgó y activó el manos libres del sistema de audio del vehículo.

—Fiscal Zubiaga al habla.

La voz que surgió de los altavoces no pertenecía a un funcionario intermedio ni a un asistente de protocolo.

Era la voz ronca, acelerada y tensa de Iñaki Mendieta, el viceconsejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno Vasco, quien hablaba desde un despacho cerrado en el complejo institucional de Lakua:

—Ainara, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo y esta línea puede ser monitorizada en cualquier momento por el Ministerio de Asuntos Exteriores —comenzó Mendieta sin mediar fórmula de cortesía alguna—.

Hace exactamente doce minutos, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas ha recibido una notificación formal de la Dirección General de Competencia.

La comisaria Patricia Hagen ha firmado de su puño y letra la incoación de un expediente formal de infracción contra el Reino de España y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa bajo el régimen de control de ayudas estatales contemplado en los artículos 107 y 108 del tratado fundacional europeo (TFUE).

Ainara apretó la mandíbula. Su mirada se cruzó con la de Mathieu en la penumbra del coche:

—¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del pliego de cargos, viceconsejero?

—La perversión técnica es absoluta —respondió Mendieta con un tono en el que la indignación se mezclaba con una impotencia amarga—.

Acusan a las tres haciendas forales de conceder ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior mediante la aplicación selectiva del Concierto Económico.

Sostienen que el tipo nominal bonificado en el Impuesto sobre Sociedades aplicado a las cooperativas industriales del Grupo Mondragón, sumado a las deducciones por inversión en activos fijos y a las garantías públicas instrumentadas a través del Instituto Vasco de Finanzas para la refinanciación de pagarés en Fagor Ederlan, constituye un subsidio público ilegal que distorsiona la libre competencia frente a los fabricantes de fundición pesada de Alemania, Francia y Polonia.

—Eso es una falacia jurídica desmontada hace veinte años por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto de las vacaciones fiscales vascas —intervino Mathieu con voz firme, inclinándose hacia el micrófono del salpicadero—.

La jurisprudencia comunitaria de 2008, en los asuntos acumulados de la Unión General de Trabajadores de La Rioja contra las Juntas Generales forales, sentó una doctrina inconmovible: la foralidad fiscal vasca posee autonomía institucional, procedimental y económica sustantiva.

Las instituciones de los tres territorios históricos tienen competencia constitucional y estatutaria originaria para fijar tipos tributarios y desgravaciones a la reinversión de beneficios en el tejido cooperativo.

Si una norma foral se aplica con carácter general y abstracto a todas las cooperativas de un territorio sin discrecionalidad administrativa del poder ejecutivo, no concurre el requisito de selectividad material del artículo ciento siete, apartado primero. No hay ayuda de Estado.

Al otro lado de la línea, Mendieta dejó escapar una risa breve y desprovista de humor:

—El señor Etcheverry conoce la doctrina jurídica con admirable precisión, pero Hagen no está librando un debate doctrinal en Luxemburgo; está ejecutando una liquidación sumaria en los mercados financieros.

La Dirección General de Competencia ha retorcido los hechos utilizando un informe técnico anónimo, elaborado con la asistencia encubierta de los servicios federales alemanes, donde alegan que la inyección de liquidez de urgencia autorizada por el Gobierno Vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas vulnera el principio del inversor privado en una economía de mercado.

Dicen que ningún inversor racional habría garantizado la compra de pagarés en una fundición cuyos suministros estaban saboteados.

Sostienen que el rescate de Fagor Ederlan es un salvavidas encubierto con dinero público de la hacienda foral para evitar la quiebra de Laboral Kutxa.

—El rescate lo ha ejecutado el Fondo de Solidaridad de Mondragón con fondos cooperativos privados procedentes del retorno cooperativo de sus socios —puntualizó Ainara, con voz cortante como el cristal—.

Las aportaciones públicas fueron meras líneas de crédito avaladas con activos inmobiliarios y maquinaria pesada valorada a precio de mercado.

—Lo sabemos, Ainara, pero el pliego de cargos de Hagen no se limita a abrir un periodo ordinario de alegaciones —continuó Mendieta, cuya respiración se volvía más agitada—.

Amparándose en las facultades cautelares del Reglamento 2015/1589 sobre el procedimiento de ayudas de Estado, la Dirección General de Competencia ha dictado una orden de recuperación inmediata contra el Reino de España.

Exigen cautelarmente la devolución de trescientos catorce millones de euros supuestamente concedidos en ventajas fiscales indebidas a las cooperativas del valle del Deba durante los últimos cinco ejercicios fiscales.

Y lo que es infinitamente más letal para nuestra economía: han filtrado el borrador confidencial de la decisión a las redacciones del Financial Times , de Bloomberg y del Frankfurter Allgemeine Zeitung .

—Una filtración sincronizada para detonar el pánico financiero antes del fin de semana —concluyó Ainara, sintiendo cómo una frialdad matemática se apoderaba de su pensamiento—.

Querían que la noticia saliera al cierre de las bolsas para que los mercados digieran el golpe durante el sábado y el domingo sin capacidad de respuesta institucional.

—Exactamente —confirmó el viceconsejero desde su despacho de Lakua—.

A las ocho de la tarde, las agencias de calificación crediticia Moody's y Standard & Poor's van a colocar la deuda pública foral y las emisiones corporativas de Mondragón en perspectiva negativa de vigilancia especial.

En la bolsa de Fráncfort ya se da por seguro que las líneas de descuento comercial en el mercado alternativo de renta fija MARF quedarán paralizadas el lunes a primera hora.

Los bancos internacionales cerrarán los grifos de liquidez a corto plazo.

Si las cooperativas auxiliares no pueden descontar sus pagarés para pagar las nóminas y las compras de chatarra, doce mil empleos industriales en Gipuzkoa y Bizkaia se asomarán al abismo de la suspensión de pagos en menos de dos semanas.

—¿Y cuál ha sido la reacción del Ministerio de Hacienda en Madrid? —preguntó Ainara.

Mendieta guardó un prolongado silencio antes de responder en voz muy baja, como si temiera ser escuchado en el propio edificio gubernamental: