CAPÍTULO 3 — El cable de Bruselas #3

La séptima planta del edificio Joseph II albergaba la planta noble de la Dirección General de la OLAF, un espacio de arquitectura sobria y techos altos donde la moqueta de lana gris amortiguaba cualquier sonido de pasos y las paredes estaban revestidas con paneles de madera de fresno claro y litografías numeradas del patrimonio cultural europeo.

A través de los ventanales panorámicos orientados hacia el suroeste se divisaban las agujas góticas del centro histórico de Bruselas y la mole geométrica del Palacio de Justicia de Poelaert, recortadas contra un cielo de nubes bajas que descargaban una llovizna plomiza sobre los bulevares de circunvalación.

Bernard Marchand, Director General de la OLAF, ocupaba un despacho esquinero de setenta metros cuadrados presidido por una mesa de nogal macizo sin un solo papel fuera de su bandeja correspondiente.

A sus cincuenta y ocho años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, un traje de corte impecable confeccionado por un sastre de Savile Row y un aroma discreto a vetiver y colonia inglesa, Marchand encarnaba el arquetipo del alto funcionario comunitario educado en las aulas de la Universidad Católica de Lovaina y fogueado durante tres décadas en las salas de negociación diplomática del Consejo Europeo.

Era un hombre que medía las palabras con la precisión de un orfebre y que consideraba que el peor pecado que podía cometer un inspector antifraude no era equivocarse en un cálculo contable, sino provocar un conflicto institucional imprevisto entre los Estados miembros.

Marchand terminó de revisar las cuartillas impresas que Mathieu había depositado sobre su escritorio, las alineó meticulosamente contra el secante de cuero verde y juntó las yemas de los dedos, mirándolo a través de sus gafas de lectura sin montura.

—Es una construcción analítica brillante, Mathieu —dijo con esa voz modulada, tibia y pausada que empleaba en los comités parlamentarios para desactivar preguntas incómodas—.

Rigurosa, documentada y extraordinariamente detallada en lo que respecta a la mecánica de compensación en Euroclear y la arquitectura de sociedades pantalla en Luxemburgo.

No esperaba menos de ti ni de la unidad de delitos financieros.

Mathieu, sentado en el sillón de cuero negro frente a la mesa de nogal, no se movió ni un milímetro. Mantuvo la espalda recta y la mirada fija en los ojos del Director General.

—Si el informe es impecable, Bernard, espero la firma digital inmediata de la orden de comisión de servicio y la activación del protocolo de auxilio judicial con la Fiscalía de Delitos Económicos del País Vasco.

Marchand exhaló un suspiro imperceptible y dejó sus gafas sobre el expediente.

—Sabes perfectamente que las cosas no funcionan así en esta casa, Mathieu.

La OLAF es un organismo administrativo de investigación, no una fiscalía federal con competencias coercitivas sobre el derecho mercantil privado.

Lo que me traes aquí es una disputa de mercado secundario de deuda corporativa entre un fondo de inversión alternativa luxemburgués y una cooperativa industrial española.

Que las tácticas de Atalante Capital sean agresivas o moralmente cuestionables no las convierte automáticamente en un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La compra de pagarés con descuento es una práctica cotidiana en los mercados de renta fija de Londres, Fráncfort y Madrid.

Si la Comisión empezara a intervenir judicialmente cada vez que un fondo buitre adquiere títulos de deuda de una empresa en dificultades, paralizaríamos la libre circulación de capitales en el mercado interior.

Mathieu apoyó las palmas de las manos sobre la mesa de nogal, inclinando el torso hacia adelante. La tensión contenida en sus músculos era tan palpable que Marchand desvió la mirada un instante hacia el teléfono de su secretaría.

—No me hables de libre circulación de capitales, Bernard —dijo Mathieu con una frialdad cortante que hizo descender la temperatura del despacho—.

Sabes de sobra que esto no es una disputa mercantil ordinaria sobre márgenes de intermediación de pagarés.

Esos cuarenta y cinco millones de euros que inyectaron el viernes en Luxemburgo no provienen de inversores privados; provienen de las cuentas fiduciarias de Viktor Sorokin en Dubái.

Dinero obtenido mediante el saqueo de empresas públicas y el contrabando de materias primas estratégicas en violación flagrante de los regímenes de sanciones comunitarias.

Y ese dinero no se ha utilizado para especular con bonos; se ha utilizado para coordinar el asesinato de un ingeniero jefe en Eskoriatza y forzar la quiebra inducida de la mayor cooperativa industrial del continente.

Marchand tomó un vaso de cristal tallado de su bandeja, se sirvió un dedo de agua mineral con gas y bebió un sorbo antes de contestar, midiendo el impacto de cada sílaba.

—Las sospechas sobre Viktor Sorokin no constituyen una prueba admisible en sala de vistas mientras sus abogados mantengan las medidas cautelares en los tribunales de Chipre y Luxemburgo, Mathieu.

Y lo sabes mejor que nadie. Pero hay algo más que debes comprender antes de dar un solo paso en falso: el contexto político de este asunto es de una extrema vulnerabilidad.

Mathieu enarcó una ceja con ironía amarga.

—¿El contexto político? ¿Desde cuándo la persecución de un asesinato y de un fraude transfronterizo de ciento ochenta millones se subordina al contexto político, Director?

Marchand apoyó el vaso con un chasquido sordo sobre la madera.

—Desde el momento en que las instituciones que están en juego no son una fábrica cualquiera de tornillos, sino el entramado cooperativo de Mondragón y el equilibrio fiscal del País Vasco.

Ayer por la tarde recibí una llamada informal desde el gabinete del Comisario de Competencia, y esta mañana, a primera hora, el consejero de Asuntos Económicos de la Representación Permanente de España en Bruselas ha solicitado una reunión de urgencia.

En Madrid se está negociando en este momento la renovación quinquenal de la Ley del Cupo y el ajuste de la Comisión Mixta del Concierto Económico foral, bajo la Ley 12/2002 y el índice inmutable del seis coma veinticuatro por ciento.

Los sectores más centralistas de la administración tributaria estatal en la calle Alcalá y ciertos grupos de presión en la Dirección General de Competencia llevan meses buscando argumentos técnicos para demostrar que el régimen fiscal foral vasco y los Fondos de Reserva Obligatorios de las cooperativas constituyen una ayuda de Estado encubierta incompatible con los artículos ciento siete y ciento ocho del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Consideran que la solvencia cooperativa es un artificio que distorsiona la competencia comunitaria frente a los grandes grupos de automoción alemanes y franceses.

Marchand se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes de la planta noble tuvieran micrófonos ocultos.

—Si la OLAF aterriza en el valle del Deba abriendo una investigación ruidosa sobre la insolvencia de Fagor Ederlan y la vulnerabilidad de sus pagarés, lo que provocaremos no será la detención de Sylvain Deschamps; provocaremos un pánico financiero sobre los depósitos de Laboral Kutxa, la caída del valor de la deuda cooperativa en toda España y el descarrilamiento de las negociaciones políticas del Concierto en Madrid.

Y la Comisión Europea no va a tolerar que un funcionario de esta casa prenda una cerilla en mitad de un polvorín diplomático.

Mathieu contempló el rostro impecablemente afeitado de Marchand. En sus pupilas grises no había sorpresa, sino la confirmación amarga de una sospecha que venía acumulando desde que vio saltar la alerta de Europol en su despacho: la cobardía burocrática elevada a categoría de doctrina de Estado.

—¿Así que esa es la consigna, Bernard? —preguntó con voz baja, pausada y letal—.

¿Mirar hacia otro lado mientras los sicarios de Sorokin queman vivos a ingenieros en hornos de fundición y roban patentes de aviación de hidrógeno, todo para que los gabinetes ministeriales de Madrid y los comités de Bruselas puedan firmar sus pactos presupuestarios sin que nadie les arruine la foto oficial?

Marchand frunció el ceño, y por primera vez un destello de irritación genuina quebró su compostura diplomática.

—Te exijo respeto a las directrices de esta Dirección General, inspector Etcheverry.

Mi deber es proteger la integridad de esta institución y la estabilidad económica de la Unión.

Si te ordeno cautela y discreción, es porque no voy a permitir que utilices los recursos de la OLAF para librar una cruzada personal contra los fantasmas de Zeebrugge.

La mención de Zeebrugge cayó entre ambos hombres como un tajo de cuchilla.

Mathieu no parpadeó. No alzó la voz. Se levantó despacio de su asiento, extrajo de su cartera de cuero un documento timbrado y lo colocó con firmeza sobre el escritorio de Marchand, justo encima del folleto de emisión del MARF.

—No se trata de mis fantasmas, Director General —dijo con esa entonación precisa y demoledora que aprendió en los estrados judiciales de Burdeos—. Se trata del cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico europeo.

Mathieu señaló con el índice el encabezado del documento: