Capítulo 17 Epílogo
Pasaron los días. Luego, las semanas.
Montse continuó con su día a día. El trabajo, los trayectos, las horas largas. Sin sobresaltos aparentes. Sin cambios visibles. Como si nada hubiera pasado.
Hasta que recibió un mensaje de un número que conocía bien.
«Prende en el noticiero del canal 4».
Sintió un leve nudo en el estómago. Tomó el control remoto, encendió el televisor y subió el volumen.
El noticiero ya estaba en marcha y vio a una presentadora del noticiero narrando:
Una investigación federal ha revelado que insumos utilizados durante años en investigaciones criminales podrían haber estado contaminados desde su origen.
La imagen cambió a un cintillo amarillo con la leyenda de «Prohibido el paso».
«Fueron detenidos cuatro implicados en la compra y distribución de hisopos de uso forenses contaminados, materiales utilizados para la recolección de ADN en escenas del crimen y procesos de identificación humana.
Los propietarios de LATAM Laboratory Supply Group son acusados de reempaquetar material forense contaminado sin control de calidad ni verificación de origen».
Las imágenes mostraban oficinas aseguradas, documentos incautados, comunicados oficiales.
«De acuerdo con las autoridades, dos funcionarios públicos de la Ciudad Federal se encuentran bajo investigación por autorizar adquisiciones de estos insumos sin cumplir los protocolos mínimos de validación.
La afectación a las investigaciones ha sido tal, que la indagatoria se ha extendido a fiscalías de todo el país, al detectarse compras similares entre los años de 2018 y 2020».
Montse permanecía inmóvil.
«Las consecuencias podrían ser devastadoras —continuó la voz del reportero—. Las fiscalías estatales enfrentan un colapso operativo, ya que deberán reexaminar cientos de carpetas de investigación donde estos hisopos fueron utilizados.
Cientos de personas detenidas y sentenciadas podrían ser exoneradas, mientras que familias de víctimas exigen nuevas pruebas tras años de haber recibido resultados ahora considerados erróneos».
La pantalla cambió.
«La crisis de personas desaparecidas alcanza niveles inéditos —informó la presentadora—, al detectarse posibles errores en procesos de identificación humana realizados con estos insumos».
Las imágenes mostraron panteones forenses, fotografías borrosas de expedientes, listas de nombres sin rostro.
«Autoridades reconocen que algunas identificaciones podrían haber sido incorrectas, lo que obliga a revisar procesos de entrega de restos y notificaciones a familias».
El noticiero no se detuvo ahí.
La transmisión dio paso a un panel de especialistas.
Analistas en seguridad, legisladores, especialistas forenses y representantes de colectivos de búsqueda ocuparon la pantalla. La lista de consecuencias comenzó a desplegarse una tras otra, como un inventario de deudas acumuladas durante décadas.
«No estamos ante un error técnico aislado —dijo uno de los analistas—. Estamos ante un problema estructural del sistema de justicia».
Por primera vez, los reflectores se dirigieron hacia los servicios periciales. No como un apéndice administrativo, sino como el núcleo del sistema de justicia.
«Se activaron protocolos de emergencia legislativa».
La frase apareció en pantalla, acompañada de imágenes del Senado.
«El Senado anunció una reforma integral para dignificar las ciencias forenses y reconocerlas como una pieza central del Estado».
El reportero continuó, mientras las imágenes mostraban sesiones plenarias, documentos oficiales y comparecencias públicas.
«Uno de los cambios más relevantes será la autonomía técnica y operativa de los Servicios Periciales, que dejarán de depender administrativamente de otras áreas para convertirse en órganos con responsabilidad directa sobre sus procesos, decisiones y recursos».
La creación de la Ley General de Servicios Periciales, la primera en su tipo en el país.
La implementación de registros nacionales unificados, obligatorios y auditables.
La certificación y recertificación periódica como requisito legal para el ejercicio pericial.
La expedición de una Ley General de Cadena de Custodia, con el propósito de dotarla de carácter vinculante, uniforme y aplicable en todo el territorio nacional, dejando de ser solo una guía para convertirse en un instrumento tangible y operativo.
La creación de una Ley de Supervisión de Actuaciones Periciales, orientada a fortalecer los mecanismos de control, evaluación y responsabilidad en el desempeño pericial.
«Se impulsa una profesionalización real».
Las plazas periciales exigirán formación comprobable.
Los nombramientos por compadrazgo serían sancionados.
Las certificaciones simuladas, tipificadas como delitos graves.
«Se discute una reforma salarial histórica».
Por primera vez, se hablaba de sueldos dignos para los peritos, equiparables a otras áreas críticas del Estado.
Se reconocía una verdad incómoda: nadie puede exigir excelencia cuando se trabaja en precariedad.
«Autonomía también en la adquisición de insumos».
Los Servicios Periciales serán responsables directos de la compra, validación y control de los materiales que utilizan, reduciendo intermediarios y disminuyendo la burocracia administrativa que, pese a existir, no evitó compras irregulares.
«La investigación reveló que la burocracia no fue un filtro de seguridad, sino una cadena opaca que permitió la adquisición de insumos defectuosos sin control técnico».
«Nueva normatividad técnica».
Los laboratorios del país deberán alinearse, sin excepciones, a normas internacionales ISO forenses y a nuevas Normas Oficiales Mexicanas específicas para criminalística, genética e identificación humana.
Se anunció financiamiento federal para:
reacreditar laboratorios,
modernizar equipos obsoletos,
crear unidades internas de control de calidad,
establecer verificaciones externas obligatorias.
«Solvencia de personal como requisito legal».
Un solo perito con múltiples funciones dejó de ser una costumbre tolerada para convertirse en una violación normativa.
«Transparencia y trato digno a las víctimas».
Se integraron mecanismos de supervisión ciudadana y participación directa de colectivos de familiares.
Las instituciones deberán rendir cuentas públicas y reconocer fallas cuando existan.
«Se crea la Comisión Nacional de Auditoría Forense».
Un órgano independiente revisará:
todos los laboratorios estatales,
todas las compras de insumos de los últimos cinco años,
todos los perfiles genéticos dudosos,
todos los procesos de identificación con inconsistencias.
«Por primera vez, los Servicios Periciales entran al centro del debate público».
Ya no como un área invisible, técnica o secundaria, sino como una función esencial del Estado, conocida y observada por la sociedad.
Un simple hisopo había detonado la revisión forense más grande en la historia del país.
Montse no apartó la vista del televisor.
La habitación parecía contener la respiración.
No sonrió. No lloró. Solo respiró hondo.
Sabía la verdad: aunque nadie lo supiera, había sido parte de todo aquello. Había visto de cerca cómo un objeto diminuto podía derrumbar sistemas completos, despertar leyes dormidas, exhibir negligencias históricas y obligar al país a mirarse de frente, sin filtros ni excusas.
No fue una victoria. Fue una corrección.
El celular vibró.
Montse lo tomó sin prisa, como quien ya no huye de nada. En la pantalla apareció un mensaje de texto. Uno solo.
«Hola».
Montse dejó el teléfono sobre la mesa, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba, ajena y persistente. Ella también.