CAPÍTULO 20 LA MUGA #5

Ainara Zubiaga entró en su oficina a las ocho y cuarto de la mañana.

Llevaba un traje de chaqueta azul marino de corte impecable, una blusa de seda blanca con cuello camisero y el pelo recogido en una coleta pulcra que despejaba sus facciones serenas.

Sobre la gran mesa de roble barnizado, libre por fin de los precintos judiciales y de los montones caóticos de legajos intervenidos, descansaba únicamente una carpeta de cuero negro con las copias compulsadas del auto de elevación a juicio oral dictado por el juez Fernando Irazábal.

Kepa Arostegui permanecía internado en el módulo preventivo del Centro Penitenciario de Basauri, desprovisto de fianza y con auto de procesamiento firme por asesinato, blanqueo continuado de capitales y pertenencia a organización criminal.

Sylvain Deschamps aguardaba en la prisión provincial de Bayona la resolución definitiva de su entrega a la Audiencia Nacional bajo la Orden Europea de Detención.

Y los ciento ochenta millones de euros congelados por el SEPBLAC y la fiscalía financiera de Luxemburgo permanecían bloqueados en cuentas fiduciarias bajo la tutela judicial de Eurojust.

Ainara se acercó al ventanal que daba a la calle Henao, contemplando los plátanos de sombra cuyas ramas comenzaban a poblarse de hojas nuevas mecidas por la brisa matinal.

El aroma a café recién molido subía desde las cafeterías de la calle Colón de Larreátegui y en los pasillos de la fiscalía los secretarios y ujieres saludaban con un respeto renovado y silencioso, reconociendo en la fiscal delegada a la jurista que había resistido el embate del poder sin doblar la rodilla.

Alzó la muñeca izquierda y consultó la esfera redonda de acero del Certina DS heredado de su padre Josu Zubiaga.

El mecanismo helvético avanzaba con una regularidad milimétrica sobre los índices plateados.

Durante años, aquel instrumento mecánico había sido un recordatorio punzante de la asfixia y la pérdida de un tornero de precisión y dueño de taller al que el sistema financiero había dejado solo.

Pero esa mañana, mientras las manecillas marcaban las ocho y veinte, Ainara sintió que el metal contra su piel era un ancla serena; un testigo mudo de que la verdad, cuando se defiende con rigor y coraje, termina abriéndose paso incluso contra las estructuras más poderosas del dinero.

Un golpe discreto en la puerta de madera interrumpió sus pensamientos.

La secretaria judicial de guardia, una mujer de mediana edad con gafas de concha y ademanes eficientes, asomó la cabeza:

—Buenos días, fiscal Zubiaga. Acaba de llegar la valija urgente del correo oficial de la Audiencia de Gipuzkoa. Hay un sobre con precinto de máxima confidencialidad que viene remitido directamente a su nombre.

—Gracias, Arantza. Tráigalo, por favor.

La secretaria depositó sobre el escritorio un sobre acolchado de gran formato, sellado en las solapas con lacre rojo y un membrete corporativo impreso en tipografía sobria: Corporación Mondragon — Consejo Rector / Asesoría Jurídica Central.

Paseo José María Arizmendiarrieta 5, 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) .

Ainara tomó su abrecartas de latón, rasgó el precinto superior con un corte limpio y extrajo un voluminoso dosier encuadernado en espiral plástica de más de cincuenta páginas, acompañado por una carta de remisión firmada de puño y letra por el presidente del Consejo Rector de Fagor Ederlan .

Se sentó en su sillón de cuero y comenzó a leer. En apenas tres párrafos, la calma luminosa que había presidido su regreso a Bilbao se transformó en una alerta mental afilada como un bisturí.

El informe denunciaba una maniobra financiera agresiva, sistemática y de enorme envergadura contra las cooperativas industriales del valle del Alto Deba.

Al amparo de la Ley 11/2019 de Cooperativas de Euskadi, las empresas del modelo Mondragon mantenían blindada su soberanía democrática interna bajo el principio inquebrantable de «una persona, un voto», consagrado en su artículo treinta y tres, impidiendo que fondos externos adquirieran paquetes accionariales para controlar los consejos rectores.

Los estatutos forales y los fondos de reserva obligatorios irrepartibles garantizaban que ningún capitalista foráneo pudiera comprar voluntades en las asambleas generales de socios ni forzar cambios en los órganos de administración.

Sin embargo, en los últimos seis meses, una entidad fiduciaria opaca registrada en las Islas Caimán y domiciliada en Luxemburgo — Atalante Capital Partners , la misma matriz corporativa utilizada por Sylvain Deschamps y las cuentas fiduciarias de Viktor Sorokin en Dubái— había descubierto una brecha técnica letal en los mercados secundarios de deuda.

Aprovechando las emisiones de pagarés comerciales y líneas de crédito sindicado que Fagor Ederlan había colocado en plazas europeas para financiar la modernización tecnológica de sus plantas de fundición en Eskoriatza, el fondo buitre había comenzado a comprar masivamente esos títulos de pasivo a precio de saldo en el Mercado Alternativo de Renta Fija.

El plan del fondo era tan diabólico como técnicamente demoledor: acumulando el setenta por ciento del pasivo bancario exigible a corto plazo, Atalante Capital pretendía forzar el vencimiento anticipado de la deuda, bloquear las cuentas corrientes operativas de la fundición y estrangular la tesorería de la cooperativa hasta llevarla a un concurso de acreedores necesario.

Una vez abierta la fase de liquidación concursal, la soberanía cooperativa decaería por imperativo de la ley mercantil estatal, permitiendo a los acreedores exigir el embargo forzoso de los hornos de fundición y la subasta de las patentes internacionales de componentes de automoción a favor de un conglomerado siderúrgico extranjero.

Fagor Ederlan era la joya de la corona del cooperativismo industrial vasco: en sus plantas de Eskoriatza y Mondragón se fundían al año más de doscientas mil toneladas de hierro nodular y aluminio para proveer manguetas de dirección, discos de freno y discos ventilados a los principales fabricantes automotrices del mundo.

Si el fondo ejecutaba los pagarés y paralizaba las líneas de colada continua, caería la cooperativa nodriza y se arrastraría a toda la cadena de suministros del valle del Deba.

Pero lo más alarmante figuraba en las últimas dos páginas del informe, redactadas con una urgencia que traslucía el espanto de los firmantes.

Hacía tres noches, el ingeniero jefe de procesos de fundición de la planta de Eskoriatza —un socio de trabajo de cuarenta y cuatro años que había presentado una denuncia interna advirtiendo sobre anomalías críticas y sabotajes deliberados en el sistema de refrigeración por agua desmineralizada del horno de inducción número tres— había desaparecido tras salir de su turno de guardia a las dos de la madrugada.

El horno número tres era un crisol electromagnético de media frecuencia capaz de fundir quince toneladas de metal a más de mil cuatrocientos cincuenta grados centígrados; una microfisura deliberada en las bobinas de cobre habría provocado una explosión térmica catastrófica en plena colada.

Su vehículo particular había sido localizado abandonado en un camino forestal cercano al embalse de Urkulu, con las puertas desbloqueadas y restos de sangre coagulada en el estribo del conductor.

El maletín con los informes de termografía y las muestras del refractario saboteado no estaba en el maletero.

La carta concluía con una súplica desesperada:

«El asedio financiero contra Fagor Ederlan no es una disputa mercantil ordinaria, señora fiscal.

Es un ataque coordinado contra el corazón del modelo cooperativo vasco.

La desaparición de nuestro ingeniero demuestra que están dispuestos a matar para que la fundición no alcance su producción óptima antes de la fecha de vencimiento de los pagarés.

Solicitamos su intervención judicial inmediata antes de que sea demasiado tarde».

Ainara bajó el documento sobre la mesa, con la respiración contenida y la mirada clavada en el sello de Arrasate.

En su memoria resonaron, con una nitidez escalofriante, las últimas palabras que Kepa Arostegui había pronunciado en la sala de vistas del juzgado número cuatro antes de que los agentes de la Ertzaintza se lo llevaran a los calabozos: «El dinero no se muere porque le quites una cuenta en Luxemburgo, fiscal...

mientras tú celebras tu triunfo de papel, la caldera del Deba ya está silbando; allí donde doblan el hierro con las manos, el fuego os va a quemar la falda» .

Arostegui no había formulado un desvarío impotente en estrados.

Había lanzado una advertencia de guerra.

La red de blanqueo que habían desarticulado en Mazarredo y Biarritz era solo la cabeza visible de una hidra internacional mucho más vasta y despiadada, que ahora apuntaba sus garras contra las fundiciones obreras del Alto Deba.

Ainara no vaciló un solo segundo. Alargó la mano hacia el teléfono de su escritorio, descolgó el auricular y marcó de memoria el número directo del canal reservado de enlace de Mathieu Etcheverry.

El tono de llamada sonó dos veces antes de que la voz grave, templada y cercana de Mathieu respondiera al otro lado de la línea:

— Mathieu Etcheverry al aparato.

Ainara cerró la carpeta de Fagor Ederlan con una mano firme, clavando los ojos en el mapa de carreteras de Euskadi que presidía la pared de su despacho:

—Mathieu... el fondo de Deschamps no estaba muerto. Atalante Capital está comprando la deuda de las cooperativas en Mondragón y acaba de desaparecer un ingeniero en un horno de fundición de Eskoriatza. Se acabó el descanso. Nos vemos en el Alto Deba.