CAPÍTULO 10 EL CUPO

A las diez y media de la mañana, la fachada ecléctica del Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, erigida a finales del siglo diecinueve en el número veinticinco de la Gran Vía bajo la traza monumental del arquitecto Luis Aladrén, reflejaba la luz lechosa y húmeda del cielo invernal de Bilbao.

El edificio, concebido durante el auge de la industrialización vizcaína como un templo civil del autogobierno y de la pujanza minera y siderúrgica, combinaba en su exterior sillares de piedra arenisca, balconadas señoriales de forja artística y una suntuosa decoración escultórica atribuida a Agustín Querol.

En el interior, ascendiendo por la escalera imperial de mármol de Carrara escoltada por vidrieras monumentales fabricadas en los talleres Mayer de Múnich que narraban el juramento solemne de los fueros bajo el árbol de Gernika, el visitante desembocaba en la planta noble.

En el Salón del Trono, el aire estaba saturado por una liturgia centenaria de poder, cera virgen de velas aromáticas, barniz de maderas nobles y el murmullo contenido de más de doscientas personalidades que representaban el vértice político, judicial, financiero y corporativo del País Vasco y del Estado español.

Los techos, decorados con frescos monumentales pintados por Anselmo Guinea y José Echenagusia que alegorizaban la paz, la justicia, el trabajo del hierro y la fertilidad de los valles vascos, proyectaban un resplandor dorado sobre los estucos encerados y las alfombras monumentales tejidas a mano por la Real Fábrica de Tapices.

Ainara Zubiaga permanecía de pie junto a uno de los ventanales con vidrieras emplomadas que daban a los jardines interiores de la manzana, vistiendo su traje de chaqueta oscuro de lana fría y corte recto, con el cabello castaño recogido en un moño bajo impecable que dejaba al descubierto la tirantez severa de las sienes.

En su muñeca izquierda, el reloj de pulsera de acero pulido que había pertenecido a su padre, Josu Zubiaga, marcaba los segundos con una cadencia fría y matemática.

Era una presencia silenciosa pero inmensamente pesada; cada oscilación del segundero de acero le recordaba el olor a formol de la mesa de autopsias en el depósito de Capuchinos, el rostro ceniciento de Iñigo Barandiarán tendido en la butaca del Palacio Euskalduna y las actas tributarias robadas que ahora descansaban en el disco blindado del juzgado de instrucción número cuatro de Bilbao.

A su lado, situado a medio paso de distancia en una posición de discreta deferencia protocolaria, Mathieu Etcheverry observaba el salón con la mirada analítica del inspector de la OLAF acostumbrado a descifrar la arquitectura física y los rituales de las instituciones europeas.

Vestía un traje gris marengo de lana fría cortado a medida en una sastrería tradicional de Baiona, sin distintivos visibles salvo una credencial plateada de enlace técnico comunitario prendida en el bolsillo interior de la chaqueta.

—El lujo foral tiene una gravedad casi litúrgica, Ainara —susurró Mathieu en francés neutro, inclinándose ligeramente hacia ella para que el rumor del cuarteto de cuerda que tocaba una pieza de Jesús Guridi en la antesala amortiguara sus palabras—.

En Bruselas, en el edificio Berlaymont o en las salas del Consejo Europeo, el poder se disfraza de metacrilato transparente, pantallas planas de cincuenta pulgadas, moquetas grises ignífugas y una asepsia burocrática que finge no tener historia.

Aquí, en cambio, la legitimidad se apoya en toneladas de mármol labrado, lienzos al óleo que glorifican la hidalguía universal y molduras de pan de oro de tres milímetros de grosor.

Huele a Estado decimonónico con presupuesto y liquidez de multinacional suiza.

—No es un Estado decimonónico, Mathieu —respondió Ainara en un susurro gélido, sin apartar los ojos de la mesa presidencial donde la Diputada General de Bizkaia y la Ministra de Hacienda del Gobierno de España conversaban con sonrisas ensayadas ante una batería de cámaras de televisión de la televisión pública vasca y los diarios económicos—.

Es el Concierto Económico. Es el único sistema fiscal de una región subcentral en el mundo occidental donde el territorio no recibe transferencias del Estado central para financiar sus servicios públicos, sino que recauda absolutamente todos los tributos directos e indirectos generados en su demarcación —desde el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades hasta el IVA y los Impuestos Especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco— y luego le paga al Estado central una cuota anual por las competencias y servicios que este sigue prestando en el territorio y que nosotros no hemos asumido en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Lo que se firma hoy en esa mesa presidencial no es una subvención graciable ni un reparto de fondos europeos de recuperación: es la ratificación quinquenal de la Ley 10/2023, de 3 de abril, que aprueba la metodología de cálculo del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026.

Ainara dominaba al milímetro la arquitectura matemática que se ventilaba en el estrado.

El cálculo del Cupo no era un pacto político improvisado sobre una servilleta, sino una operación de ingeniería jurídica y financiera de extrema complejidad regulada por la Comisión Mixta del Concierto Económico, órgano paritario entre la administración general del Estado y las instituciones vascas:

—El punto de partida del cálculo es la determinación de las llamadas «cargas no asumidas» por el País Vasco en el Presupuesto General del Estado —continuó Ainara, desgranando la mecánica técnica mientras observaba a los secretarios de Estado ordenar los legajos encuadernados en piel—.

Se trata de aquellas materias cuya competencia es exclusiva del Estado y benefician a todos los ciudadanos españoles: la Defensa Nacional y el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, la Casa de Su Majestad el Rey, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el servicio exterior y la red diplomática de embajadas y consulados, los organismos reguladores del mercado de valores y de la competencia, y, de manera muy primordial, la amortización y el pago de los intereses de la Deuda Pública estatal acumulada por el Tesoro Público en Madrid.

Sobre ese volumen global de cargas presupuestarias no asumidas se aplicaba el llamado «índice de imputación»:

—Ese índice está fijado en el histórico seis coma veinticuatro por ciento desde la primera Ley de Cupo de mil novecientos ochenta y uno, aprobada tras el restablecimiento foral en la Constitución de mil novecientos setenta y ocho.

Aquel coeficiente representa la proporción teórica que la renta y la economía del País Vasco aportaban al Producto Interior Bruto de España en el momento de la firma del pacto original.

Una vez que se calcula ese seis coma veinticuatro por ciento sobre las cargas no asumidas, que para el presente ejercicio fiscal arroja una aportación bruta superior a los mil cuatrocientos setenta y dos millones de euros anuales, el sistema practica los llamados «ajustes y compensaciones».

Se descuentan los tributos no concertados que el Estado recauda directamente en territorio vasco, como los cánones portuarios de los puertos de interés general o las tasas consulares, y se liquidan los ajustes por imposición indirecta: el trasvase de saldos de IVA según los puntos de consumo efectivo determinado por las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, y las compensaciones por el consumo territorial de gasóleo, gasolinas y labores del tabaco.

El resultado final, ese saldo líquido que el Gobierno Vasco transfería trimestralmente a la cuenta de la Tesorería General del Estado en el Banco de España, era el corazón financiero sobre el que descansaba todo el autogobierno vasco: financiaba los hospitales de Osakidetza, la red de colegios e institutos públicos, los nueve mil agentes de la Ertzaintza, el mantenimiento de las autovías forales y la política industrial del territorio con una soberanía recaudatoria que no tenía equivalente en ninguna federación europea, ni siquiera en los cantones suizos o en los estados federados alemanes.

—Mil cuatrocientos setenta y dos millones de euros brutos —murmuró Mathieu, recordando las cifras que había cotejado la noche anterior en los informes de la Dirección General de Presupuestos de Bruselas—.

Un índice del seis coma veinticuatro por ciento que se mantiene inalterable desde hace más de cuarenta años, a pesar de que el peso demográfico vasco sobre la población total de España ha descendido del cinco coma dos al cuatro coma seis por ciento, y el peso de su PIB oscila en torno al cinco coma nueve.

Es un pacto de Estado en el sentido más puro del término; una convención política intocable que sostiene la estabilidad constitucional de este país.

—Exactamente. Y por eso mismo, si la OLAF o la fiscalía demuestran que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia sobre la que descansa ese equilibrio está agujereada por un fraude fiduciario masivo de trescientos doce millones de euros, amparado en normativas forales diseñadas a medida por el despacho de Kepa Arostegui para canalizar dividendos opacos hacia Luxemburgo y Dubái, el Concierto entero quedará señalado como un paraíso fiscal encubierto en el corazón de Europa —sentenció Ainara con amargura contenida.

En ese instante, el murmullo del Salón del Trono decreció de golpe y los asistentes se abrieron con una deferencia casi coreográfica.

Entre los corrillos de parlamentarios, directores generales de la banca vizcaína y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, avanzaba con paso elástico y apostura aristocrática Kepa Arostegui.