Capítulo XXIX

Camilo Torres y la queja como coartada: anatomía del Memorial de Agravios

Pocas cosas definen mejor la enfermedad política de Hispanoamérica que su capacidad para transformar la queja en virtud.

No el reclamo legítimo, no la exigencia racional de justicia, sino la queja como forma de autojustificación, como gesto público de victimismo cultivado, como ejercicio estético del descontento.

En ese arte, el Memorial de Agravios de Camilo Torres ocupa un lugar canónico.

No porque sus argumentos sean sólidos, sino porque su estilo y su tono —adornado, elegante, solemne— inauguraron una forma peculiar de traición: la que se disfraza de súplica, la que se postra mientras afila la daga, la que invoca a Dios y al Rey mientras prepara el motín.

Desde el primer párrafo, el Memorial se inscribe en el tono que marcará todo el documento: el de una súplica adornada de lógica, envuelta en latinismos, y guiada por el supuesto de una lealtad indiscutible.

Camilo Torres se presenta como fiel servidor de la Corona, como defensor del orden, como intermediario respetuoso.

Y sin embargo, todo el texto gira en torno a una sola idea: que las provincias americanas han sido sistemáticamente excluidas del poder y que la metrópoli ha traicionado el principio de igualdad entre españoles europeos y españoles americanos.

Lo que no dice, al menos no abiertamente, es que esa «igualdad» pretendida no existía en ningún otro punto del Imperio, ni siquiera en la Península, y que el sistema político de la Monarquía Católica nunca fue ni pretendió ser una democracia de representación proporcional, sino una estructura corporativa, jerárquica, multiforme, articulada en torno al servicio, la fidelidad y la gracia del Rey.

La España de entonces no era un Estado moderno, sino una Monarquía compuesta de reinos, fueros, privilegios, cuerpos, estamentos y tradiciones distintas, unidas todas por la fe y la corona.

Nadie tenía «derechos» iguales: tenía deberes distintos.

La «representación» no era proporcional, sino simbólica.

Y dentro de ese orden —complejo, sí, pero no injusto— las provincias americanas tenían voz, pero no tenían la soberanía que Camilo Torres secretamente anhelaba.

En realidad, el agravio era otro. El agravio era que los criollos no eran virreyes.

Que los arzobispos eran peninsulares. Que los nombramientos llegaban desde Madrid.

Que los colegios mayores seguían bajo tutela real.

Que los Consejos seguían llenos de chapetones.

Pero la queja no venía del llano. Venía del cabildo.

De la toga. Del escritorio. De quienes ya tenían poder, riqueza, esclavos, haciendas, prestigio y cultura, pero no tenían la corona.

Y al no tenerla, se sentían colonizados. No por falta de justicia, sino por exceso de ambición .

Para que haya agravio debe haber promesa rota.

Un compromiso no cumplido. Una expectativa frustrada que, al haber sido legítima, transforma su incumplimiento en ofensa.

Pero ¿hubo alguna vez una promesa imperial que asegurara a las provincias americanas una representación paritaria con Castilla?

¿Existía el principio de igualdad política entre los múltiples reinos y dominios de la Monarquía Católica?

La respuesta es clara: no.

El Imperio español no era una república, ni una federación, ni un Estado-nación centralizado con representación proporcional de territorios.

Era una Monarquía compuesta —orgánica, jerárquica, multiterritorial— en la que cada reino, virreinato o provincia tenía sus fueros, sus grados de autonomía, sus órganos administrativos y sus formas de relación con la Corona.

Castilla no era igual a Aragón. Navarra tenía su régimen.

América era parte integral del cuerpo político, sí, pero con estatuto propio.

Y dentro de esa estructura, compleja pero funcional, las Indias fueron gobernadas como provincias regias, no como colonias.

Camilo Torres menciona el término «colonia», pero no para asumirlo, sino para rechazarlo: insiste en que América no debe ser tratada como colonia, sino como parte integrante de la monarquía.

Y, sin embargo, esa negación retórica —fundada en la semántica oficial de la Corona— le sirve como punto de partida para exigir una forma de representación política que sí introduce, por la vía práctica, una lógica moderna de igualdad territorial, incompatible con la tradición foral y jerárquica de la Monarquía Católica .

La categoría de «colonia», aunque explícitamente rechazada por Camilo Torres, funciona sin embargo como eje implícito de todo su razonamiento: su argumento se construye como si ese trato degradante fuera ya un hecho consumado.

Así, su Memorial opera como una falsificación conceptual indirecta, al proyectar sobre el lenguaje imperial las categorías de la Ilustración francesa y del discurso anglosajón.

Lo que Torres plantea no es una demanda jurídica dentro del marco hispánico, sino un reclamo ideológico que adopta, sin declararlo, los principios modernos del Estado liberal.

Es, en esencia, una exigencia de igualdad en un sistema que no se construyó sobre el principio de igualdad, sino sobre el de justicia jerárquica.

Y, sin embargo, aun aceptando provisionalmente esa demanda de representación, ¿es cierto que las provincias americanas estaban excluidas del gobierno?

Veamos los hechos.

En los cabildos y audiencias locales, la participación criolla era amplia y habitual.

En muchos casos, los ayuntamientos estaban controlados por familias criollas que se turnaban los cargos entre sí, sin intervención alguna de Madrid.

La burocracia civil estaba en gran medida en manos de americanos.

El comercio, la educación, los tribunales y la administración tributaria eran espacios dominados por criollos, no por peninsulares.

A comienzos del siglo XIX, las audiencias eran casi enteramente criollas, los abogados formados en universidades locales, y los sacerdotes americanos ocupaban buena parte del clero regular y secular .

Pero hay más. Según documenta Pablo Victoria, en 1789 —el año en que estalla la Revolución francesa— todos los cargos del cabildo de Santafé de Bogotá estaban ocupados por criollos.

No algunos. ¡Todos! ¿Dónde estaba, entonces, la exclusión estructural?

¿Dónde la supuesta imposibilidad de acceso?

¿Acaso no es más bien al revés: que lo que se ambicionaba no era un espacio, sino el trono?

La queja no es que no se podía gobernar. La queja es que no se podía mandar sin obedecer.

Una de las mayores astucias del Memorial de Agravios es su uso sistemático de la victimización como estrategia retórica.

Camilo Torres no apela directamente a la rebelión —eso sería demasiado grosero para el estilo de su pluma—, pero sí construye, línea tras línea, la imagen de una Hispanoamérica doliente, maltratada, ignorada, humillada.

Y lo hace con una mezcla peligrosa de razón aparente y emoción contenida, como quien redacta un expediente judicial mientras suelta lágrimas por debajo de la toga.

El método es conocido: se presenta una serie de hechos seleccionados, se exageran sus implicaciones, se omiten los matices y se proyecta una intención sistemática detrás de cada decisión metropolitana, como si el Rey mismo, o sus ministros, hubiesen tramado deliberadamente el empobrecimiento moral y político de América.

En el fondo, Torres inventa una intención maliciosa donde sólo había administración imperial imperfecta, y transforma fallas administrativas en evidencia de opresión .

Se instala así una lógica moral invertida: si hay atraso, es culpa de España; si hay desigualdad, es culpa de España; si hay tensiones, es culpa de España.

Todo lo negativo se proyecta sobre la metrópoli, y todo lo positivo se reserva al genio criollo reprimido, a la virtud americana ahogada por la envidia peninsular.

En este espejo, el padre es el culpable y el hijo es la víctima inocente.

El virrey es un tirano, el oidor un censor, el comerciante europeo un explotador.

El criollo, en cambio, es noble, sabio, virtuoso, y sólo espera que lo dejen florecer.

La más amarga ironía es que, en nombre de la igualdad y la justicia, se preparaba la guerra civil más devastadora del continente.

Lo que comenzó como memorial se transformó en machete.

Lo que se escribió como alegato jurídico terminó como carnicería de pueblos.

Y los que hablaban de agravios terminaron agravando a millones.

El Memorial de Agravios no fue sólo una pieza jurídica ni una súplica protocolar.

Fue, sobre todo, un documento performativo, es decir: un texto que no se limitaba a describir una situación, sino que la construía simbólicamente, como si fuera real.

Su fuerza no residía en la solidez de sus datos —muchos de ellos eran parciales o discutibles—, sino en la forma como esculpía una imagen emocional: la del criollo humillado, ilustrado pero subyugado, leal pero maltratado, español pero nunca tratado como tal.

Esa imagen, más que cualquier decreto o espada, se convirtió en una semilla ideológica.

Una vez plantada en el imaginario de las élites letradas, comenzó a crecer como mito legitimador.

De pronto, toda forma de insatisfacción se podía inscribir en la categoría de «agravio».

Y cualquier acto de desobediencia —por más brutal, egoísta o injustificado— podía presentarse como respuesta legítima a un «sistema opresor».

A partir de allí, el lenguaje del agravio sustituyó al lenguaje del deber.

Ya no se hablaba de fidelidad, de servicio, de orden, sino de heridas, exclusiones, desprecios.

Lo que antes se entendía como jerarquía, ahora se denunciaba como injusticia.

Lo que antes se reconocía como tradición, ahora se maldecía como atraso.

Y así, como en un teatro bien iluminado, el criollo pasó de súbdito orgulloso a víctima con derecho a romper todo.

Este giro no fue casual. Fue cuidadosamente preparado por una generación entera de ilustrados americanos que, sin dejar de beneficiarse de los privilegios del Imperio, absorbieron las ideas revolucionarias europeas con fervor de conversos.

Influenciados por Rousseau, Raynal, los enciclopedistas y la reciente mitología revolucionaria francesa, comenzaron a reinterpretar su realidad no desde lo que era, sino desde lo que «debía ser» según los nuevos evangelios políticos.