Capítulo XXVII

El orden que fuimos

Durante generaciones se nos enseñó que el Imperio español no fue más que un yugo: un sistema opresivo que mantenía a Hispanoamérica en la ignorancia, la pobreza y el aislamiento económico.

Se nos inculcó que nuestra historia empezó cuando nos liberamos del «colonialismo», como si antes del caos republicano no hubiera existido sino oscuridad.

Nos dijeron que España nos había cerrado los caminos del desarrollo, que nos explotaba, que impedía el comercio libre, que nos condenaba a la servidumbre y al atraso.

Pero lo que nunca nos dijeron fue esto: que la mayor parte de los caminos que recorrimos durante tres siglos fueron construidos bajo el Imperio; que las primeras universidades de América nacieron por cédula real; que la primera imprenta del continente no estuvo en Nueva York, sino en México; que las ciudades fueron fundadas por adelantados urbanistas con una lógica clara, ordenada, orientada al bien común; que el sistema legal que nos regía —las Leyes de Indias— era infinitamente más protector del indígena y del mestizo que cualquier constitución posterior .

Y, sobre todo, que el Imperio no era un desorden que exigía revolución, sino un orden que fue traicionado.

Nada más insidioso que la mentira repetida con tono de dogma.

El Imperio español ha sido acusado de asfixiar el desarrollo económico de sus provincias americanas.

Y sin embargo, cuando uno se asoma con ojos limpios a los datos reales, a los testimonios de la época, a los balances de comercio, a las tasas de urbanización, a la estabilidad social en buena parte de los virreinatos, lo que descubre no es una economía cerrada y opresora, sino una red compleja, funcional y en constante crecimiento.

No fue el capitalismo liberal el que nos organizó.

Fue la Monarquía Católica, con sus Consejos, sus virreyes, sus audiencias, sus corregidores, sus encomiendas, sus caminos reales, sus registros de puerto, sus monedas, sus normas de pesos y medidas, sus gremios, sus ferias, sus hospitales, sus órdenes religiosas y sus catedrales.

A lo largo de tres siglos, el Imperio español logró sostener una unidad civilizatoria que abarcó desde California hasta Filipinas, sin internet, sin telégrafo, sin capitalismo financiero, y en muchos casos con mayor equidad distributiva que la que ofrecen hoy las repúblicas modernas.

El mito del mercantilismo español como freno absoluto al desarrollo es una caricatura.

El llamado monopolio comercial —ese que hoy se repite como si hubiera sido una bota sobre el cuello del continente— no fue nunca tan cerrado como se pretende.

A partir del siglo XVIII, con la apertura borbónica y el Reglamento de Libre Comercio de 1778, las provincias hispanoamericanas vivieron un boom económico que triplicó su producción interna, expandió el comercio interprovincial y mejoró sustancialmente los ingresos fiscales, las obras públicas y el acceso a productos.

La pretendida «prohibición de comercio» era, en realidad, una regulación racional del intercambio, que evitaba el saqueo extranjero, garantizaba la seguridad de rutas, mantenía la recaudación para reinvertir en infraestructura y protegía a las poblaciones locales de la competencia depredadora.

¿Acaso hoy no se clama por regulaciones justas frente a los abusos del libre mercado?

Pues eso, en muchos casos, ya lo hacía el Imperio, con criterios incluso más humanos.

Lo más revelador, sin embargo, es esto: nadie ha sabido explicar cómo un imperio supuestamente estancado, decadente y mal administrado fue capaz de mantener una unidad territorial y cultural tan vasta y tan viva durante tanto tiempo.

Ninguna otra potencia europea lo logró. Ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal, ni los Países Bajos. Sólo el Imperio español.

Y eso no fue por inercia. Fue por estructura. Por orden. Por principios.

Fue porque, más allá de sus defectos, la Monarquía Hispánica estaba animada por una visión del mundo en la que el poder no era un fin, sino un deber. Y el gobierno, una misión sagrada.

Hoy nos cuesta imaginar lo que fuimos, porque hemos crecido entre ruinas.

Pero hubo un tiempo en que Hispanoamérica no era un enjambre de naciones fragmentadas, sino una sola comunidad espiritual y jurídica, organizada en virreinatos, capitanías, audiencias y gobernaciones, que respondían a una sola Corona, a un solo idioma, a un cuerpo legal común y a una fe compartida.

Ese tiempo, que la propaganda llama oscuridad, fue el tiempo de nuestro orden.

Y quizá haya llegado la hora de recordarlo. No para repetirlo. Sino para reivindicar que sí hubo un modelo civilizatorio nuestro, propio, funcional, profundo, antes del caos.

Un modelo al que no fuimos inferiores.

Sino del que fuimos expulsados.

El núcleo celular de este orden era el cabildo.

No la asamblea populista ni la comuna revolucionaria, sino la institución local encargada de representar a la ciudad, de velar por su sustento, por su defensa, por su dignidad.

Los cabildos —presentes en cada ciudad fundada por la Corona— no eran instrumentos de sumisión, sino espacios de autogobierno municipal.

Allí se discutían precios, caminos, mercados, impuestos, el calendario de fiestas religiosas y hasta los castigos a vagabundos y usureros.

Era, en muchos sentidos, una democracia cristiana de base, anterior al voto y más cercana al rostro humano.

Y es significativo —aunque deliberadamente silenciado— que en 1789, el mismo año en que París se incendiaba con la revolución francesa, con gritos de libertad abstracta y sangre fraterna, todos los puestos políticos y administrativos del cabildo de Santafé de Bogotá, absolutamente todos, estaban ocupados por criollos.

No por peninsulares. No por enviados imperiales.

Por criollos. Lo que desmiente de raíz la fábula de que la Corona marginaba a los americanos del poder político.

Más aún: en plena guerra contra Napoleón, el Consejo de Regencia de España llegó a estar presidido por un criollo nacido en Popayán, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, quien en ausencia del Rey encarnó jurídicamente y por reglamento la función del Soberano, y firmaba los documentos, en consecuencia, como «Yo el Rey».

Difícil imaginar un símbolo más contundente del lugar que ocupaba América en la Monarquía Católica.

Más arriba de los cabildos estaban las audiencias, órganos de justicia que no dependían de virreyes ni gobernadores, sino que rendían cuentas directamente al Consejo de Indias en la metrópoli.

Era la Corona la que velaba porque ni los jueces ni los administradores locales se corrompieran.

El indio podía apelar a la audiencia contra el encomendero.

El pobre podía reclamar contra el corregidor.

La ley no era un lujo: era un equilibrio.

Y si las audiencias garantizaban justicia, los virreinatos garantizaban unidad.

Desde Lima y México, los virreyes ejercían una soberanía delegada que no era absoluta, sino regulada por normas, visitadores, informes y límites legales.

No eran dictadores: eran custodios de una visión común.

Bajo su autoridad se trazaban caminos reales, se organizaban censos, se distribuían tierras, se regulaban las minas y los intercambios.

América no era un caos. Era una máquina compleja.

Una maquinaria donde convivían frailes, arrieros, esclavos, criollos, mestizos, soldados, mujeres y jueces bajo un mismo marco mental: el de la Monarquía Católica .

A todo esto se sumaban las universidades, muchas de ellas más antiguas que Harvard o Yale, donde se enseñaban teología, derecho, medicina, retórica, filosofía moral, lengua latina y lenguas indígenas.

Desde el siglo XVI, un joven mestizo podía ingresar a la Universidad de San Marcos o a la de Santo Tomás de Aquino y debatir sobre Aristóteles y la Suma Teológica.

Había hospitales reales atendidos por órdenes religiosas.

Escuelas de primeras letras en los pueblos más remotos.

Imprentas desde muy temprano. Y misiones que no eran sólo centros de catequesis, sino verdaderas comunidades organizadas en torno al aprendizaje y al trabajo edificante, con orquestas, talleres, almacenes, huertas, archivos, plazas, iglesias.

Y, sobre todo, estaba el derecho indiano: ese cuerpo gigantesco de normas —redactadas, revisadas, actualizadas y conservadas con celo— que protegía a los habitantes de América contra abusos, que definía derechos de propiedad, límites a la autoridad, exigencias al clero, condiciones para las encomiendas, rutas de comercio, precios máximos y obligaciones de asistencia mutua.

Las Leyes de Indias no eran letra muerta.

Eran la columna vertebral de una forma de vida.

Se ha dicho que España gobernaba América como una metrópoli voraz, sin dar nada a cambio.

Pero pocos saben que la Corona enviaba dinero desde Sevilla para sostener iglesias, pagar maestros y cubrir déficits municipales en ciudades que nunca pisaría un rey.

Que los misioneros eran sostenidos con fondos públicos.

Que las guerras defensivas en la frontera eran a veces financiadas con impuestos recaudados en Cádiz y no en Cuzco.

Que el Imperio redistribuía recursos entre provincias.

¿Dónde está hoy ese principio de solidaridad entre regiones?

Y lo más revelador: todo este sistema funcionaba sin bancos centrales, sin fondos monetarios, sin deuda externa, sin tecnocracias multinacionales, sin democracia liberal y sin partidos políticos.

Funcionaba porque tenía algo que hoy no tenemos: un sentido claro de orden. Una escala de valores. Una conciencia de jerarquías. Un reconocimiento de la ley como marco sacro, no como plastilina electoral.

Lo que daba coherencia y estabilidad al edificio imperial no era sólo su sistema político o su economía de integración.

Era algo anterior, más difícil de cuantificar y por eso más fácil de olvidar: la convicción de que la autoridad era un deber, no un privilegio.

Que gobernar era una carga, no una prebenda.

Que el poder debía responder, en última instancia, no ante los hombres, sino ante Dios.

El Imperio español no nació de una ambición expansiva ni de un cálculo mercantilista.

Nació de una cosmovisión. Y esa visión era radicalmente distinta de la que luego impondrían las repúblicas modernas.

No concebía al mundo como un campo de intereses contrapuestos, sino como un orden natural querido por Dios, al que el hombre debía ajustarse para alcanzar la justicia.

Por eso, las estructuras imperiales no estaban diseñadas para acelerar la rotación del capital, sino para mantener la armonía de un mundo plural, mestizo, cristiano, jerárquico y profundamente humano .

A diferencia de los imperios modernos —británico, francés, estadounidense— que justificaban su dominio con teorías de supremacía racial, civilización material o progreso técnico, el Imperio español se pensó a sí mismo como una vocación de servicio a lo universal.

Su tarea no era civilizar bárbaros para explotarlos, sino incorporar nuevos pueblos a la res publica christiana, respetando su dignidad, sus lenguas, sus costumbres siempre que no contradijeran la ley natural.

Su legitimidad no se basaba en la fuerza ni en la eficiencia, sino en una idea trascendente del bien común.

Esa idea de imperio como misión se expresa incluso en la forma en que se representaba el poder.

No hay grandes estatuas ecuestres del rey en cada plaza de América.

No hay arcos de triunfo ni panteones imperiales.

Lo que hay son iglesias. Lo que hay son cruces, vírgenes, santos.

Porque el verdadero poder no se encarnaba en la figura del monarca, sino en la continuidad de una fe vivida, predicada, cantada, enseñada, escrita y celebrada.

El imperio era una estructura de culto y cultura, no de propaganda. Sus columnas no eran banderas, sino valores. Y sus fundamentos no eran los derechos abstractos de un ciudadano vaciado de tradición, sino los deberes concretos de un alma que participa de una comunidad con vocación eterna.

Eso fue lo que se destruyó.

Cuando llegaron las repúblicas, no sólo cayeron los virreyes y los blasones.

Cayó también la noción de que la política debía subordinarse al bien del alma.

El Estado dejó de ser instrumento de orden moral para convertirse en aparato de poder.

El derecho dejó de emanar de Dios y de la tradición para volverse producto de la voluntad general o del capricho revolucionario.

La libertad se desligó de la virtud. La igualdad se confundió con el resentimiento.

La fraternidad se convirtió en una consigna de guerra.

Y lo que siguió fue lo que conocemos: luchas fratricidas, caudillismo, corrupción, anarquía, hambre, resentimiento, idolatría política y desarraigo.

¿Dónde están hoy los cabildos?

¿Dónde están las audiencias?

¿Dónde están las universidades que enseñaban a vivir, no sólo a producir?

¿Dónde están los hospitales fundados por caridad, y no por deuda?

¿Dónde están los gobernantes que no buscaban fama ni fortuna, sino redención?

No están. Porque fueron barridos junto con la idea de imperio como servicio.

Y nos dejaron la caricatura: el virrey como tirano, el misionero como cómplice, el rey como déspota, el español como ladrón.

Pero los hechos permanecen. Y algún día, los pueblos rotos volverán a mirar lo que fueron, no con nostalgia infantil, sino con hambre de orden .

Ese día, comprenderán que el Imperio no era una prisión, sino un cuerpo. Y que el cuerpo puede sangrar, puede enfermar, puede ser traicionado… pero también puede sanar.

Y que tal vez —sólo tal vez— el alma del orden que fuimos aún no ha muerto del todo.