CAPÍTULO 4 #3
Romina Aguirre tenía treinta y nueve años.
La había conocido en 2008, cuando ella trabajaba de secretaria en el juzgado federal número dos y él era subinspector recién ascendido.
Se casaron dos años después. Mía nació en 2015.
La separación llegó en 2021, sin peleas ni abogados, con una conversación larga en la cocina del departamento que compartían en el barrio Cofico.
Romina había dicho una sola frase que Ferrero nunca olvidó: el problema no es lo que hacés, Julián, es que cada vez te importa menos volver a casa después de hacerlo.
Él se había ido esa misma semana.
Compartían la tenencia. Mía vivía con Romina de lunes a jueves y con Ferrero los fines de semana. En la práctica el arreglo funcionaba, sin reclamos mutuos. Mía tenía once años y era una chica seria, silenciosa, demasiado observadora.
Sacaba buenas notas, leía libros que Ferrero no leía a su edad, y hacía preguntas difíciles sobre el trabajo del padre.
En los últimos dos años había aprendido a leer su cara cuando llegaba a buscarla.
Sabía distinguir entre el cansancio, la preocupación y los días en que algo le pesaba de verdad.
Jamás preguntaba. Solo lo tomaba del brazo al salir del edificio y caminaba con él hasta el auto en silencio.
Ferrero se levantó a las 09:40. Se duchó con agua fría.
Preparó café. Se sentó en la mesa plegable con la taza en las manos y miró por la ventana hacia Tucumán.
El tráfico de la mañana estaba arrancando.
Una florista instalaba el puesto frente al edificio.
Dos estudiantes con mochilas caminaban hacia la Facultad de Derecho. Nada fuera de lo normal en la vereda.
A las 10:12 el teléfono cifrado vibró con un mensaje de Trejo. Sokolov acaba de ejecutar la primera consulta dentro de la jaula. Está buscando el expediente Ferreyra-Insúa completo, incluida la cadena de custodia de la evidencia. La jaula le está devolviendo los datos en tiempo real. Voy al búnker.
Ferrero leyó el mensaje. Lo borró. Guardó el teléfono y se levantó.
Tenía cinco horas y media antes de buscar a Mía en el colegio.
Suficientes para ir al búnker, observar el movimiento de Sokolov dentro de la jaula, cruzar los datos con lo que ya tenían, y volver a Tucumán a tiempo para ducharse otra vez, cambiarse con una camisa limpia y subirse a la Hilux hacia el colegio.
Si Sokolov estaba pidiendo la cadena de custodia del expediente Ferreyra-Insúa, era porque quería plantar evidencia específica contra alguien.
Y si la jaula funcionaba como tenía que funcionar, Ferrero iba a saber contra quién antes del mediodía.
Terminó el café de un trago y agarró las llaves de la Hilux.
Dentro de la Jaula
Ferrero llegó al búnker a las 10:47. Trejo ya estaba frente al monitor central con dos ventanas abiertas en paralelo: a la izquierda el registro de actividad del servidor ficticio, a la derecha un visualizador de red que mostraba en tiempo real las consultas de Sokolov.
Morales dormía sentado en el catre, la cabeza apoyada contra la pared y la Bersa Thunder a veinte centímetros de la mano derecha.
Ferrero cerró la puerta con los tres pernos y se sentó junto a Trejo.
—¿Qué movió desde las diez?
—Entró a cuatro expedientes —dijo Trejo—. El de Ferreyra-Insúa que te mencioné, el de Pizarro, uno archivado en 2019 sobre tráfico de influencias en la Secretaría de Obras Públicas, y el expediente personal de un fiscal federal que ahora mismo está activo en una causa distinta.
—¿Qué fiscal?
Trejo abrió la ficha en pantalla y la giró hacia Ferrero. —Valentina Rosas — dijo—. Fiscal antilavado. Tiene en curso la investigación sobre una red de empresas de seguridad privada que operan en el norte del país.
Ferrero miró la pantalla cinco segundos sin cambiar de expresión. —¿Sokolov consultó el expediente o descargó archivos?
—Descargó tres —dijo Trejo—. La lista de testigos protegidos, los anexos con pruebas documentales y el cronograma de audiencias de los próximos quince días. Todo con los datos fieles que vos copiaste ayer.
—¿Cronograma de audiencias?
—La primera audiencia importante es en tres días —dijo Trejo—. En el Tribunal Federal de Córdoba. Rosas va a presentar evidencia que vincula a dos legisladores nacionales con la red. Los nombres están en el expediente.
Ferrero se recostó en la silla. Miró el techo de concreto.
Sokolov no estaba buscando pruebas contra las víctimas del Proyecto Nodo.
Estaba preparando un atentado logístico contra una fiscal que iba a declarar en tres días, con un grado de detalle que solo alguien con acceso total al backbone podía lograr: sabía qué testigos iban a declarar, qué pruebas documentales iba a presentar, qué lugares iba a frecuentar en los próximos quince días.
—Esto excede al Proyecto Nodo local —dijo Ferrero—. Rosas tiene una investigación federal. Santucho está exponiendo recursos del sistema provincial para proteger una operación nacional.
—Por eso bajó a supervisarlo personalmente —dijo Trejo—. Esto no es una extorsión rutinaria. Es contención estratégica. La red que Rosas investiga probablemente tiene conexión directa con el Proyecto Nodo o es parte de una estructura más grande.
Ferrero abrió una terminal nueva y buscó la razón social de la empresa principal que Rosas tenía en la mira.
El resultado le confirmó la conexión en dos segundos.
Vértice Sistemas aparecía como proveedor tecnológico registrado de esa misma empresa, con tres contratos firmados en los últimos dieciocho meses.
Trejo leyó la pantalla al mismo tiempo. —Es la misma estructura —dijo—. Sokolov opera las dos puntas.
Ferrero cerró la terminal. Se levantó y caminó hasta el mapa. Se quedó mirando las chinchetas treinta segundos. Se dio vuelta.
—Tenemos que avisarle a Rosas —dijo—. Esta mujer está a tres días de entrar a una audiencia donde van a saber cada movimiento que haga. Si no sabe que está expuesta, pierde la audiencia y pierde la vida en el mismo mes.
—¿Cómo le avisamos? —preguntó Trejo—. Si se lo decimos por canales oficiales, el aviso pasa por el sistema que Sokolov acaba de comprometer. Cualquier cosa que le llegue a Rosas a través de la Jefatura o del fuero federal va a ser interceptada antes de que la lea.
Ferrero miró a Morales dormido contra la pared. Después miró a Trejo.
—Hay que buscarla en persona —dijo—. Hoy mismo.
Rosas
La Dra. Valentina Rosas vivía en un departamento del piso 14 en un edificio moderno de avenida Hipólito Yrigoyen, en Nueva Córdoba.
Treinta y ocho años, divorciada sin hijos, fiscal federal desde hacía nueve años, con una reputación construida sobre dos causas grandes de lavado de activos y ninguna filtración confirmada a la prensa en toda su carrera.
Ferrero había conseguido la dirección a través de un contacto del Colegio de Abogados y la había confirmado cruzando los registros de dominio.
Llegó a las 12:40. Estacionó la Hilux sobre Hipólito Yrigoyen, a media cuadra del edificio. Tocó el timbre del 14C desde el portero eléctrico.
—¿Quién? —respondió una voz femenina, firme.
—Subinspector Julián Ferrero, Cibercrimen, Policía de Córdoba —dijo—. Necesito hablar con usted sobre su causa federal en curso.
—Tengo información urgente que le va a interesar. Vengo solo, de civil. Puede verificar mi identidad con el Ministerio Público antes de abrirme la puerta si así lo prefiere.
Hubo una pausa de nueve segundos.
—Suba —dijo ella—. Puerta 14C. Si en cinco minutos no está acá arriba, llamo a seguridad del edificio.
La puerta del hall se destrabó. Ferrero subió por ascensor al piso 14. El pasillo tenía alfombra oscura y luz tenue. Encontró el 14C al final del corredor. La puerta se abrió apenas al tercer golpe.
Rosas tenía el pelo castaño recogido, anteojos de marco delgado y una camisa blanca sobre jeans. Lo miró de arriba abajo en dos segundos y se hizo a un lado para dejarlo pasar. No le ofreció la mano. Cerró la puerta y se quedó de pie en el hall con los brazos cruzados.
—Cinco minutos —dijo.
Ferrero no perdió tiempo. Sacó el analizador portátil que Trejo había usado la noche anterior, apretó un botón lateral y lo apoyó sobre la mesa del comedor.
El dispositivo activó un escudo de radiofrecuencia en un radio de seis metros durante diez minutos exactos.
Cualquier micrófono o dispositivo de escucha en ese radio quedó neutralizado.
—En tres días usted tiene audiencia federal sobre una red de empresas de seguridad privada —dijo—. Va a presentar la lista completa de testigos protegidos, los anexos documentales y el cronograma de los próximos quince días. Todo eso está en el expediente digital del fuero federal de Córdoba.
—¿Y? —dijo Rosas.