CAPÍTULO 24
La persona protegida
Alicia Serrano había subrayado una frase de mi escrito a Asuntos Internos cuando me preguntó si había hablado con Elena.
—Ayer le conté lo de Alicante —respondí.
—Me refiero a esto.
Giró el documento para que pudiera leerlo.
En el apartado dedicado a las carpetas que había conservado durante años en nuestro domicilio, yo había incluido que Elena podía confirmar dónde se habían guardado y que nunca habían estado ocultas para ella.
—¿Qué problema hay?
—Que estás ofreciendo el testimonio de tu mujer sin haberle preguntado si quiere prestarlo.
—Solo he dicho que conoce la existencia de las cajas.
—Has dicho algo más. Lee la última frase.
Volví a examinar el párrafo. Había escrito que Elena podría corroborar las condiciones en que se había conservado la documentación.
—Ella sabía que las tenía.
—¿Y sabía exactamente qué guardabas?
Recordé las tres cajas que Montiel había recogido en casa y las veintisiete páginas del inventario. Había documentos cuya procedencia ni siquiera yo había conseguido explicar satisfactoriamente.
—Conocía parte del contenido.
—Entonces no puede corroborar lo que has escrito.
Alicia tachó la frase.
—El escrito ya está presentado, Sergio. Tendremos que enviar una aclaración. Y antes deberías hablar con Elena.
Me había parecido útil mencionar a mi mujer para demostrar que nunca había pretendido esconder aquellas carpetas. Ahora comprendía que había introducido su nombre en unas actuaciones que podían tener consecuencias profesionales sin consultárselo previamente.
—Lo haré esta noche.
Alicia dejó el documento a un lado y abrió otra carpeta.
—Hay una comunicación de Alicante. Clara Vega ha solicitado que puedas conocer determinados extremos de una nueva diligencia, porque afectan a las aclaraciones que has realizado sobre tu informe de 2014. Tu superiora ha autorizado que examinemos el extracto.
—¿Sobre Llorente?
—Sí. Y sobre Gabriel Aledo.
La declaración ampliada de Tomás Llorente había permitido identificar a la persona cuya intervención intentó ocultar doce años atrás.
Era Gabriel Aledo.
Leí su nombre en la copia parcial que nos habían facilitado. Aparecía relacionado con una investigación reservada sobre determinadas operaciones empresariales, distinta de las diligencias abiertas por la muerte de Irene Valdés.
Según la documentación que Clara había conseguido contrastar, Aledo había proporcionado información a los responsables de aquel procedimiento. Su colaboración estaba identificada mediante referencias internas que no figuraban en las relaciones ordinarias de acceso al puerto.
Llorente conocía aquella circunstancia.
—¿Cómo lo han comprobado? —pregunté.
Alicia señaló el apartado siguiente.
—La unidad responsable ha confirmado oficialmente la existencia de la colaboración. El extracto no incluye el contenido reservado de sus aportaciones, pero acredita que Llorente tuvo conocimiento de su condición.
—Entonces Tomás decía la verdad cuando aseguró que intentaba proteger a alguien.
—Decía la verdad sobre la identidad de esa persona. Es diferente de justificar lo que hizo después.
Continué leyendo.
Llorente había reconocido que retiró un justificante de entrega y varias referencias documentales porque podían relacionar la visita de Aledo con aquella investigación reservada.
Según su declaración, temía que la incorporación de esos documentos al procedimiento por la muerte de Irene permitiera identificarlo como colaborador.
Su abogado había solicitado que determinados detalles permanecieran protegidos mientras se comprobaba qué información podía divulgarse sin perjudicar otras actuaciones.
—¿Tenía autorización para retirar los documentos? —pregunté.
—La investigación no ha encontrado ninguna. Y él reconoce que no la tenía.
—Pero alguien tuvo que explicarle que Aledo colaboraba en ese procedimiento.
—Eso lo están investigando. Lo que consta aquí es que conocía su condición y decidió actuar por su cuenta.
Volví a la primera página.
En 2014 habíamos recibido una relación de personas autorizadas a acceder a las instalaciones portuarias. Aledo figuraba en ella por una entrega documental. Su nombre no aparecía en la segunda relación, destinada a organizar los asientos de una reunión oficial.
Durante años había considerado aquella diferencia una posible señal de manipulación.
Ahora sabía que las dos relaciones respondían a finalidades distintas y que Llorente había aprovechado esa confusión para retirar información que consideraba comprometida.
—¿Y qué relación tenía Aledo con Irene?
—La que figura en los documentos que ya conoces. Este certificado no acredita ninguna participación en su muerte.
—Tomás debía de estar convencido de que era inocente.
Alicia levantó la mirada.
—¿Eso pone?
Volví al escrito.
Llorente había declarado que consideraba a Aledo ajeno al asesinato. También reconocía que no disponía de pruebas suficientes para afirmarlo.
—No —respondí—. Era una opinión suya.
—Y tomó decisiones muy graves basándose en ella.
Me quedé examinando el párrafo en el que Tomás aceptaba que había debido informar a los responsables del procedimiento y solicitar medidas para proteger aquella colaboración, en lugar de modificar documentos.
Aquella explicación no cambiaba el hecho de que utilizó mi firma en una versión que yo nunca había aprobado.
—¿Ha explicado por qué llegó a sustituir páginas de mi informe?
—Sostiene que quería eliminar las referencias que podían conducir hasta Aledo. Reconoce que necesitó modificar el texto para que las omisiones no resultaran evidentes.
—Podría haberme hablado de la situación.
—Podría haber acudido a quienes tenían competencia para resolverla.
Alicia cerró la carpeta.
—La finalidad que alegue no elimina su responsabilidad.
Había otro apartado en el extracto.
Clara había vuelto a tomar declaración a Gabriel Aledo después de confirmar que existió una celebración privada posterior a los encuentros oficiales del puerto.
Aledo reconocía su visita a las instalaciones portuarias, pero negaba haber participado en aquella cena.
—¿Clara ha podido comprobarlo? —pregunté.
—Aquí consta que están contrastando su respuesta. No hay una conclusión sobre su presencia en el establecimiento.
—Llorente conocía la cena.
—Eso ha declarado.
—Y conocía a Aledo.
—También.
Miré las fechas de ambas actuaciones. La entrega documental correspondía a la visita formal al puerto. La celebración se había organizado para después, en otro establecimiento.
La presencia de Aledo en la primera no demostraba que asistiera a la segunda.
—Tomás pudo haber ocultado dos cosas diferentes —comenté—. La condición de colaborador de Aledo y los contactos que mantuvo aquella noche.
—Es una posibilidad que Clara está investigando.
—¿Han identificado ya a los asistentes?
Alicia retiró el extracto.
—No tenemos acceso a esas diligencias, Sergio.
Sabía que tenía razón. La documentación se nos había facilitado para que pudiera aclarar si conocía la condición de Aledo cuando firmé mi informe original, no para continuar investigando por mi cuenta.
—Yo no sabía que colaboraba con otra unidad —dije.
—Entonces eso es lo que contestaremos.
Alicia preparó la respuesta mientras yo examinaba las anotaciones de mi declaración anterior.
La presencia de Aledo en el puerto, su relación con una investigación reservada y la celebración privada eran tres circunstancias distintas. Llorente las había tratado como si ocultar la primera bastara para justificar todo lo demás.
Pero ninguna de aquellas explicaciones resolvía otra cuestión que arrastrábamos desde hacía años: la confesión de Damián Rueda.
Rueda había reconocido el asesinato de Irene, fue condenado y murió en prisión seis años después. Más tarde descubrimos que Lozano Gestión de Activos le había transferido ciento cincuenta mil euros ocho días antes de su confesión.
Sabíamos que Gabriel Lozano había autorizado aquella transferencia de ciento cincuenta mil euros a Damián Rueda.
También habíamos encontrado comunicaciones que relacionaban el pago con su posterior confesión.
Lo que seguíamos sin conocer era quiénes más habían participado en aquel acuerdo, por qué Rueda aceptó declararse culpable y si la decisión de Llorente de proteger a Aledo tenía alguna relación con aquella operación.
La nueva información explicaba parte de lo que había ocurrido con los documentos de 2014, pero todavía quedaban demasiadas preguntas sobre la persona que terminó condenada por la muerte de Irene.
—Quiero añadir una precisión —dije.
—¿Cuál?
—Aunque desconocía su condición, sí sabía que Tomás estaba gestionando documentación relacionada con aquellas reuniones. Me dijo que había cuestiones ajenas al asesinato y acepté dejarlo en sus manos.
Alicia escribió la frase.
—¿Consta eso en tu declaración anterior?
—Sí, pero prefiero que quede relacionado expresamente con esta nueva información.
—Lo incorporaremos.
Salí de su despacho con una copia de la aclaración pendiente de presentar.
Durante el trayecto hasta la unidad estuve pensando en Llorente. Había trabajado con él durante meses y conocía su tendencia a resolver problemas antes de explicar siquiera que existían. En aquel tiempo lo había interpretado como una cualidad.
Ahora tenía una declaración en la que reconocía haber retirado documentos, modificado un informe e impedido que otros investigadores valoraran información posiblemente relevante.
La circunstancia de que pretendiera proteger a Aledo no mejoraba aquellas decisiones.
Cuando llegué, Molina estaba revisando con uno de los agentes la relación de llamadas de la noche en que murió Salvatierra.
—¿Cómo ha ido lo tuyo? —preguntó.
—Han confirmado que Llorente intentó proteger a Gabriel Aledo. Era colaborador en otra investigación.
Molina apartó los papeles.
—¿Y tiene relación con Irene?
—Eso sigue sin estar demostrado.
—Pues Clara tendrá que comprobarlo.
—Ya lo está haciendo.
Mi compañero señaló el informe que tenía delante.
—Nosotros seguimos con la llamada a Beatriz. Estamos esperando la certificación completa del registro.