26 Las listas de la muerte

El Foro Romano era el corazón de la ley, la política y el comercio en Roma.

Un escenario donde la res publica proyectaba su orden y su grandeza.

Pero en los últimos años de la República, ese espacio sagrado se convirtió, de forma periódica, en el escenario de una anarquía meticulosa, una anarquía administrada, si me permites la expresión.

Imaginemos a un ciudadano cualquiera —quizá un eques acomodado o un senador menor— atravesando el bullicio junto a la rostra .

Su mirada se detiene en una tabla, clavada en la pared o en la puerta de la Curia, con una lista de nombres escritos a toda prisa.

Al principio parece un simple anuncio administrativo, uno más entre los muchos documentos cotidianos del gobierno.

Pero, cuando se acerca y reconoce la caligrafía precipitada, entiende lo que está viendo, una sentencia de muerte. Y entre los nombres anotados, el suyo.

En ese instante, deja de ser un ciudadano protegido por la ley. Se convierte en un hostis , un enemigo público. Cualquiera puede matarlo, y nadie será castigado por ello. Al contrario, su muerte será recompensada.

Con solo inscribir su nombre sobre madera, un ciudadano quedaba excluido del orden humano. Su muerte se volvía legal y sus bienes pasaban a ser propiedad de la República. La justicia era sustituida por el asesinato remunerado.

Antes de Mario y Sila, la violencia política en Roma había sido intermitente y caótica, resultado de motines espontáneos o del uso dudoso del senatus consultum ultimum , aquel decreto que autorizaba a los cónsules a «velar por la seguridad de la República».

La muerte de Tiberio Graco en el 133 a. C.

marcó el inicio de esa degradación institucional, un asesinato extralegal instigado por una facción senatorial liderada por Escipión Nasica.

Pero fue en el 121 a. C., con el asesinato de Gayo Graco, cuando el Senado recurrió por primera vez de manera formal al senatus consultum ultimum .

Ese decreto, al autorizar la violencia en nombre de la seguridad de la República, fue la primera vez que el Senado se arrogó el poder de suspender las garantías ciudadanas fundamentales, como la provocatio ad populum , para eliminar a adversarios políticos.

Aquel precedente dividió a la élite en dos bandos irreconciliables: los optimates, defensores del orden oligárquico, y los populares, que buscaban el poder a través del pueblo.

Lo que comenzó como una fractura ideológica pronto se volvió existencial, especialmente tras la revolución militar de Cayo Mario.

Al abrir las legiones a los capite censi , los hombres sin propiedad, Mario transformó de forma irreversible el vínculo entre el ejército y la República.

Como ya se ha dicho, los soldados ya no servían por deber cívico, lo hacían por la promesa de recibir tierras al licenciarse.

Desde ese momento, la fidelidad dejó de pertenecer al Senado. Pasó a ser propiedad del general.

Para los optimates, las reformas de Mario no solo rompían con la tradición, eran una amenaza directa al orden ancestral. Habían creado un ejército nuevo, capaz de elevar a los humildes a la nobleza y de dar voz política a quienes nunca la habían tenido. La reacción de la aristocracia sería brutal.

El catalizador de la crisis fue la enemistad entre dos hombres.

Mario, el homo novus del pueblo, y Lucio Cornelio Sila, el aristócrata ambicioso que se convertiría en su némesis.

Su disputa por el mando de la guerra contra Mitrídates VI del Ponto estalló en el 88 a.

C., desencadenando la Primera Guerra Civil de Roma.

Cuando Sila cruzó el pomerium con sus legiones —algo prohibido por ley y costumbre—, la res publica dejó de ser un sistema regido por normas para transformarse en un campo de batalla entre caudillos.

Tras la partida de Sila hacia Oriente, Roma quedó en manos de los cónsules Lucio Cornelio Cinna y el anciano Cayo Mario, que regresó del exilio con un único propósito: vengarse.

La purga del año 87 a. C. fue una carnicería improvisada.

No hubo tribunales ni edictos, solo nombres pronunciados con odio.

Mario ordenó a cuadrillas de esclavos armados asesinar a sus enemigos, y las cabezas de los senadores se exhibieron en el foro como trofeos.

No era aún una proscripción, era una orgía de venganza.

La violencia de Mario y Cinna fue personal, desordenada y emocional, no fue sistemática.

No hubo edictum , ni confiscaciones legales, ni recompensas estatales.

Fue el terror a lo bestia, el caos. Sila, que observaba desde Oriente, aprendió la lección.

La venganza solo se vuelve duradera cuando se legaliza y se convierte en fuente de ingresos.

Cuando Sila regresó a Roma en el 83 a. C.

, lo hizo con un ejército victorioso y con un plan.

Tras derrotar a los populares, se hizo nombrar dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae , es decir, «dictador para la redacción de leyes y la reorganización de la República».

Ese título excepcional no solo legitimaba su purga, le otorgaba autoridad para redefinir el orden republicano.

Y su reconstrucción empezó por el exterminio.

Las listas de nombres, clavadas en el foro y en los templos, eran sentencias de muerte. Pero no eran simples anuncios, establecían un sistema legalizado de exterminio con reglas claras y despiadadas.

Cualquier ciudadano podía matar a un proscrito sin juicio ni responsabilidad legal.

A cambio, recibía una recompensa: dos talentos de plata, que eran unos doce mil denarios o cuarenta y ocho mil sestercios, una fortuna considerable para un ciudadano medio.

Si el asesino era esclavo, obtenía además la libertad.

La ley no solo permitía el crimen, lo incentivaba con premios.

Los bienes del proscrito eran confiscados de inmediato y subastados públicamente, transformando el asesinato en ingreso fiscal. Pero la eliminación no se limitaba al cuerpo del enemigo, se extendía a su linaje.

Los hijos y nietos del proscrito —en especial aquellos de origen senatorial— quedaban marcados por la interdicción.

Esto significaba su exclusión perpetua del cursus honorum , la carrera política romana.

No podían ser cónsules, pretores ni ediles; no podían siquiera aspirar a un cargo público.

Sila no solo eliminaba a sus enemigos, intentaba borrar sus apellidos del futuro de Roma.

Pero el poder de Sila no se sostuvo solo en la matanza.

Para consolidar su dominio, liberó y concedió la ciudadanía romana a más de diez mil esclavos de los proscritos, a quienes otorgó su propio nomen : los Cornelios.

Este contingente de libertos, armados y agradecidos, se convirtieron en una milicia personal, un bloque de votantes y una red de clientes fieles dentro de la propia urbe.

Así se articularon los tres pilares de su régimen: el tesoro, engordado por las subastas de propiedades confiscadas; el Senado, depurado de enemigos y reforzado con trescientos nuevos miembros de rango ecuestre; y la plebe armada de los Cornelios, una suerte de guardia informal de su dictadura.

Sila no solo ejecutó a sus adversarios, borró sus linajes y financió su régimen con sus cadáveres.

Noventa senadores y más de dos mil seiscientos équites fueron eliminados, según Apiano.

Las propiedades de los caídos se vendieron a precios de rapiña, enriqueciendo a sus aliados y sirviendo, al mismo tiempo, para pagar a las legiones. El terror se volvió rentable.

En el fondo, la lex Cornelia no aspiraba a restaurar el orden, sino a reconfigurarlo. La aristocracia optimate recuperó el control del Senado con el miedo. Roma había dejado de ser una República de leyes para convertirse en un lugar donde la muerte se administraba por decreto.

El caso de Sexto Roscio Amerino, defendido por un joven Cicerón en el año 80 a.

C., reveló hasta qué punto la corrupción se había incrustado en el nuevo sistema.

Roscio padre, un ciudadano adinerado de Ameria, fue asesinado para que sus tierras pudieran ser «legalmente» confiscadas y adjudicadas a precio irrisorio a Crisógono, un liberto cercano a Sila.

El hijo, acusado falsamente de parricidio, fue llevado a juicio para cerrar el círculo del expolio.

Cicerón demostró que Roscio padre nunca había sido proscrito y que todo el proceso era una farsa montada para encubrir un robo legalizado.

Pero, en realidad, lo que se juzgaba era el nuevo orden de la República: un orden en el que la ley ya no servía para proteger a los ciudadanos, sino para blanquear asesinatos y saqueos.

La defensa de Roscio fue, en esencia, una denuncia del silencio impuesto por el terror.

Bajo Sila, la riqueza era una condena, y la justicia, una rama más del negocio de la guerra.

Sila había prometido reconstruir Roma. En realidad, la convirtió en un mercado de cadáveres.

Si Sila construyó el marco legal del terror, fue Marco Licinio Craso quien supo darle su dimensión económica.

Donde el dictador demostró que se podía asesinar por decreto, Craso evidenció que con cada muerte podía hacerse una fortuna.

Su patrimonio, uno de los más colosales de la historia republicana —Plinio el Viejo lo cifra en más de doscientos millones de sestercios—, nació literalmente de la sangre.

Durante las subastas silanas, Craso se especializó en convertir cadáveres en propiedades.

Compraba casas y tierras de los proscritos por precios ridículos, aprovechando el miedo generalizado y su impunidad como comprador.

Plutarco llegó a sugerir que él mismo añadía nombres a las listas para apropiarse de los bienes que deseaba.