Capítulo VIII Sin causa

Inés hizo una lista de acciones posibles y la lista resultó ser una forma de derrota.

La escribió a mano, en una libreta sin membrete, porque las listas hechas en ordenador tenían la costumbre de convertirse en documentos.

Los documentos se reenviaban, se imprimían, se aportaban, se malinterpretaban, se descubrían.

El papel, al menos, conservaba una relación más honesta con la destrucción.

Nulidad contractual.

Abuso de derecho.

Competencia desleal.

Apropiación de secreto empresarial.

Protección de datos.

Responsabilidad de administradores.

Fraude de ley.

Colusión / prácticas restrictivas.

Responsabilidad patrimonial indirecta.

Acción declarativa sobre titularidad.

Después, al lado de cada una, empezó a escribir los obstáculos.

Nulidad contractual: legitimación, prescripción, consentimiento informado de las partes, apariencia de equilibrio, financiación aceptada, informes favorables.

Abuso de derecho: prueba de intención, resultado dañoso concreto, conexión causal.

Competencia desleal: mercado relevante, sujeto perjudicado, explotación efectiva.

Secreto empresarial: titularidad originaria, medidas razonables de protección, carácter secreto.

Protección de datos: anonimización, finalidad compatible, base jurídica, evaluaciones de impacto quizá formalmente correctas.

Administradores: business judgment rule, delegación, ausencia de instrucción directa, decisiones colegiadas.

Fraude de ley: norma eludida, norma de cobertura, intención.

Colusión: autoridades, umbral, intercambio de información, prueba.

Responsabilidad patrimonial: administración implicada, daño individualizable, antijuridicidad.

Acción declarativa: quién demanda, con qué dinero, contra quién, en qué país.

La página quedó llena de caminos estrechos.

Inés apoyó el bolígrafo sobre la mesa.

Había derecho de sobra: contractual, societario, administrativo, sanitario, europeo, mercantil, procesal, de propiedad intelectual, de datos, de competencia. La dificultad estaba en su distribución. Cada norma iluminaba un fragmento y dejaba el conjunto en sombra.

Todo el mundo había hecho algo regulado.

Nadie parecía haber hecho el todo.

A las 9:30 se reunió con Genomira, el cliente de diagnóstico molecular.

La reunión no tenía relación con Delbran. Eso le habían dicho. Una plataforma clínica, una licencia de software, una discusión sobre finalidad de uso, una cuestión de marcado regulatorio y responsabilidad por decisiones automatizadas de apoyo diagnóstico. Trabajo ordinario.

Pero el trabajo ordinario, después de ciertas noches, empezaba a parecer una demostración.

En la pantalla estaban tres representantes de la empresa, un consultor regulatorio y un socio del despacho que hablaba con esa suavidad que los clientes confundían con ausencia de límites.

—No queremos decir que el sistema recomiende decisiones clínicas —dijo la directora de producto—. Solo que optimiza rutas de decisión.

Inés anotó la frase.

Optimiza rutas de decisión.

—Si el resultado condiciona la conducta clínica, aunque lo llamen optimización, tendrá que tratarse como apoyo a decisión —dijo.

—No condiciona. Prioriza.

—Priorizar también condiciona.

El socio la miró de reojo. Muy poco. Lo suficiente.

—Lo que Inés quiere decir —intervino— es que debemos ajustar la redacción para evitar ambigüedades regulatorias.

No. Inés no quería decir eso. Quería decir que las palabras no cambiaban la función de un sistema. Pero en una reunión de cliente, la realidad debía atravesar varias capas de cortesía antes de poder sentarse a la mesa.

La directora de producto sonrió.

—Por supuesto. No buscamos eludir nada. Solo evitar que se malinterprete.

Inés pensó que casi todas las elusiones empezaban llamándose prevención de malentendidos.

Al terminar la llamada, el socio le pidió que se quedara.

—Has estado un poco rígida.

—He estado correcta.

—Correcta puede ser rígida si el cliente necesita soluciones.

—El cliente necesita saber qué está vendiendo.

—El cliente sabe perfectamente qué está vendiendo.

—Entonces el problema es peor.

El socio suspiró.

—No estamos hablando de Delbran.

Inés se quedó quieta.

Él también pareció darse cuenta de que había dicho demasiado.

—Mario me ha informado de que hay una cuestión de conflicto —añadió.

—Una cuestión preventiva.

—Pues prevengamos que contamine otros asuntos.

—Decirle a un cliente que no disfrace una función clínica de optimización no es contaminación.

—No. Pero ver Delbran en todas partes sí lo sería.

Inés recogió su libreta.

—Delbran no es el problema.

El socio la miró con una paciencia breve.

—Entonces intenta no comportarte como si lo fuera.

La frase la acompañó de vuelta a su despacho.

Era una acusación útil: la convertía en alguien obsesionado con un nombre.

Justo lo que la estructura necesitaba. Si todo se reducía a Delbran, bastaba con destruir Delbran.

Si todo se reducía a su reacción, bastaba con cuestionar su equilibrio profesional.

El sistema tenía una gran habilidad para desplazar el objeto: de la cláusula al abogado, del contrato a la intención, de la estructura al estado emocional de quien la veía.

A las 11:12 recibió el mensaje de Sergio sobre la fuente advertida antes de su llegada.

La filtración no sigue a la investigación. La precede.

Escribió la respuesta y después se quedó mirando la frase.

La precede.

Eso cambiaba la lectura de todo.

Si la filtración se había preparado antes de que Sergio reconstruyera los activos, la investigación periodística podía formar parte de una secuencia prevista: presión pública cuando las transferencias ya estuvieran suficientemente avanzadas.

Inés abrió una nueva hoja.

Hipótesis: publicación como instrumento de saneamiento reputacional.

Debajo escribió:

1. Exposición controlada de Delbran como entidad tóxica.

2. Sacrificio de administradores o filiales seleccionadas.

3. Justificación de disolución voluntaria.

4. Reducción de presión sobre cesionarias previas.

5. Conversión de activos sensibles en fines fundacionales / filantrópicos.

6. Reapertura bajo jurisdicción alternativa.

La hipótesis no necesitaba una sala secreta ni un comité de villanos.

Bastaba con imaginar asesores razonables, cada uno resolviendo un problema concreto: reputación, continuidad, titularidad, fiscalidad, cumplimiento normativo, narrativa pública, donación de activos, responsabilidad de administradores, gobernanza ética.

La suma podía ser monstruosa aunque cada parte tuviera una minuta defendible.

A mediodía revisó las posibles acciones de nuevo.

Nada encajaba.

O encajaba demasiado tarde.

La nulidad exigiría una parte dispuesta a demandar.

Las universidades no querrían reconocer que habían cedido demasiado.

Las fundaciones no querrían aparecer como ingenuas.

Los investigadores temerían perder acceso, financiación o reputación.

Los hospitales invocarían protección de datos y confidencialidad.

Las empresas dirían que todo se había hecho con asesoramiento experto.

Las entidades sucesoras alegarían buena fe, separación patrimonial, licencias válidas, finalidad científica.

Los administradores afirmarían que no conocían aplicaciones concretas.

Los abogados recordarían que el asesoramiento jurídico no equivale a decisión empresarial.

Era una estructura diseñada para que cada defensa fuera razonable por separado.

Inés bajó a comer sola.

En el restaurante de la esquina pidió una ensalada que no quería y agua con gas.

A su lado, dos hombres hablaban de una adjudicación pública.

En la mesa de atrás, una mujer explicaba por teléfono que el expediente estaba completo salvo por una firma.

Madrid seguía haciendo lo suyo: tramitar, negociar, facturar, justificar.

El móvil vibró.

Número oculto.

Esta vez contestó.

—Inés Martínez.

Durante dos segundos no se oyó nada. Luego habló una voz masculina, tranquila, con un acento difícil de situar.

—Señora Martínez, no tenemos por qué estar en lados opuestos.

Inés no se movió.

—¿Quién habla?

—Alguien que conoce la diferencia entre una irregularidad y una interpretación retrospectiva.

—Entonces debería saber que las llamadas anónimas no ayudan a su posición.

—No estoy fijando posición.

—Está llamando a una abogada que ha recibido una comunicación de su antiguo despacho. Eso es una posición.

Una pausa leve.

—Precisa, como recordaba.

Inés sintió una corriente fría en la espalda.

—¿Quién habla?

—No convierta una cuestión de gobernanza de activos en una cruzada personal. Hay investigadores, instituciones y pacientes que podrían verse perjudicados por una lectura precipitada.

Pacientes.

Ahí estaba siempre la palabra más útil. Pacientes, salud pública, innovación, continuidad, tratamientos, prevención. El vocabulario moral que convertía cualquier pregunta sobre propiedad en una amenaza contra el bien común.

—Si hay pacientes afectados, presente la información a la autoridad competente —dijo.

—La autoridad competente no siempre es la instancia más competente.

—No vuelva a llamarme.

—Usted sabe que no hay acción viable.

Inés no respondió.

—Lo sabe —repitió la voz—. Puede haber incomodidad, mala prensa, errores de comunicación, incluso excesos contractuales. Pero no una causa limpia. Nadie serio moverá esto sin una causa.

La llamada se cortó.

Inés dejó el teléfono sobre la mesa.

La ensalada seguía intacta.

No había acción viable.

La frase debería haberla enfadado. En cambio, la asustó, porque apuntaba exactamente al centro de su lista. Quien hablaba sabía cómo pensaba una abogada. No le decía “no hay verdad”, ni “no hay daño”, ni “no hay poder”. Le decía algo más técnico y más venenoso.

Sin acción viable, no hay demanda.

Sin demanda, no hay prueba.

Sin prueba, no hay responsabilidad.

Sin responsabilidad, solo queda relato.

Y el relato puede gestionarse.

Volvió al despacho y rompió la hoja con la lista de acciones. Luego se arrepintió y guardó los pedazos en un sobre. La destrucción completa era una decisión; la conservación completa, también. Optó por una forma intermedia de absurdo que solo un abogado podía considerar prudente.

A las 16:20 tenía el hueco privado que había reservado para Sergio y que ya no servía, porque se habían visto el día anterior. Lo mantuvo en el calendario y lo usó para llamar a una antigua compañera de promoción que trabajaba en Bruselas, en un área relacionada con competencia y ayudas de Estado.

No le dio nombres. Solo describió una hipótesis abstracta: redes de contratos biomédicos, cesión de resultados derivados, sociedades interpuestas, disolución voluntaria, transferencia previa a vehículo fundacional.

Su amiga escuchó en silencio.

—Sin nombres no puedo decirte nada —dijo al final.

—Lo sé.

—Con nombres probablemente tampoco podría por teléfono.

—También lo sé.

—¿Hay daño actual?

—No demostrado.

—¿Datos personales?

—Anonimizados, al menos formalmente.

—¿Fondos públicos?

—Probablemente mezclados con privados.

—¿Competidores perjudicados?

—Investigadores, quizá empresas de base universitaria, quizá universidades.

—¿Alguien dispuesto a denunciar?

Inés pensó en Eva Roldán, aunque todavía no sabía su nombre.

—No lo sé.

Su amiga suspiró.

—Entonces tienes humo con arquitectura.

—Sí.

—Eso arde mal.

Después de colgar, Inés escribió la frase en la libreta.

Humo con arquitectura.

La frase describía bien el problema que tenía delante.

A última hora, Sergio le envió un mensaje al número manuscrito.

El periódico recibió el paquete. Quieren publicar mañana. Estoy intentando frenarlo.

Inés respondió:

No podrá frenarlo solo con dudas.

¿Con qué entonces?

Ella miró la carta de Arza, la matriz antigua, la lista rota en el sobre, la hipótesis de saneamiento reputacional.

Con una historia mejor.

Sergio tardó un minuto.

Todavía no la tengo.

Inés escribió:

Entonces encuentre qué no está en el paquete.

Envió el mensaje y apagó la pantalla.

La abogada que había en ella sabía que era un consejo peligroso. La mujer que estaba debajo sabía que era el único posible.

Porque quizá la voz anónima tenía razón.

Quizá no había todavía una acción limpia.

Eso no significaba que no hubiera daño.

Solo significaba que aún no habían encontrado el idioma jurídico en el que el daño pudiera sostenerse sin deshacerse.