CAPÍTULO 26
El precio de una obra auténtica
La mujer que nos recibió en las oficinas de la empresa de custodia llevaba doce años trabajando con mercancías de alto valor y, según nos explicó antes de sentarnos, había aprendido a desconfiar de cualquier operación en la que alguien tuviera demasiada prisa por retirar una pieza.
—La mercancía estuvo aquí treinta y ocho días —nos explicó—. Después la retiraron.
Molina abrió su libreta.
—¿Quién?
—Una empresa de intermediación. Arce Gestión Cultural. Fue quien contrató el servicio de custodia.
—¿Y quién entregó la pintura?
Teresa consultó el primer documento.
—Una empresa de transporte que trabajaba para el operador de Getafe. La recepción se hizo con una referencia de embalaje, sin descripción artística del contenido.
—Pero ustedes conservaban una fotografía del interior —señalé.
—Porque llegó con una incidencia en el cierre. Nuestro encargado pidió autorización para abrir la funda y comprobar que no hubiera daños. Después volvió a precintarla.
Nos mostró las fotografías. Eran las mismas que habíamos obtenido en Getafe, aunque tomadas desde otro ángulo. En una se distinguía la parte posterior de la tabla, con su etiqueta de colección y la esquina deteriorada que habíamos comparado con las imágenes facilitadas por Álvaro Montoro.
Teresa pasó a la siguiente hoja.
—El problema empieza cuando miran quién pagó el depósito.
El contrato estaba a nombre de Arce Gestión Cultural, pero las facturas se habían abonado mediante transferencias procedentes de otra sociedad. Molina leyó el nombre y comprobó que no figuraba en las relaciones de empresas que habíamos examinado.
—¿Es habitual que pague un tercero?
—Ocurre, sobre todo cuando hay intermediarios. Lo que no es habitual es que una empresa pague por custodiar una mercancía y otra completamente distinta venga a retirarla sin que exista una autorización previa suficientemente clara.
—¿Y ustedes la entregaron?
Teresa sostuvo mi mirada.
—Después de recibir la autorización, sí. Si consideran que hicimos algo incorrecto, tendrán que revisar el procedimiento. Yo puedo explicarles qué comprobaciones realizamos.
No parecía dispuesta a aceptar que aquella conversación terminara convirtiéndose en una acusación contra su departamento. Le pedí que continuara.
La autorización de retirada identificaba a un representante de Arce Gestión Cultural y llevaba adjunta una comunicación de la sociedad que había abonado las facturas. Ambos documentos estaban fechados el mismo día, aunque procedían de direcciones electrónicas diferentes.
—¿Conservan los originales?
—Los correos y sus anexos están en el servidor. También tenemos el justificante de entrega y las imágenes de la retirada.
Molina examinó la autorización.
—Aquí no aparece Marina Cifuentes.
—No —respondió Teresa—. Pero sí en la comunicación que recibimos cuando se contrató el depósito.
Buscó una hoja entre las primeras del expediente y nos la acercó.
Marina figuraba como persona de contacto para resolver incidencias relacionadas con la expedición. Su dirección profesional aparecía copiada en el mensaje por el que Arce Gestión Cultural había solicitado la custodia.
Aquello la vinculaba nuevamente con el recorrido de la pintura, pero la documentación planteaba una cuestión que hasta entonces no habíamos examinado: quién obtenía realmente el beneficio de aquellas operaciones.
—Necesitaremos identificar a las dos sociedades y a las personas que controlaban las cuentas —dije.
Teresa cerró la carpeta.
—Yo puedo facilitarles lo que tenemos. Lo que hicieron con la mercancía después de salir de aquí ya no puedo explicárselo.
Antes de marcharnos le pregunté por qué había conservado personalmente aquella documentación, cuando el servicio había terminado dos años atrás.
—Porque el cliente presentó una reclamación por una diferencia de peso en la retirada. Decía que el embalaje pesaba menos que cuando llegó.
—¿Y qué concluyeron?
—Que la diferencia estaba dentro del margen de los equipos utilizados. Pero no me gustó que alguien discutiera durante tres semanas por un peso que no afectaba al precio del depósito.
—¿Quién reclamó?
Teresa volvió a abrir la carpeta y señaló una dirección electrónica.
Era la cuenta de coordinación de Marina.
Dos días después, Nuria entró en mi despacho acompañada por un inspector de la unidad encargada de las comprobaciones económicas. Se llamaba Víctor Salinas y traía una carpeta más pequeña de lo que esperaba.
—No os voy a enseñar cuarenta movimientos bancarios —dijo mientras tomaba asiento—. Hay tres que explican bastante bien por qué estamos aquí.
Molina dejó su café a un lado.
—Empieza por el que tenga más dinero.
Salinas sonrió brevemente.
—Entonces empezamos por el último.
La documentación obtenida mediante las autorizaciones correspondientes permitía reconstruir parte de la actividad de Arce Gestión Cultural.
La sociedad tenía pocos empleados, facturaba principalmente servicios de intermediación y había intervenido en varias operaciones de compraventa de obras durante los últimos años.
En 2024 recibió una transferencia de ciento ochenta y seis mil euros de una sociedad extranjera, correspondiente a una operación descrita como adquisición de bienes artísticos.
—¿De qué obra? —pregunté.
—La factura no la identifica por título. Utiliza una referencia interna. Lo interesante es que, poco antes, Arce había contratado el depósito de Fuenlabrada y había gestionado la retirada de un embalaje relacionado con El estanque.
—¿Podemos demostrar que vendieron esa pintura?
—Todavía no. Podemos acreditar las operaciones, sus fechas y los intervinientes. Para identificar la obra necesitamos la documentación comercial completa y localizar al comprador.
Nuria colocó otra hoja sobre la mesa.
—La segunda operación es más reciente.
Había una transferencia de treinta y dos mil euros desde Arce Gestión Cultural a una empresa de asesoramiento logístico. Su concepto era una liquidación de servicios extraordinarios.
—¿Qué servicios? —preguntó Molina.
Salinas señaló una casilla.
—Eso queremos saber. No aparecen órdenes de transporte que justifiquen el importe.
—¿Y el tercero?
—El tercero es el que nos interesa especialmente.
Abrió una relación de movimientos de la empresa receptora. Durante los meses posteriores había realizado varios pagos a Marina Cifuentes bajo conceptos de asesoramiento y coordinación externa.
Molina levantó la mirada.
—¿Marina trabajaba también para ellos?
—No hemos localizado un contrato laboral. Sí dos facturas emitidas a su nombre y los correspondientes abonos. La documentación fiscal confirma que declaró esos ingresos como actividad profesional.
Me acerqué a la mesa.
—¿De cuánto estamos hablando?
—Veintiséis mil cuatrocientos euros, distribuidos en dos pagos.
La cifra no demostraba que Marina hubiera sustraído ninguna pintura. Tampoco que hubiera recibido una participación en su venta. Pero resultaba difícil ignorar la coincidencia entre las fechas de aquellos ingresos y las operaciones que había coordinado.
—¿Qué explican las facturas? —pregunté.
—Asesoramiento en operaciones de transporte y documentación. La descripción es bastante genérica.
Molina recogió las copias.
—¿Y eso es ilegal?
—Cobrar por asesorar, no. Ocultar una actividad incompatible con tus obligaciones profesionales, utilizarla para obtener beneficios indebidos o participar en una operación fraudulenta son cuestiones distintas. Tendremos que demostrar qué servicios prestó realmente.
Nuria abrió una última carpeta.
—Hemos comprobado también los registros laborales y las comunicaciones de Marina. Su empresa no tenía constancia de una actividad externa relacionada con esas sociedades.
—¿Estaba obligada a comunicarla? —pregunté.
—Su contrato contenía una cláusula sobre actividades profesionales concurrentes y conflictos de intereses —respondió Salinas—. Pero será necesario determinar cómo se aplicaba en su caso.
Mientras hablaban, recordé la conversación que habíamos mantenido con Marina el día anterior. Había defendido sus decisiones como actuaciones propias de una coordinadora que debía resolver problemas administrativos. Ninguna de sus respuestas incluía aquellos pagos.
—Quiero que comprobemos si las dos facturas corresponden a servicios reales —dije—. Y que identifiquemos a las personas que decidieron abonarlas.
Salinas guardó sus documentos.
—Eso estamos haciendo. También hay otra posibilidad: que alguien utilizara los pagos para justificar una remuneración que tenía un origen diferente.
—¿Puedes demostrarlo?
—Aún no.
Molina me miró de reojo. Esta vez fui yo quien dejó pasar la respuesta sin añadir nada.
La reunión con Álvaro Montoro tuvo lugar aquella misma tarde.
Habíamos considerado conveniente informarle personalmente de los avances relacionados con su pintura, aunque debíamos reservar los datos económicos que todavía estaban sujetos a comprobación.
Nos recibió en Las Rozas, en la misma habitación donde meses atrás habían fotografiado El estanque antes de enviarlo a la galería. Había retirado varios cuadros de la pared y dejado únicamente las marcas rectangulares de sus antiguos emplazamientos.
—Estoy haciendo inventario de todo —explicó al ver que los observaba—. No pensaba necesitarlo nunca.
Su mujer nos ofreció café, pero Montoro negó con la cabeza antes de que pudiéramos responder.
—Prefiero que me expliquen lo que han averiguado.
Le mostramos las fotografías recuperadas en Fuenlabrada y la documentación que acreditaba la posterior retirada del embalaje.
Las observó durante bastante tiempo. Después pidió ampliar la imagen donde aparecía la esquina deteriorada de la tabla.
—Esa marca la hizo mi padre.
Molina levantó la cabeza.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque se le cayó cuando cambiaba los muebles del salón. Yo estaba delante. Mi madre se enfadó muchísimo.
Se inclinó para mirar mejor la fotografía.
—Durante años quiso arreglarla, pero mi padre decía que prefería dejarla como estaba.
—¿Conserva alguna imagen anterior donde pueda verse? —pregunté.
—Seguramente. Tendré que buscar.