CAPÍTULO 19
El regreso
Reconocí la avenida antes de que el coche terminara de salir del aparcamiento de la estación.
Habían cambiado algunos edificios y la acera era más ancha de lo que recordaba, pero la disposición de las calles seguía siendo la misma.
A nuestra derecha, un hombre esperaba junto a una parada de autobús con una maleta apoyada entre las piernas.
Doce años atrás yo había pasado por allí casi todos los días durante una investigación que terminó con una confesión, una condena y demasiadas preguntas sin responder.
—¿Por dónde vamos? —preguntó Molina desde el asiento delantero.
Marta Seguí conducía. Había venido a recogernos después de que llegáramos en tren desde Madrid.
—Primero al archivo de la empresa de transportes. Nos han reservado dos horas para consultar los originales y hablar con el responsable de custodia. Después podemos revisar en dependencias policiales lo que tengáis pendiente.
—¿Dos horas nada más?
—La empresa está trasladando parte de sus instalaciones. Han aceptado conservar los expedientes que solicitasteis, pero el encargado tiene una reunión a media tarde.
Molina se volvió hacia mí.
—Espero que los documentos sean mejores que el café del tren.
—Podrías haber desayunado antes de salir —respondí.
—Desayuné. Ese es precisamente el problema.
Marta sonrió sin apartar la atención del tráfico.
Habíamos organizado el desplazamiento porque las copias obtenidas en Madrid no permitían reconstruir completamente dos expediciones antiguas gestionadas por empresas que después habían quedado vinculadas a la red de transportes que investigábamos.
Los originales seguían en Alicante. Necesitábamos comprobar las firmas de recepción, los movimientos posteriores y los documentos de custodia para identificar qué registros podían existir también en las operaciones más recientes.
La visita estaba autorizada dentro de las diligencias por la muerte de Mateo.
No pretendíamos demostrar que los transportes de 2014 estuvieran relacionados con su asesinato, sino comprender cómo funcionaba una cadena logística en la que podían intervenir varias empresas sin que todos sus movimientos quedaran reflejados en la documentación comercial.
La investigación de Irene seguía un camino diferente. Marta estaba realizando por separado las gestiones para localizar la antigua taquilla diecisiete.
Antes de confirmar el viaje había hablado con Elena. Lo desplazamos dos días para que pudiera atender sus compromisos profesionales y dejamos organizada la atención de los niños. La conversación fue breve; esta vez no tuve que comunicarle una decisión que ya había tomado.
—¿Has vuelto desde entonces? —me preguntó Marta cuando nos detuvimos en un semáforo.
—No.
—Han cambiado bastantes cosas.
Miré hacia los edificios que quedaban al otro lado de la calzada.
—Algunas las reconozco.
Marta no insistió. Cuando el tráfico comenzó a moverse, continuó hacia la zona portuaria.
Pensé en Damián Rueda. Durante años habíamos creído que su confesión permitía explicar la muerte de Irene.
Después descubrimos que Lozano Gestión de Activos le había transferido ciento cincuenta mil euros el 24 de septiembre de 2014, ocho días antes de que reconociera el asesinato.
Las comunicaciones recuperadas relacionaban aquel dinero con un compromiso cuyo cumplimiento se confirmó después de la confesión.
El pago estaba acreditado. Lo que seguíamos sin conocer era quién había decidido que Rueda asumiera la responsabilidad y qué pretendía proteger con aquella operación.
Doce años después regresaba a Alicante con más pruebas que entonces, pero todavía sin una explicación completa de lo ocurrido.
El responsable de la documentación se llamaba Andrés Cobo.
Nos recibió en una oficina situada junto a una nave de almacenamiento, con una camisa de manga corta y las manos manchadas de tinta azul.
Tenía sobre el escritorio dos cajas abiertas, varias hojas de inventario y un ordenador cuyo ventilador hacía más ruido que el sistema de climatización.
—He revisado las referencias que me enviaron —dijo después de comprobar nuestras identificaciones—. Hay un problema con una de las solicitudes.
Nos mostró una hoja donde había marcado tres expediciones.
—Estas dos corresponden a servicios de transporte especializado realizados por una sociedad que después quedó integrada en el grupo que están investigando. La tercera pertenece a un cliente distinto.
Reconocí el número. Era la operación relacionada con una sociedad mercantil que también aparecía en el expediente antiguo de Irene.
—¿No pueden facilitarnos esa documentación? —pregunté.
—Necesito que justifiquen su relación con la investigación actual. No voy a entregar información de otro cliente porque aparezca en la misma carpeta.
Marta intervino antes de que respondiera.
—Las dos primeras referencias están incluidas en la solicitud que se les remitió. Empezaremos por ellas. Si después resulta necesario ampliar las diligencias, se tramitará por separado.
Cobo pareció satisfecho.
—Perfecto. Así podremos hacer las cosas correctamente.
Nos acompañó a una habitación contigua donde habían colocado los archivadores que Inés Bellido había identificado en Madrid. Algunas carpetas conservaban las etiquetas originales; otras llevaban pequeñas tiras de papel con referencias añadidas durante la mudanza.
El olor a cartón antiguo me recordó el archivo donde habíamos buscado durante meses los documentos desaparecidos de Irene.
—Estos son los originales que conservamos —explicó Cobo—. Las copias digitales se hicieron hace años, pero no siempre incluyen el reverso de las hojas.
Molina abrió la primera carpeta.
La expedición correspondía a un transporte de material artístico realizado en 2014. La orden comercial indicaba como destino una instalación del puerto de Alicante. En el justificante final aparecía un almacén de tránsito, exactamente la discrepancia que habíamos encontrado en Madrid.
—Queremos saber quién autorizó ese cambio —dije.
Cobo examinó las hojas.
—Aquí no lo pone. Pero quizá encontremos algo en el documento de recepción.
Separó con cuidado dos páginas que permanecían unidas por una grapa oxidada. Debajo apareció una copia de papel autocopiativo con varias anotaciones apenas visibles.
La colocamos bajo una lámpara.
—Ese sello no figuraba en el archivo digital —comentó Molina.
Cobo acercó la hoja.
—Es el de la empresa que recibió físicamente la mercancía.
El sello identificaba a Depósitos Miramar, una sociedad dedicada al almacenamiento temporal y a la distribución de cargas especiales. Junto a él había un número de entrada, una fecha y una firma.
—¿Era el destinatario final? —pregunté.
—No necesariamente. Podían recibir la mercancía y mantenerla hasta que otro operador completara la entrega.
—¿Hay constancia de esa segunda salida?
Cobo buscó una referencia en el margen.
—Aquí aparece un número de movimiento posterior. Si se conservó el expediente, debería estar en otro archivador.
Molina anotó el código y comenzó a revisar las carpetas que teníamos autorizadas.
Pasaron varios minutos antes de que encontrara una hoja relacionada con aquella entrada. No describía una nueva expedición, sino el cierre de un servicio de almacenamiento.
—Aquí está —dijo.
El documento indicaba que la mercancía había permanecido dos días en el depósito antes de entregarse a otro transportista. La firma de recepción no era la misma que aparecía en la orden original.
—¿Se hizo todo con una sola referencia comercial? —preguntó Molina.
—Sí. El cliente contrataba el transporte completo, pero podían intervenir varias empresas. Los movimientos internos se documentaban en registros diferentes.
Cobo señaló la casilla destinada a observaciones.
—Por eso es importante no confundir la fecha de entrega que figura en una orden con el momento en que la mercancía llegó realmente a su destinatario.
Me quedé examinando aquellas dos hojas.
En el caso de El estanque , la parada de Getafe había quedado fuera del documento comercial que llegó al taller de Nerea. Allí también intervenían varias empresas y existía una diferencia entre el recorrido contratado y el que se había realizado.
Aquella expedición antigua no demostraba que ambas operaciones fueran fraudulentas. Pero nos permitía identificar un procedimiento y, sobre todo, la clase de registros complementarios que debíamos exigir para reconstruir las entregas.
—¿Depósitos Miramar sigue funcionando? —pregunté.
—Con ese nombre, no. La actividad pasó a otra empresa hace años. Tendría que consultar las fechas exactas.
—Necesitamos identificar a la sociedad sucesora y conocer qué documentación de custodia conserva.
Cobo miró el reloj.
—Puedo facilitarles la información mercantil que tenemos archivada. Para los movimientos recientes tendrán que dirigirse a los actuales responsables.
Molina cerró una de las carpetas.
—¿Y el documento de la otra expedición?
Cobo nos condujo hasta una mesa donde había colocado el segundo expediente.
En aquella ocasión, el destinatario y el receptor coincidían. No aparecían almacenes intermedios ni modificaciones del recorrido.
—Así que no todos los servicios seguían el mismo procedimiento —comenté.
—Claro que no. Dependía de lo contratado.
La respuesta de Cobo fue acompañada por un gesto de impaciencia.
—Y eso tampoco significa que las operaciones con almacenes de tránsito fueran irregulares. Son habituales en nuestro sector.
—No estamos afirmando lo contrario —respondí.
—Se lo digo porque llevo días recibiendo llamadas sobre esos documentos. Hay empresas que trabajaron correctamente durante años y ahora parece que todo lo que tocaron es sospechoso.
Molina cerró su libreta.
—Precisamente estamos intentando diferenciar unas operaciones de otras.
Cobo aceptó preparar las copias y documentar la procedencia de los originales. Acordamos que los registros quedarían preservados mientras se completaban las solicitudes correspondientes.