La ría no olvida (El secreto de la ría 3) 20. La sala
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20. La sala

La sala

San Fernando de Henares

Inés Arregui se sentó en el banco de la acusación pública, a la derecha del tribunal, con su toga negra, sus gafas de pasta negra y tres carpetas de anillas de cinco centímetros de grosor alineadas delante de ella con una precisión de regla.

Tenía sesenta y cuatro años. Llevaba treinta y siete en la carrera fiscal, catorce en la Fiscalía Especial Antidroga, dos y medio como fiscal jefe.

Había hecho aquel camino, desde el banco de la acusación hasta el estrado de los magistrados, cientos de veces. Nunca había tenido frío en una sala.

Aquella mañana lo tenía.

Los trajeron a las diez menos cuarto, por una puerta lateral, de dos en dos, esposados, con dos policías nacionales cada uno.

Yorman Pérez Medina, el primero, con un chándal gris y la cabeza rapada, sin sonreír. Ya no sonreía nunca. Había dejado de hacerlo en marzo de 2027, en el paso elevado de Guísamo, con un cabo de la Guardia Civil muerto en el asfalto. Se sentó en la pecera de cristal sin mirar a nadie.

Brais Carballo Rial, veintisiete años, alto, delgado, con una camisa blanca que le quedaba grande y la cara de un chico que ha crecido en una cárcel.

Detrás de él, despacio, apoyado en un bastón de madera, su padre.

Celestino Carballo Pazos. Chucho el Carnicero.

Setenta y cuatro años. Ya sin silla de ruedas, que nunca había necesitado.

Encorvado, flaco, con la cara torcida de verdad ahora, de un segundo ictus que le había dado en Teixeiro en la primavera de 2028, el brazo izquierdo colgando inerte de verdad junto al cuerpo.

Arrastraba el pie. Se sentó junto a su hijo con un gruñido.

Brais le colocó el bastón contra el banco con un cuidado que a Arregui le resultó insoportable.

Wilmer Sanoja Rivas, el Mocho, con el hombro derecho todavía rígido de la bala de 2027, las manos enormes sobre las rodillas, la mano izquierda con tres dedos.

El inspector Damián Sotelo Vieites, que no estaba en la pecera porque estaba en libertad provisional con fianza de doscientos mil euros que había pagado alguien.

Entró por la puerta del público, con un traje gris oscuro impecable, una corbata azul y su sonrisa franca de buen padre de familia, y se sentó en la primera fila del banquillo de los acusados en libertad, junto a su abogado.

No llevaba el reloj de la esfera azul. Llevaba uno de plástico, negro, barato, de los de correr.

Y doce más. Los de la rampa de 2026. Los de las lanchas. Los de las furgonetas. Los que habían cobrado. Los que habían mirado hacia otro lado.

Y la última, sola, con dos policías nacionales mujeres a cada lado, Gabriela Ruiz-Ochoa Benavides.

Arregui no la veía desde marzo de 2027. Desde la sala sin ventanas de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez donde se le había tomado la primera declaración, la que no había hecho.

Dos horas sentada frente al juez central de instrucción con las manos sobre las rodillas, la espalda recta, la mirada fija en un punto de la pared, repitiendo la misma frase cada vez que le hacían una pregunta.

Me acojo a mi derecho a no declarar. Ni su nombre. Ni su fecha de nacimiento. Nada.

Había cambiado poco. Estaba más delgada.

Tenía el pelo negro recogido en el mismo moño bajo, sin un mechón fuera de sitio, pero ahora había hebras grises en las sienes que no se teñía.

Llevaba un traje de chaqueta de lana gris marengo que alguien le había llevado a la cárcel para el juicio, una blusa de seda blanca abotonada hasta el cuello y, al cuello, el pañuelo de seda verde.

Sin collar de perlas. Las perlas estaban en un sobre de pruebas en un almacén de la Audiencia Nacional desde hacía dos años y medio.

Se sentó en la pecera, en el extremo, separada de los demás por un hueco de un asiento vacío. Cruzó las piernas. Puso las manos sobre la rodilla, una encima de la otra.

Y miró al frente. A la pared de madera clara detrás del estrado. A un punto concreto, a la altura del escudo de España, como si allí hubiera algo escrito que solo ella pudiera leer.

Arregui conocía aquella mirada. La había visto en otros banquillos, en otros juicios, en otros acusados. En etarras. En capos colombianos. En un banquero que se había llevado ochocientos millones. Era la mirada de alguien que ha decidido que lo que pasa en esa sala no le está pasando a él.

Las cuestiones previas duraron hasta la una.

Las defensas pidieron la nulidad de las escuchas de 2026.

Pidieron la nulidad del registro de la depuradora.

Pidieron la nulidad de la declaración de Bieito Castro por haber sido obtenida a cambio de beneficios penitenciarios.

Pidieron la nulidad de la nota de Fernando Arnoso encontrada en la plantilla de una zapatilla por una sargento de la Guardia Civil sin orden judicial, sin acta, sin cadena de custodia.

El abogado de Gabriela Ruiz-Ochoa, Fernando de Sotomayor, un hombre de cincuenta años, delgado, elegante, con el pelo gris cortado a navaja y unas gafas sin montura, que era el penalista más caro de Madrid desde que Uribe-Salas se había pasado a las concesiones portuarias, habló cuarenta minutos sin mirar ni una vez sus papeles.

El tribunal se reservó la decisión para la sentencia. Como siempre.

A la una y diez, el presidente del tribunal, un magistrado de sesenta y seis años, de Teruel, con una barba blanca recortada y una voz muy suave, anunció que se procedía al interrogatorio de los acusados. Que empezaría por la acusada Gabriela Ruiz-Ochoa Benavides.

Una policía nacional abrió la puerta de la pecera. Gabriela se levantó. Caminó hasta la silla de los acusados, en el centro de la sala, frente al estrado, sola, con su traje gris y su pañuelo verde, con la cabeza alta. Se sentó. Cruzó las piernas. Puso las manos sobre la rodilla.

—Señora Ruiz-Ochoa —dijo el presidente—, ¿va a contestar a las preguntas de las partes?

Gabriela tardó un segundo.

—Me acojo a mi derecho a no declarar, señoría.

La primera frase que decía en público en dos años y medio. Tenía la voz grave, suave, culta, con el acento caribeño pulido hasta casi desaparecer. La sala entera se quedó en silencio, como si hubiera oído hablar a una estatua.

—Muy bien. Puede volver a su sitio.

Gabriela se levantó. Y fue entonces, al levantarse, al volverse hacia la pecera, cuando su abogado, Fernando de Sotomayor, se inclinó hacia ella desde su banco y le dijo algo al oído. Muy deprisa. Muy bajo. Tres o cuatro palabras.

Arregui lo vio. Estaba a seis metros.

Vio cómo Gabriela se quedaba quieta un instante, a medio paso, con un pie delante del otro.

Vio cómo bajaba la vista al suelo. Vio cómo, muy despacio, levantaba la mano derecha hasta el cuello, hasta el pañuelo de seda verde, y lo tocaba con dos dedos, como quien se toca una herida para comprobar si todavía sangra.

Luego siguió andando hasta la pecera. Se sentó en el extremo. Cruzó las piernas.

Pero ya no miró a la pared.

Miró a Arregui.

A la una y media, en el receso, Arregui salió al pasillo de los fiscales y llamó a la dirección de Soto del Real.

—Se la entregamos a las siete menos cuarto, fiscal —dijo la subdirectora de tratamiento, una mujer de voz cansada a la que Arregui conocía de otros juicios—.

En la celda. Antes del furgón. Con el paquete abierto, como manda el protocolo, porque ya se había revisado.

La maceta, la tierra, la flor. Nada más.

—¿Cómo reaccionó?

La subdirectora tardó en contestar.

—La funcionaria que se la llevó dice que la interna se quedó mirándola mucho rato sin tocarla.

Sentada en la cama. Que luego se levantó, la cogió con las dos manos y la puso en el alféizar de la ventana, al sol.

Y que luego se sentó otra vez y se quedó mirándola.

—Hizo una pausa—. La funcionaria lleva veinte años en Soto, fiscal.

Dice que en la galería de mujeres hay presas que lloran todas las noches y presas que no lloran nunca.

Que la venezolana es de las que no lloran nunca.

—¿Y lloró?

—No, fiscal. No lloró. —Otra pausa—. Pero la funcionaria dice que, cuando salió de la celda para ir al furgón, se volvió desde la puerta a mirar la flor. Y que nunca, en dos años y medio, la había visto volverse a mirar nada.

A las cinco y veinte de la tarde, cuando ya se había levantado la sesión y los furgones se llevaban a los presos y la sala se vaciaba, el abogado Fernando de Sotomayor se acercó a la mesa de la acusación pública con su cartera de piel en la mano y su sonrisa de penalista caro.

—Fiscal Arregui.

—Letrado.

—Una cortesía profesional. Para que no la coja por sorpresa el miércoles.

—Sotomayor dejó sobre la mesa una carpeta de cartulina—.

La defensa va a solicitar al tribunal la incorporación de esta documentación al interrogatorio de la testigo Lucía Varela Brea.

Mañana presentaré el escrito. Le adelanto una copia.

Arregui no la abrió.

—¿Qué es?

—Información relevante sobre la credibilidad de la testigo.

—Sotomayor se ajustó las gafas sin montura—.

Su expediente disciplinario de 2024. Las conclusiones del informe psicológico que se le hizo entonces.

Su relación sentimental con otro testigo de la acusación, Martín Pereiro, condenado por narcotráfico.

Y un informe sobre su conducta en las últimas tres semanas, incluyendo su presencia no autorizada en una infraestructura portuaria crítica el pasado 31 de agosto.

Arregui le miró por encima de las gafas de pasta negra.

—Ese informe psicológico es confidencial, letrado. Es un documento interno de la Dirección General de la Guardia Civil. No ha estado nunca en la causa.

—Ahora sí. —Sotomayor sonrió—. Llegó ayer a mi despacho. Por correo certificado. Sin remitente.

Se dio la vuelta y se fue por el pasillo central de la sala vacía, despacio, con su cartera de piel, entre las ciento veinte sillas del público.

Arregui se quedó sentada en el banco de la acusación pública mucho tiempo, con la carpeta cerrada delante de ella, sin tocarla, mientras los ujieres apagaban las luces del fondo de la sala una a una.

Luego cogió el móvil.

—Sargento primero —dijo, cuando Lucía contestó—. Siéntese.