20 · LA CUENTA PENDIENTE #7
Antes de firmar el resumen, Inés exigió que constaran también los límites de la reconstrucción.
No se había recuperado un registro bancario que identificara cada pago en efectivo; la corroboración procedía de las declaraciones incorporadas, las fechas, las compras verificables y las anotaciones, y no todas las entregas podían asignarse a una cantidad exacta ni a un destinatario concreto.
La cronología fijada en el expediente situaba la muerte de Victoriano el 16 de octubre de 1977; los ataques contra Rosa y Javier, el 12 y el 13 de octubre de 2026, respectivamente; el recibo de La Campa, el 12 de marzo de 2026 a las 14:22; y la compra de las cinco hachas de trabajo, el 10 de septiembre de 2026.
Esas fechas se apoyaban en la confesión contrastada, las declaraciones y los registros incorporados.
La valoración de seiscientos millones correspondía a una estimación potencial en pesetas de 1976, no a dinero encontrado ni a una suma efectivamente cobrada.
Inés dejó constancia de que los límites probatorios seguían siendo importantes: la confesión no sustituía la pericia mecánica que faltaba en el accidente de Victoriano ni permitía atribuir cada compra anónima a una persona sin corroboración independiente.
La investigación podía cerrarse sin fingir que todas las dudas del pasado habían desaparecido. Lo esencial, por fin, podía probarse.
La revisión de las fotografías confirmó que el orden cronológico permitía comparar cada objeto con el estado documentado de la escena. Las semejanzas entre las hachas servían para orientar la investigación, pero no reemplazaban la identificación individual de cada una.
En las declaraciones finales, Inés separó las observaciones directas de los recuerdos tardíos y de las inferencias. Esa distinción evitaba presentar como identificación personal lo que algunos testigos solo habían percibido como una presencia, un ruido o una sensación de temor.
La copia digital conservó la relación entre cada documento, su fecha de incorporación y el acta de custodia. Los originales quedaron bajo resguardo judicial; cualquier revisión posterior podría volver al soporte registrado, en lugar de depender de transcripciones o de la memoria de los agentes.
Maximer y María Jesús aceptaron que sus aportaciones se valoraran dentro de esos límites. Habían ayudado a localizar documentos y a reconstruir el contexto, pero no pretendían sustituir el trabajo de los investigadores ni el examen pericial.
La unidad informática incorporó al informe los resultados de los mensajes y llamadas anónimas. No todos pudieron atribuirse a un móvil concreto, pero los datos útiles quedaron preservados y relacionados con los horarios de las víctimas.
El laboratorio cerró el inventario definitivo.
Había ocho hachas amarillas distintas, todas vinculadas a las compras registradas en la ferretería de Manolo: tres habían sido utilizadas en los homicidios y cinco habían servido como señales.
Las tres armas homicidas eran: 1) la utilizada contra Jorge en La Abadía, comprada el 5 de octubre; 2) la utilizada contra Lucía en Fuente Cobre, cuya compra del 10 de octubre constaba en el registro; y 3) la utilizada contra Diego en la sacristía de San Salvador, cuya venta del 11 de octubre no identificaba al comprador.
Las cinco señales eran: 4) la que Paula compró el 4 de octubre y clavó en la barandilla del mirador del Puerto de Piedrasluengas; 5) la que Paula compró el 7 de octubre y escondió detrás de una piedra, en el exterior de la entrada a Fuente Cobre; 6) la que apareció clavada en la pared de la cueva, con una R artesanal en el mango; 7) la que Felipe colocó delante del altar de San Salvador como mensaje, distinta del arma que llevaba el cuerpo de Diego; y 8) la que Felipe colocó dentro de Carracedo, junto a un recibo fechado el 12 de octubre.
Las notas «NO FIRMÉIS. O HAbrÁ CUARTO», «NO FIRMÉIS O HAbrÁ OTRO» y «VAN CUATRO.
QUEDA UNO. R.» eran mensajes escritos en papel y no correspondían a nuevas hachas.
La nota del último mensaje se dejó en el lugar de la cueva después de que la señal de pared ya hubiera sido recogida; no debía contarse dos veces.
Aparte de las ocho amarillas estaba el hacha antigua de mango de madera encontrada junto a Eusebio.
No estaba clavada en el cuerpo y no había pruebas concluyentes de que fuera el arma homicida; Felipe la dejó allí para desviar la investigación.
Por último, Victoriano había comprado cinco hachas de trabajo en Manolo el 10 de septiembre de 2026 para utilizarlas en la nave de Palencia y fabricar cuñas de roble.
Trabajaba en Palencia, no en un taller de la zona.
Esas cinco herramientas no tenían relación con los crímenes.
El recuento físico definitivo era, por tanto, de catorce piezas: ocho hachas amarillas, una antigua de mango de madera y cinco herramientas de trabajo.
En las fotografías de detalle, la R artesanal quedó documentada únicamente en el mango del hacha hallada junto al cuerpo de Jorge en La Abadía y en el mango del hacha clavada en la pared de la cueva.
La letra del reverso de la fotografía de 1976 y la R de la hoja de Felipe eran anotaciones sobre papel, no marcas de otras hachas; tampoco llevaba esa R el hacha antigua de Eusebio ni ninguna de las cinco herramientas de Victoriano.
La investigación también dejó claro que una compra no probaba por sí sola el uso de un arma.
Cada atribución dependía de la combinación de recibos, declaraciones, rastros y cronología.
Del mismo modo, la huella parcial junto a la piedra de Fuente Cobre es compatible con un acceso anterior al hallazgo, pero no identifica a Felipe ni permite fijar por sí sola la hora en que se marcó el hacha.
El juez recibió un resumen de la cadena de custodia y los informes periciales. Así podría examinarse en el juicio qué pruebas sostenían cada conclusión y cuáles habían servido únicamente para abrir una línea de investigación.
Cuando Paula y su hermano salieron del cuartel, no hablaron de justicia ni de la mina.
Se sentaron en el coche sin arrancar. Él tenía la copia de una foto de su padre; Paula llevaba el papel donde había anotado las fechas de las hachas.
Al cabo de un rato, su hermano dijo que no sabía qué recordar primero: al hombre que había sido su padre o al hombre que el expediente acababa de devolverles, una víctima de un crimen oculto durante décadas.
Paula respondió que no tenían que escoger.
Podían conservar los recuerdos buenos sin negar lo que le habían hecho.
Ninguno encontró una frase mejor. Se quedaron allí hasta que la lluvia empezó a golpear el parabrisas.
Los hijos de Victoriano recibieron información por los cauces oficiales. Paula seguía afectada por las sospechas que habían recaído sobre ella, mientras su hermano intentaba asumir que la muerte de su padre había sido deliberada.
Durante la espera, Paula sacó del bolso un papel doblado con las fechas de sus dos compras.
Lo había escrito para no confundirlas cuando la interrogaran.
No intentó justificar por qué había escondido las hachas; explicó que temía que alguien las encontrara y las utilizara para incriminarla.
Su decisión había sido imprudente y había entorpecido la investigación, pero no era lo mismo que haber participado en los asesinatos.
Cuando su hermano le preguntó por qué no había acudido antes a la Guardia Civil, Paula respondió que llevaba años creyendo que, en La Pernía, hablar solo servía para que otros decidieran qué significaban tus palabras.
Paula pidió ver a Alberto antes de marcharse.
No preguntó si el pueblo volvería a confiar en ella; preguntó si en el expediente quedaría claro que sus compras no demostraban que hubiera matado a nadie.
Alberto le explicó que sus dos hachas habían sido localizadas, fotografiadas y separadas de la serie utilizada en los crímenes; que la marca añadida después no probaba quién la había escrito; y que las pruebas disponibles no la vinculaban con los homicidios.
—No quiero que escriban que fui inocente porque alguien me lo ha dicho —respondió Paula—. Quiero que escriban por qué no pueden acusarme.
—Eso es exactamente lo que debe constar —dijo Alberto—. Una sospecha no se borra con otra sospecha. Se contrasta con los hechos.
Su hermano la esperaba junto a la puerta.
Paula no lo abrazó enseguida. Primero miró la carretera, como si aún esperara que alguien apareciera para pedirle explicaciones.
Después se acercó a él y apoyó la frente en su hombro.
No era alivio completo. Era, al menos, el final de una acusación que había empezado a pesar más que las pruebas.
Victoriano no abandonó la zona de inmediato. Se quedó el tiempo necesario para declarar, recoger sus pertenencias de la habitación alquilada en La Campa y acompañar a su hermana en los primeros días después de conocerse la verdad.
En La Campa nadie necesitó organizar una reunión para hablar de lo ocurrido. Los vecinos entraban al bar, pasaban a la cocina si eran de la familia y conversaban con la cautela de quienes llevaban años compartiendo mesa y recuerdos.
Andrés y Enrique ya no podían esconderse detrás de una memoria incompleta. Los documentos no los convertían automáticamente en culpables de todos los hechos, pero obligaban a distinguir qué sabían del hallazgo y qué habían callado después.