Capítulo 64 — La ruta de entrega
La ruta de entrega
El reglamento establecía que los avisos sobre pruebas que pudieran afectar a una comunidad debían seguir dos vías: copia a la unidad municipal responsable de sistemas y copia al comité comunitario del punto afectado.
Si el ensayo era solo una medición externa sin maniobra, bastaba con informar a la autoridad de servicio; si incluía una modificación de válvula o lectura de caudal, se requería confirmación del comité local antes de ejecutarse.
Darío revisó el registro. El formulario estaba clasificado como “comparación externa, fase preliminar”. Esa categoría exigía aviso a la unidad técnica y a la autoridad de servicio, pero no al comité comunitario, a menos que se cambiara el método o se abriera una salida.
—Entonces el aviso a C.L.S. cumplía una parte del procedimiento —dijo Mariela—. No demuestra que hubiese consentimiento, porque para la fase preliminar tal vez no era requisito. Pero si después se propuso una repetición con cambio de posición, ahí sí hacía falta confirmación comunitaria.
El reglamento decía también que la Coordinación Local de Sistemas debía reenviar a la autoridad de servicio cualquier aviso relacionado con una fuente comunitaria.
El acuse podía firmarlo la secretaría municipal y luego se debía archivar la constancia de entrega.
La Mesa no encontró ese segundo comprobante.
Rosa preguntó si la oficina técnica tenía que remitirlo al comité local. El reglamento respondía que no directamente: debía comunicarlo a la autoridad municipal, que decidía si correspondía convocar al comité según el alcance de la prueba.
—¿Quién era autoridad de servicio de E-2 en mayo de 2018? —preguntó Cira.
El índice de funciones señalaba a la junta de La Ceiba como responsable de la fuente, con el municipio como operador de la caseta. La Mesa no encontró una delegación formal de la junta al municipio para autorizar pruebas interfuentes.
—Eso quiere decir que el municipio podía recibir el aviso y coordinar el equipo —dijo Rosa—, pero no necesariamente consentir una prueba que cambiara la operación de nuestra fuente.
—Así lo describe el reglamento —respondió la abogada de la cooperativa—. La conclusión jurídica concreta dependería de los documentos completos y las normas de ese momento. Lo que sí podemos afirmar es que el aviso no sustituía una autorización comunitaria cuando esta era exigible.
La hoja de ruta R-4 registraba cuatro pasos. Emitido por Planificación; recibido en la bandeja de Coordinación Local de Sistemas; remitido a Operaciones Municipales; retorno a Archivo. El tercer paso tenía una marca de lápiz, pero no fecha ni iniciales. El cuarto estaba vacío.
—¿Y el acuse? —preguntó Mariela.
—No aparece —dijo Darío—. El reglamento indica que debía existir, pero el conjunto consultado no lo contiene.
La junta de La Ceiba pidió a la Mesa una búsqueda específica del libro de bandeja y de la secretaría municipal.
No solicitó nombres personales todavía. Quería saber si el paquete pasó a Operaciones, si se convocó al comité y si había una respuesta formal.
Rosa no quería que el vacío documental se convirtiera en acusación automática de retención.
—La falta del acuse tiene consecuencias prácticas —dijo—. No sabemos si nos avisaron. Eso basta para pedir la revisión. No basta para decir quién lo perdió.
Elia preparó una tabla para la cooperativa: emisión comprobada; destino administrativo identificado; reenvío a Operaciones marcado sin fecha; recepción final no comprobada; notificación al comité comunitario no localizada.
La tabla incluía una nota de alcance: como la prueba preliminar era externa y sin maniobra, el aviso a la unidad técnica podía satisfacer el procedimiento inicial; cualquier repetición que modificara una válvula requería otro paso de autorización.
La reunión terminó sin dictamen legal. La abogada recomendó que La Ceiba presentara una solicitud de revisión administrativa centrada en la cadena de notificación, no una denuncia contra una persona.
La junta aceptó. También pidió que la Mesa no usara el rótulo “comunidad informada” mientras no apareciera un acuse o una constancia equivalente.
En la noche, Mariela llevó a Amara un resumen de la reunión.
—El aviso iba a la unidad municipal. El procedimiento pedía que esa unidad lo pasara a la autoridad de servicio. No encontramos constancia de que lo hiciera.
—¿Y la junta tenía que autorizar la comparación inicial?
—Según el reglamento, la comparación externa sin maniobra requería aviso, no necesariamente consentimiento. Pero una repetición con cambio de válvula o medición de caudal sí necesitaba confirmación local.
—¿Hubo una repetición así?
—No en los registros que encontramos. La lectura del 11 de mayo fue calibración, y el aislamiento de junio fue mantenimiento. La pregunta ahora es si hubo una propuesta de cambio que nunca se ejecutó o solo campos de plantilla en M-6.
Amara escuchó con atención. No le pidió que concluyera más de lo que había leído.
—La hoja de aviso importa aunque no haya cambiado el agua —dijo—. A la gente le importa saber que una prueba se hizo sobre su fuente.
—Sí. La información también forma parte del consentimiento, aunque el reglamento antiguo no lo tratara igual para cada etapa.
Mariela le contó que la junta había solicitado buscar el libro de bandeja. Amara apoyó la frente un momento contra la de ella.
—Espero que aparezca el papel.
—Yo también. No para encontrar a quién culpar, sino para saber si el aviso llegó hasta donde debía.