Capítulo 54 — El traslado a Santo Domingo
El traslado a Santo Domingo
La notificación no traía una dirección de acceso público. Solo un nombre de unidad, un número de traslado y una categoría: Incidentes de memoria compartida. Cira no quiso llamar a la Mesa antes de que la junta de La Ceiba decidiera qué información podía llevarse a la consulta.
Rosa convocó a una reunión corta. La comunidad autorizó solicitar el índice de traslado y el estado de custodia del anexo de continuidad, pero no la lectura de testimonios, nombres ni partes mágicas del expediente.
La delegación podría verificar dónde y cuándo se movió el documento, quién era responsable de custodiarlo por función y si existía una copia técnica separada.
—No vamos a entrar a leer la historia completa de otra comunidad —dijo Rosa—. Si el anexo está pegado a un testimonio, separamos lo que se pueda separar. Si no, nos vamos.
Cira aceptó. La cooperativa de Puerto Plata autorizó a Elia y Mariela para acompañar la consulta, pero no a Amara. La decisión no era un juicio sobre su habilidad; el archivo incluía ecos y testimonios y la junta no había pedido una percepción.
—No tengo que estar en cada lugar donde aparece agua —dijo Amara cuando Mariela le explicó—. Si quieren que participe después, lo decidirán.
—¿No te inquieta que encuentren algo y no estés ahí?
—Me inquieta más que me inviten para que mi don confirme una sospecha que todavía no han formulado con claridad.
Mariela le apretó la mano.
—Te llamo cuando sepamos qué podemos compartir.
La sala de archivo de la Mesa quedaba en un edificio antiguo de Santo Domingo, detrás de una recepción donde nadie podía entrar sin registrar motivo y autorización.
Los recibió Darío, responsable de transferencias documentales.
Antes de consultar el sistema, leyó los límites de acceso y comprobó las cartas de cada comunidad.
—El archivo de incidentes no es una sola carpeta —explicó—. Tiene informes técnicos, testimonios, notas de custodia y registros de escucha. La referencia M-6 aparece como anexo técnico, pero estuvo asociada a un expediente con datos reservados.
Rosa había participado por videollamada. Pidió que el grupo confirmara si podían ver la ruta de traslado sin abrir los documentos que rodeaban M-6.
Darío revisó el inventario. M-6 había sido recibido en la unidad central el 22 de agosto de 2019, bajo una caja identificada como IC-14 / revisión de correlaciones.
En 2022, la caja pasó a una sección de consulta restringida.
El índice no decía que el anexo hubiera sido usado en una escucha; solo lo agrupaba con el expediente de incidentes porque la revisión comparaba anomalías físicas con reportes de memoria compartida.
—¿Quién decidió esa categoría? —preguntó Elia.
—El traslado fue aprobado por un comité de custodia. El sistema conserva la unidad, no una persona responsable. Puedo indicar el nombre del cargo, no el de quien ocupó el puesto entonces.
—¿Y por qué no se devolvió a La Ceiba? —preguntó Rosa.
Darío señaló el registro: consulta cruzada en curso; anexos no segregados.
La caja no se había devuelto porque contenía varios documentos asociados a comunidades diferentes.
El archivo había preferido mantenerlos juntos para evitar que una pieza se leyera fuera de contexto, pero no había creado copias separadas ni avisado a las comunidades de cada referencia.
—Eso no es una respuesta satisfactoria —dijo Rosa—. Es una explicación del traslado.
—Sí —respondió Darío—. Y el registro no muestra que se notificara a La Ceiba cuando M-6 entró en consulta restringida.
La representante pidió que esa omisión quedara anotada, sin llamarla ocultamiento deliberado. Elia escribió: No consta notificación a la junta en el registro de traslado consultado; no se atribuye motivo.
El índice mostraba que la caja IC-14 tenía tres separadores: físico, testimonios y percepciones. El anexo M-6 pertenecía al primero. La hoja de continuidad, sin embargo, estaba marcada como “pendiente de segregación” y no tenía folio independiente.
—¿Podemos pedir solo esa hoja? —preguntó Mariela.
—Se puede solicitar una revisión de segregación —dijo Darío—. La junta de La Ceiba tendría que describir qué campo necesita y la unidad de privacidad tendría que comprobar que no revele datos de otra comunidad.
Rosa aprobó una solicitud limitada: buscaban saber si se había verificado la continuidad entre E-2 y el punto C3-17 y si existía un registro de cierre posterior. No pedían el contenido de los testimonios ni las identidades. La Mesa abrió un trámite nuevo y prometió responder en diez días hábiles.
Antes de salir, Darío ofreció mostrar el registro de consulta de la caja.
Rosa aceptó solo los campos de fecha, área y tipo de documento.
La caja había sido consultada dos veces por personal de la Mesa, una vez por una unidad de análisis y otra por una comisión de revisión.
No aparecía que ninguna de esas consultas hubiera leído M-6 de manera individual.
—¿La clasificación de “memoria compartida” significa que M-6 demuestra una extracción de ecos? —preguntó Mariela.
—No —dijo Darío—. La categoría indica con qué expediente se agrupó. No es una conclusión sobre el contenido del anexo.
El viaje no había revelado la hoja perdida. Sí había mostrado que el documento seguía custodiado en una caja mayor, junto a materiales que La Ceiba no había autorizado compartir. La Mesa había preservado el conjunto, pero no había separado ni notificado cada anexo.
Al salir, Rosa guardó la copia del índice en una carpeta distinta de la transcripción técnica.
—El archivo no se lo llevó una persona para esconderlo —dijo—. Eso es lo que podemos afirmar. También es cierto que nadie nos avisó dónde estaba.
—Y ahora sabemos quién tiene que responder la solicitud —añadió Cira.
La investigación había llegado a Santo Domingo. El próximo paso no sería abrir la caja: sería conseguir que la Mesa segregara la hoja sin arrastrar la privacidad de otras comunidades.