CAPÍTULO 22
La información que desapareció
Nuria había encontrado una copia de un documento que, según los registros del periódico, llevaba varios días eliminado.
Lo supe a primera hora de la mañana, cuando llegué a comisaría y vi a Molina esperando junto a mi despacho. Tenía dos carpetas bajo el brazo y la expresión de quien había descubierto algo que prefería explicar personalmente.
—Tenemos un problema con los archivos de Darío —me dijo.
Dejé la chaqueta sobre la silla.
—¿Qué clase de problema?
—Alguien borró parte de la documentación de Corvalda la noche del asesinato.
Le pedí que me acompañara.
Nuria trabajaba en una de las salas de análisis. Había conectado su ordenador a una pantalla grande y tenía abiertas varias ventanas con registros de actividad. Al entrar, apartó una taza de café y nos señaló dos documentos que había colocado uno junto al otro.
—El periódico conservaba copias automáticas de los archivos compartidos —explicó—. No todas las operaciones aparecen en el historial que facilitaron inicialmente. Hemos recuperado información de una copia anterior y la hemos comparado con los registros del servidor.
En la pantalla había una relación de documentos con sus fechas de modificación.
Uno de ellos llevaba un nombre sencillo: «Corvalda. Identificación de fuentes».
—¿Lo había preparado Darío? —pregunté.
—La versión original se creó desde su cuenta. Después recibió modificaciones de otros usuarios autorizados.
Nuria abrió el archivo recuperado.
Era un documento de seis páginas que relacionaba las fuentes utilizadas para comprobar el reportaje sobre las adjudicaciones de Corvalda. Incluía referencias a entrevistas, facturas y comunicaciones internas de la empresa.
En la tercera página apareció el nombre de Héctor Solano.
Debajo figuraban las fechas de varias reuniones mantenidas con Darío y una referencia al expediente laboral que la empresa abrió posteriormente contra él.
—En el artículo que nos entregaron esos datos estaban ocultos —comentó Molina.
—Porque esto no era el artículo —respondió Nuria—. Era un documento de comprobación. Estaba guardado en un espacio reservado al que podía acceder un grupo reducido de trabajadores.
Señaló la columna del historial.
El viernes, a las 21:51, el archivo había sido enviado a la papelera del sistema. Otros dos documentos relacionados con la misma investigación sufrieron una operación semejante durante los minutos siguientes.
—¿Desde la cuenta de Darío? —pregunté.
—Desde una cuenta de revisión editorial. El registro identifica el equipo utilizado y la sesión, pero no permite atribuirla todavía a una persona concreta.
Molina se acercó a la pantalla.
—¿Dónde estaba ese equipo?
—En la redacción. Es uno de los puestos compartidos que utilizan cuando necesitan revisar documentos sin ocupar un ordenador personal.
Recordé las cámaras del pasillo y el regreso que Andrés Pardo había ocultado.
A las 21:51, Andrés todavía estaba en el edificio.
También seguíamos sin identificar a la persona que había entrado en la redacción a las 21:42.
—¿Qué sabemos de esa cuenta? —pregunté.
Nuria abrió otra ventana.
—Tenía permisos para consultar y modificar documentos de investigación. La utilizaban varios empleados autorizados. El periódico debe facilitarnos la relación completa y explicar cómo gestionaban las sesiones.
—¿Puede haberse eliminado el archivo por error?
—La operación fue manual. Eso podemos acreditarlo. Sobre el motivo, todavía no.
Me incliné para examinar los otros dos documentos.
Uno era una relación de cambios realizados sobre el reportaje. El segundo contenía observaciones destinadas a la asesoría jurídica.
Los tres habían desaparecido de la carpeta compartida.
Sin embargo, las copias recuperadas demostraban que existían antes de aquella noche.
—Necesitamos preservar el historial completo —dije—. Y averiguar quién podía utilizar ese puesto durante esas horas.
Nuria cerró la ventana del documento.
—Hay otra cosa que deberíais ver.
La comunicación enviada por los abogados de Corvalda había llegado al periódico el miércoles anterior al asesinato.
La conocíamos desde los primeros días de la investigación. En ella aparecía identificado Héctor Solano, aunque el reportaje todavía no se había publicado y la dirección sostenía que su identidad debía mantenerse reservada.
Hasta entonces habíamos considerado varias posibilidades. La empresa podía haberlo descubierto mediante sus propias comprobaciones o haber recibido información procedente del periódico.
Nuria nos enseñó un párrafo del documento interno recuperado.
Describía una reunión que Solano había mantenido con Darío durante el mes anterior. La fecha estaba equivocada: figuraba como jueves una jornada que, según el calendario y la correspondencia conservada, había sido miércoles.
Después abrió la carta de los abogados.
La misma reunión aparecía mencionada con idéntica fecha incorrecta.
Molina leyó ambos párrafos.
—Han utilizado el mismo dato.
—Y el mismo error —añadió Nuria.
Tomé una copia de la comunicación.
La coincidencia resultaba más importante de lo que parecía. La carta de Corvalda no se limitaba a identificar a Solano, sino que reproducía una referencia incluida en un documento interno de trabajo.
—¿Podemos saber cuándo se introdujo el error? —pregunté.
—En una versión guardada el martes por la tarde. He localizado también otra anterior en la que la fecha estaba bien escrita.
—¿Quién modificó el documento?
—La operación figura bajo una cuenta editorial compartida. Hay varios usuarios con permisos.
Molina volvió a leer la carta.
—Si alguien facilitó esta versión a la empresa, explicaría que conocieran tanto el nombre como el dato equivocado.
—También tendremos que comprobar si la información circuló por otra vía —respondí.
Nuria aceptó la observación y empezó a preparar una relación de las versiones.
La coincidencia no demostraba por sí sola quién había facilitado la identidad de Solano. Pero teníamos algo que antes nos faltaba: una referencia concreta que vinculaba el contenido de un documento reservado del periódico con una comunicación posterior de Corvalda.
Y el viernes por la noche, alguien había eliminado aquel documento de la carpeta compartida.
Andrés Pardo nos recibió con menos cordialidad que durante nuestras primeras visitas.
Habíamos acudido al periódico acompañados por un agente encargado de las diligencias de conservación de datos. La dirección ya había recibido la comunicación correspondiente y su asesor jurídico esperaba en una sala próxima.
—Me han dicho que quieren bloquear parte del sistema editorial —comentó Andrés mientras nos conducía a su despacho.
—Necesitamos preservar determinadas operaciones y los equipos relacionados con ellas —respondí.
—Tenemos periodistas trabajando con información confidencial. Si empiezan a copiar archivos sin distinguir unos de otros, pueden comprometer a personas que no tienen nada que ver con Darío.
—Por eso hemos delimitado la documentación que necesitamos. Cualquier examen adicional tendrá que contar con la cobertura legal correspondiente.
Andrés se sentó.
—Entonces explíqueme qué han encontrado.
Le mostramos la relación de archivos eliminados.
Reconoció el documento sobre las fuentes y confirmó que pertenecía a la investigación de Corvalda.
—Solo podía consultarlo un grupo de trabajadores —explicó—. Darío no quería que circulara libremente porque había nombres que debían protegerse.
—¿Quiénes formaban ese grupo?
Andrés comenzó a enumerarlos.
Él mismo tenía autorización como responsable de la sección. También Laura Sastre, que había trabajado con Darío en distintas fases del reportaje, y Clara Benítez, encargada de revisar parte del material gráfico y documental.
Había, además, permisos específicos para el personal de asesoría jurídica.
—¿Todos podían eliminar documentos? —preguntó Molina.
—No sabría decirle qué operaciones permitía cada cuenta. Tendrá que explicarlo el responsable informático.
Le mostré el horario de las eliminaciones.
Andrés se quedó mirando la hoja.
—Yo estaba aquí.
—Lo sabemos. Usted mismo terminó reconociéndolo.
—Pero no utilicé ese ordenador. Vine a recoger unas pruebas de edición, como les expliqué.
—Necesitaremos comprobarlo con los registros del equipo y las demás evidencias disponibles.
Andrés dejó el documento sobre la mesa.
—Estoy dispuesto a facilitar lo que corresponda. Pero cada vez que vienen descubren otra cosa que me coloca en el centro de sus sospechas.
—Su regreso no declarado fue una decisión suya, señor Pardo.
Durante unos segundos guardó silencio.
Después llamó al responsable informático y le pidió que acudiera a la reunión.
El equipo desde el que se habían eliminado los archivos estaba situado en una zona común, junto a varios puestos utilizados por los responsables de edición.
Cuando llegamos, una periodista trabajaba con dos pantallas abiertas y una pila de documentos a su derecha.
El responsable informático le explicó que necesitaban desconectar temporalmente aquel ordenador para conservar los datos.
La mujer retiró sus pertenencias.
—Tengo que entregar una información antes de las doce.
—Te buscaremos otro puesto —respondió Andrés.
La periodista recogió sus papeles con evidente disgusto y se marchó sin dirigirnos la palabra.
El técnico abrió una consola de administración mientras uno de nuestros especialistas documentaba el estado del equipo.
—Las cuentas compartidas se crearon hace años —nos explicó—. Algunos trabajadores las utilizan para tareas de revisión cuando cambian de puesto durante la jornada.
—¿Queda registrado quién inicia cada sesión? —preguntó Molina.
—Depende del método de acceso. Hay operaciones asociadas a usuarios individuales, pero otras se realizan directamente desde la cuenta editorial.
—¿Se cambiaba la contraseña con regularidad?
El hombre vaciló.
—Se revisaban los permisos. Sobre las contraseñas tendría que consultar las incidencias de seguridad.
Andrés intervino.
—Pensaba que todo eso estaba controlado.