BLOQUE 2

La tercera instrucción no hablaba de genealogías.

Hablaba de copias:

“En los traslados que se hagan para uso de la casa, póngase lo tocante al gobierno y no las pretensiones ya apartadas.”

Adrián se quedó inmóvil.

Ahí estaba el puente entre la determinación y el árbol.

Los traslados conservaban aquello que servía al gobierno.

Las genealogías desarrollaban las ramas que tenían asiento en él.

Ambas prácticas respondían a la misma lógica funcional.

El problema surgió cuando esas versiones comenzaron a sustituir a documentos más amplios.

Entonces la selección administrativa empezó a convertirse en memoria histórica.

Otra nota decía:

“Lo que quedó fuera de la relación breve no se tenga por materia de gobierno.”

Aquello demostraba que quienes manejaban las primeras copias sabían perfectamente que existía contenido excluido.

Distinguían entre la relación breve y el traslado completo.

Sabían que Inés conservaba documentación propia.

Y sabían que había una rama apartada del gobierno.

La pérdida de contexto llegó después.

Un inventario de la generación siguiente utilizaba una expresión nueva:

“Genealogía verdadera de la casa.”

La referencia correspondía a la versión reducida.

El lenguaje había cambiado.

Ya no se decía que servía para gobierno.

Ahora se presentaba como la genealogía verdadera de la casa.

Otra frase añadía:

“Úsese esta genealogía en adelante para certificaciones.”

Adrián volvió a leerla.

Ahí tenían una decisión concreta sobre qué versión debía convertirse en referencia.

El documento llevaba una rúbrica formada por dos iniciales:

D.V.

Clara pensó inmediatamente en Diego de Valderrama.

La fecha lo hacía imposible.

El Diego que había administrado durante la minoría de Alfonso ya había muerto.

Las iniciales podían corresponder a otra persona.

Martín había localizado varios nombres posibles de la administración de aquella época, entre ellos Domingo de Villalba, Diego de Vitoria y Damián Velasco.

El último apellido llamó la atención.

No podían hacer nada con esa coincidencia.

No existía ningún vínculo demostrado entre aquel Damián Velasco y Julián Velasco.

Ni siquiera sabían si la rúbrica era suya.

Un apellido común no podía convertirse en una línea causal de cinco siglos.

Elena Salcedo llegó con novedades sobre Ramiro Echevarría.

Había ampliado su declaración.

Seguía negando haber participado en la extracción inicial del legajo desde el archivo.

Sí admitía que había recibido instrucciones para localizar el original o la mejor copia disponible de la cláusula de reserva.

El encargo procedía de un intermediario de la sociedad para la que trabajaba.

Querían determinar si la relación de bienes estaba jurídicamente vinculada con la línea de Fernando.

La urgencia se debía a que un conjunto documental estaba próximo a cambiar de manos.

Aparecían otra vez el mercado, la procedencia y la valoración.

Uno de los correos recuperados decía:

“Si la genealogía oficial fue construida para gobierno y no para sangre, la procedencia del lote debe revisarse.”

El interés contemporáneo tenía una base concreta.

Quienes investigaban hoy ya comprendían que una genealogía funcional no podía utilizarse automáticamente como genealogía completa de sangre.

Aquello podía modificar la procedencia atribuida a determinadas piezas.

Dependiendo del resto de la cadena documental, incluso podía abrir cuestiones sobre titularidad.