BLOQUE 2

El primer comprador había sido Julián Aramayo.

Era médico jubilado y coleccionaba documentación riojana por interés personal. No pertenecía al mundo profesional de los archivos y había muerto dos años después de aquella adquisición.

Su hija, Teresa Aramayo, conservaba las facturas.

Mauro viajó a Zaragoza para hablar con ella.

Teresa lo recibió sin dificultades.

—Mi padre compraba papeles porque le gustaban. No creo que investigara demasiado de dónde venían.

Mauro le mostró la carta.

La reconoció enseguida.

Recordaba que su padre la había comprado porque aparecía Ezcaray y parte de su familia procedía de aquella zona.

La explicación era sencilla.

No había interés especial en San Millán.

Tampoco una investigación sobre responsables históricos.

Había una motivación privada y perfectamente normal.

Teresa buscó la factura.

La empresa vendedora pertenecía a un pequeño despacho de intermediación patrimonial, pero una línea identificaba claramente la operación:

Operación gestionada por E. Fontalba.

Mauro preguntó si Julián había recibido alguna referencia a Valdeterra o a una sucesión familiar.

Teresa no lo recordaba.

La factura decía:

Colección particular riojana.

El certificado adjunto era todavía más categórico:

Documento adquirido legítimamente de propietarios particulares.

No aparecían nombres.

Tampoco ninguna mención a Valdeterra ni a una controversia sobre titularidad.

La firma al pie era de Eduardo Fontalba.

Ahí estaba la diferencia que Mauro buscaba.

Fontalba había recibido anteriormente un inventario donde la carpeta estaba sujeta a una condición que impedía adjudicarla separadamente hasta aclarar su pertenencia.

Meses después certificaba la legitimidad de la venta sin dejar constancia de esa discusión.

El problema ya no podía atribuirse a una simplificación realizada años después por un comerciante.

La declaración procedía del mismo gestor.

Teresa no había aportado nada que permitiera sospechar mala fe de su padre.

Julián había confiado en una factura y en un certificado aparentemente normales.

Eso también debía quedar claro.

Una pieza podía circular durante años entre compradores que actuaban correctamente aunque la primera salida fuera jurídicamente discutible.

El conocimiento de una irregularidad no se transmitía automáticamente con el objeto.

Lo que podía transmitirse era el defecto de procedencia.

De regreso, Mauro entregó la documentación a Inés Arbizu.

Ella comparó la factura con los papeles sucesorios.

—Esto puede tener consecuencias importantes.

Mauro preguntó por qué seguía diciendo “puede”.

Inés fue precisa.

Fontalba podía haber considerado que las ramas que sí habían autorizado la gestión tenían facultades suficientes. También podía existir otro documento que modificara la situación. Que hubiera una oposición no demostraba por sí sola qué efecto jurídico tenía sobre cada pieza.

Mauro insistió:

—Pero él sabía que existía una controversia.

—Sí.

—Y sabía que la carpeta figuraba como no adjudicable separadamente.

—Sí.

—Entonces certificó algo que, como mínimo, necesitaba una base jurídica más sólida.

Inés estuvo de acuerdo, pero hizo otra distinción.

Saber que había una disputa no era lo mismo que demostrar que la rama opositora tenía derecho suficiente para impedir la venta.

Sebastián escuchaba desde la mesa de al lado.

—Es la misma diferencia que venimos encontrando desde el principio.

Mauro lo miró.

—¿Cuál?

—Quién responde por una cosa y quién tiene derecho sobre ella.

La ironía era evidente.

Durante siglos, los documentos podían confundir al lector si no distinguía responsabilidad de propiedad.

Ahora ellos podían cometer el mismo error en la investigación moderna si daban por supuesto que una objeción familiar equivalía automáticamente a un derecho jurídico suficiente.

Necesitaban el documento de indivisión completo.

El problema era que faltaba un anexo.

El inventario mencionaba categorías generales, pero debía existir una relación específica donde se individualizaban los paquetes alcanzados.

La referencia decía:

Anexo II — relación de papeles indivisos. Tres hojas.

El anexo no aparecía en la sucesión actual.

Inés explicó que Fontalba había tenido una copia.

Mauro solicitó que la aportara dentro de la documentación que ya le había sido requerida.

Su abogado respondió que no conservaba anexos adicionales.

Irene reaccionó con desconfianza.

Mauro no quiso seguirla.

—Puede ser cierto.

El documento podía haberse perdido o haber quedado en manos de otra persona. También era posible que Fontalba lo hubiera entregado años atrás.

Todavía no podían decir otra cosa.

Sebastián regresó mientras tanto a la propia carta histórica.

Encontró una anotación lateral:

con los demás papeles que constan en relación separada

Irene levantó la vista.

—Otra vez una relación aparte.

Sebastián sonrió apenas.

La estructura se repetía de una forma casi irónica.

Un documento principal podía depender de una hoja adicional para conservar todo su significado.

Si esa relación desaparecía, el papel seguía siendo auténtico, pero dejaba de explicar una parte esencial de sí mismo.

Mauro estaba persiguiendo precisamente eso en el presente.

Había elegido una carta para saber cómo se había perdido su procedencia moderna y descubría que, siglos antes, la propia pieza también necesitaba documentación complementaria para ser comprendida de manera completa.

El problema no era nuevo.

Lo que cambiaba era la época.