CAPÍTULO 9
EL FUEGO Y LA CENIZA
La lluvia estalló finalmente sobre Pamplona al caer la tarde. Golpeaba los grandes ventanales del Palacio de Justicia y dibujaba regueros sobre los cristales.
Fue entonces cuando se abrió la pesada puerta de madera y apareció Teresa Aristy.
No necesitaba presentación. En los pasillos de la Audiencia Nacional, en Madrid, y en determinados despachos del Gobierno de Navarra conocían bien su nombre.
Teresa era la fiscal que seguía desde la capital las posibles ramificaciones económicas de la causa, una mujer acostumbrada a trabajar con asuntos incómodos y a enfrentarse a quienes creían que los cargos públicos o los buenos apellidos los situaban por encima de cualquier investigación.
Había seguido los movimientos de NavarrAvanza y las conexiones madrileñas de la operación sin perder de vista una cuestión fundamental: las sospechas solo servirían de algo si podían demostrarse.
Teresa Aristy apenas alcanzaba el metro sesenta, pero tenía una presencia capaz de imponerse en cualquier habitación.
Era deportista, llevaba el pelo rubio dorado cortado al bies y sus ojos verdes examinaban a los interlocutores con una atención que podía resultar incómoda.
Vestía un abrigo de paño oscuro, todavía mojado por la lluvia, y unos zapatos de tacón bajo que resonaron sobre el suelo cuando avanzó hacia la mesa.
Se quitó el abrigo sin ceremonia, lo dejó en el respaldo de una silla y recorrió con la mirada los rostros de los presentes.
Tenía un carácter seductor cuando quería y un genio considerable cuando alguien pretendía engañarla.
No soportaba la incompetencia ni la condescendencia machista de ciertos ambientes políticos y judiciales. Conocía bien el Derecho, sabía distinguir una prueba de una suposición y podía desmontar una argumentación aparentemente brillante con dos preguntas precisas.
Catalina admiraba esa mezcla de preparación, audacia y sentido práctico. No eran mujeres fáciles, ninguna de las dos, y quizá por eso habían aprendido a entenderse.
—Menudo circo tenéis montado aquí —soltó Teresa a modo de saludo, dejando el maletín sobre la mesa—. En el camino he recibido tres llamadas para preguntarme por qué había venido a Pamplona.
En la última se han tomado la molestia de recordarme que este asunto tiene importantes consecuencias políticas. Como si necesitara que me lo explicaran.
Les he contestado que mi trabajo consiste precisamente en averiguar si se han cometido delitos, no en calcular a quién puede incomodar la investigación. ¿Dónde están los documentos?
Catalina Pectol, apoyada contra el radiador con un vaso de plástico en la mano, esbozó la primera sonrisa auténtica de la jornada.
Su colaboración con Teresa había comenzado meses atrás, después de conocerse en un curso de cooperación jurídico-policial.
La fiscal había recibido noticias inquietantes sobre determinadas operaciones patrimoniales relacionadas con una fundación de los Trinitarios.
Al principio no supo qué valor conceder al relato: una confidencia procedente del entorno del convento podía responder a una rivalidad interna o contener apenas una parte de la verdad.
Pero cuando tuvo conocimiento del traslado del Goya y de la investigación que se estaba abriendo en Navarra, llamó a Catalina. Desde entonces habían intercambiado información por los cauces de la causa, llamadas y no pocas advertencias sobre la necesidad de actuar con prudencia.
Catalina conocía el terreno, las personas y las relaciones que se entretejían entre Pamplona, Falces y la Cendea de Iza.
Teresa aportaba la experiencia de los procedimientos económicos complejos, las conexiones con Madrid y la determinación necesaria para solicitar las medidas judiciales que permitieran seguir el rastro del dinero.
Una avanzaba por intuición, aunque procuraba contrastar cada paso; la otra exigía documentos capaces de resistir el interrogatorio del abogado más caro.
Sus diferencias no habían debilitado la colaboración.
La habían hecho más útil. Ante el poder que tenían enfrente, ninguna podía permitirse trabajar sola.
—Tenemos el Libro de Fuegos, Teresa —dijo Catalina, señalando el volumen que descansaba sobre la mesa—.
Tomás, el alcalde de Iza, ha colaborado en su recuperación y los especialistas están cotejando su contenido con los títulos y las escrituras posteriores.
Los documentos más antiguos acreditaban la propiedad de la familia Magallón.
Pero los posteriores, los que han querido mantener ocultos, recogen la cesión del marqués de San Adrián a los pueblos de la Cendea.
Eso es lo que cambia la situación. También tenemos indicios de que NavarrAvanza ha utilizado documentación incompleta o manipulada para presentar como disponibles unos terrenos cuya titularidad estaba en discusión.
Ahora necesitamos que los peritos determinen exactamente qué piezas son auténticas y qué se ha falsificado.
Bernarda se acercó a la mesa y se colocó unas gafas de montura roja. Contempló el viejo libro, el informe preliminar y las reproducciones de las escrituras extendidas a su alrededor.
Llevaban demasiados días trabajando para alcanzar aquel punto y, sin embargo, no quiso dejarse arrastrar por el entusiasmo.
Habían avanzado de forma extraordinaria: ya conocían al asesino de María Garmendia, habían descubierto las maniobras con el cuadro y empezaban a reconstruir el negocio inmobiliario. Pero una cosa era comprender la trama y otra demostrar hasta dónde llegaban las responsabilidades de cada uno.
—Con esto tenemos una posibilidad real de llegar mucho más arriba —dijo Bernarda, apoyando ambas manos sobre la mesa—. Alberto de la Cruz no actuó en el vacío.
Alguien lo presionó, alguien se benefició de lo que hizo y alguien se creyó lo bastante poderoso como para convertir el asesinato de María en un inconveniente administrativo. Quiero verles las caras cuando comprendan que los papeles que pretendían esconder pueden acabar delante de un juez.
—Y delante del juez tendrán que responder con pruebas, no con discursos —añadió Teresa—. Solicitaré las diligencias que correspondan para registrar la documentación de NavarrAvanza en Madrid y examinar sus relaciones financieras.
También pediremos las medidas cautelares necesarias para impedir que las obras de la Cendea de Iza alteren terrenos cuya situación jurídica se está investigando. En Falces habrá que coordinarse con los técnicos competentes y comprobar qué actuaciones presentan riesgos reales.
No voy a prometeros órdenes que no dependen de mí, pero sí que defenderé cada petición con todo lo que tenemos.
Catalina asintió. Aquel era un triunfo importante, aunque aún no definitivo: el asesinato estaba esclarecido en su autoría material, pero faltaba acreditar la responsabilidad de quienes habían movido los hilos.
La noticia empezó a correr aquella misma noche, pero no con el desenlace fulminante que algunos esperaban. Los telediarios abrieron con las diligencias relacionadas con NavarrAvanza, el asesinato de María Garmendia y las dudas sobre la titularidad de las tierras de Iza.
La presidencia del Gobierno de Navarra difundió un comunicado escueto en el que anunciaba plena colaboración con la justicia.
El consejero responsable del área territorial evitó responder a los periodistas. Aquello no fue todavía una caída: fue la primera grieta visible en una fachada que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose gracias a los silencios.
En los días siguientes, las fotocopias de las escrituras circularon por los despachos de abogados, las oficinas del Parlamento y las redacciones.
Nadie podía afirmar aún que todos los documentos fueran definitivos ni que cada cargo señalado estuviera implicado.
Precisamente por eso el asunto resultaba tan incómodo: cada nueva comprobación podía cambiar el alcance de la investigación.
La oposición pidió explicaciones parlamentarias; los socios del Ejecutivo exigieron conocer quién había autorizado las operaciones sobre el suelo; y varios técnicos de la Administración solicitaron dejar constancia escrita de que habían advertido irregularidades en informes que hasta entonces nadie parecía querer leer.
Pamplona, que sabía convertir cualquier noticia en conversación antes del segundo café, se llenó de versiones contradictorias.
Se hablaba de cuentas abiertas en el extranjero, de reuniones a puerta cerrada y de empresarios que, de pronto, habían olvidado los teléfonos de sus antiguos amigos.
En las terrazas del Ensanche se discutía el escándalo con la misma pasión con la que otros días se hablaba del tiempo o de los Sanfermines.
Pero en Iza el asunto tenía una gravedad menos pintoresca.
Allí no se trataba de un titular: se trataba de las tierras que los vecinos habían cultivado durante generaciones y que alguien había pretendido transformar en una fortuna privada.
Los registros autorizados por los juzgados competentes aportaron nueva documentación.
En las oficinas de NavarrAvanza aparecieron versiones sucesivas de los expedientes de recalificación, contratos con sociedades interpuestas y comunicaciones que los investigadores tendrían que examinar una a una.
No todos los papeles comprometían a sus firmantes y muchos exigirían comprobaciones periciales.
Pero el conjunto ya no permitía despachar la historia como el capricho de una inspectora excesivamente intuitiva.
La muerte de María Garmendia había abierto una puerta que ni los abogados mejor pagados podían cerrar sin más.
Catalina siguió la crisis desde su despacho, sin permitirse el lujo de celebrar cada titular como una prueba. A veces sentía una satisfacción casi infantil al ver que los nombres escritos en su pizarra aparecían ahora en las noticias.
Después recordaba el cuerpo de María bajo el marco vacío y volvía a los informes.
No había arriesgado su carrera para provocar una tormenta mediática, aunque hubiera aceptado conscientemente ese peligro cuando decidió hablar con Mikel Goñi.
Lo había hecho para impedir que la verdad terminara enterrada. Ahora correspondía demostrarla.
Teresa la llamó una mañana, antes de que comenzara la sesión parlamentaria. —Las comparecencias están siendo un desastre para ellos —le dijo—, pero no te dejes engañar por los aplausos.
Un Gobierno puede sobrevivir a muchas vergüenzas y una investigación penal no se resuelve con una moción.
Nosotros seguiremos trabajando aunque mañana cambien todos los consejeros.
Catalina miró por la ventana hacia los tejados mojados de Pamplona.
—Lo sé. Y todavía hay gente que no ha explicado lo que hizo. —
Entonces no les demos tiempo a ponerse de acuerdo —replicó Teresa.
Las primeras dimisiones llegaron después de que se conocieran nuevos documentos y de que algunos socios parlamentarios retiraran públicamente su confianza a los responsables del proyecto. No dimitieron todos a la vez.
Hubo negativas, reuniones interminables y comunicados que prometían transparencia mientras evitaban pronunciar los nombres incómodos. Durante una semana, cada jornada comenzó con la posibilidad de un acuerdo y terminó con una nueva revelación.
El Ejecutivo fue perdiendo apoyos hasta que la continuidad de sus responsables quedó políticamente comprometida.
La crisis desembocó en una remodelación y en la salida de varios cargos; el futuro del Gobierno entero pasó a depender de una negociación parlamentaria que nadie se atrevía a dar por resuelta.
Tras nuevas comparecencias y la pérdida del respaldo de sus socios, el presidente anunció la dimisión del Gobierno.
No lo hizo de manera solemne ni entre aplausos: apareció ante una hilera de micrófonos, con el rostro exhausto, y leyó una declaración breve en la que admitía que ya no contaba con la confianza necesaria para continuar.
Prometió facilitar una transición ordenada y dejó las preguntas de los periodistas sin responder.
La investigación judicial, sin embargo, no se cerraba con aquella declaración. Los cargos políticos podían cambiar; los hechos, las firmas y las responsabilidades seguían pendientes de esclarecer.
Cuando Catalina vio las imágenes de uno de los consejeros abandonando su despacho, no sintió la euforia que había imaginado. Le sorprendió, en cambio, una forma extraña de cansancio.
Tanto esfuerzo, tantas noches sin dormir, una mujer asesinada, un cuadro desaparecido y pueblos enteros pendientes del resultado; y al final un hombre salía por una puerta con una carpeta bajo el brazo mientras otros preparaban declaraciones cuidadosamente medidas. La política tenía sus tiempos.
La justicia, otros. Y ninguno devolvía la vida a María Garmendia.
Mientras tanto, en su celda de la prisión de Pamplona, Juan Ramón Ochotorena recibió la noticia con una mueca de desprecio.
Conocía demasiado bien el poder de un buen despacho de abogados y la facilidad con la que el dinero abría puertas que para otros permanecían cerradas.
«Mucho titular, mucha indignación y mucha mano levantada», pensó con sorna.
«Luego llegan los recursos, los años de procedimiento, las rebajas y los beneficios penitenciarios.
Los que pueden pagar a los mejores siempre confían en pasar menos tiempo encerrados».
No era una certeza jurídica, sino el cálculo cínico de un hombre acostumbrado a creer que las reglas se doblaban ante los poderosos.
Aun así, por primera vez le inquietó que esta vez sus abogados no pudieran arreglarlo todo.
Unos días después del anuncio de dimisión, Catalina y Teresa coincidieron de nuevo ante el Palacio de Justicia. La lluvia había amainado y dejaba en el aire ese olor limpio y frío de las tardes navarras.
A lo lejos, un grupo de agricultores de Iza, con el alcalde Tomás a la cabeza, esperaba bajo los paraguas.
Algunos se acercaron para preguntar si las tierras estaban a salvo.
Catalina les explicó que habían conseguido avances decisivos y que se estaban tramitando las medidas de protección, pero evitó prometerles una victoria completa.
Tomás la escuchó en silencio y después le estrechó la mano con fuerza.
La inspectora pensó en María Garmendia, en su obstinación por no esconder la verdad y en el precio que había pagado por ella.
Aquel día había motivos para sentirse orgullosos. También para seguir trabajando.