Asesinato en el museo de Navarra (Inspectora Catalina Pectol 1) CAPÍTULO 8 #2
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CAPÍTULO 8 #2

Pectol se levantó sin mirar atrás, dejando unas monedas sobre la barra. Goñi esperó dos minutos exactos, recogió la bolsa de lona con fingida indiferencia y salió por la puerta trasera que daba al callejón de la Navarrería.

Sabía que tenía entre las manos la crónica más peligrosa de su vida: el hilo que conectaba el pincel de Goya con los millones manchados de sangre del hormigón y el sol de Navarra.

El artículo de Mikel Goñi apareció en las pantallas a las seis de la mañana en punto. Catalina Pectol lo leyó desde la cama, con los ojos enrojecidos por el cansancio.

La ropa que se había quitado la noche anterior seguía tirada en el suelo, impregnada de un desagradable olor a chapa quemada. Mientras ella hablaba con Goñi, alguien había intentado prender fuego al Seat Ibiza.

Catalina no sabía si los responsables la habían reconocido por casualidad y eran de la kale borroka o si el ataque era un encargo de los hombres a los que estaba poniendo contra las cuerdas.

No tenía pruebas para atribuírselo a nadie. De momento, se concentró en los párrafos que desfilaban por la pantalla de su teléfono y dejó escapar una sonrisa de alivio.

—Por fin sale todo a la luz...

El titular ocupaba la cabecera del digital: «EL RETRATO DE LA CORRUPCIÓN: El crimen del Museo de Navarra destapa un fraude foral de 1.500 millones en la Cendea de Iza y Falces».

Junto al texto, Goñi había dispuesto una galería de imágenes y documentos que dificultaban cualquier desmentido:

las imágenes infrarrojas del cuadro de Goya, los documentos que mostraban la cesión de las tierras a la Cendea, capturas de los correos internos del consejero de Cohesión Territorial y los movimientos bancarios que vinculaban las cuentas suizas del «Gordo» Ochotorena con las empresas pantalla que participaban en el parque solar de Falces.

Pamplona amanecía sacudida por un escándalo político de enormes proporciones.

Sin esperar a que la jefatura foral tramitara una posible suspensión —que imaginaba ya sobre la mesa de algún despacho—, Pectol recogió las llaves de un coche patrulla camuflado y enfiló la carretera hacia la Cendea de Iza.

La niebla se retiraba, dejando a la vista las lomas de piedra y los campos de cereal plateados por el rocío de la mañana.

Era hora de organizar la resistencia legal sobre el terreno.

A las siete y media, el consistorio pedáneo de Erice era un hervidero.

El alcalde Tomás, vestido con su vieja chaqueta de pana, había convocado de urgencia a los presidentes de los concejos de la Cendea, hombres y mujeres de manos rudas y rostros serios que representaban a los vecinos de Zuasti, Sarasate y Gulina.

Pectol entró en el despacho arrojando sobre la mesa de roble un fajo de impresiones con la exclusiva del periódico.

—El Gobierno va a intentar declarar el estado de urgencia foral al mediodía para expropiar estos campos por decreto antes de que el juez pueda intervenir los servidores de NavarrAvanza —anunció Pectol, apoyando las manos en la mesa—. Nos quedan pocas horas. ¿Dónde está el Libro de Fuegos?

Tomás asintió con gravedad.

Se acercó al gran baúl de madera con herrajes del siglo XVII que presidía la sala, introdujo una llave de forja y extrajo un volumen encuadernado en piel vuelta, gastado por los siglos.

—Aquí está la otra mitad del secreto que le costó la vida a María Garmendia, inspectora —dijo Tomás, abriendo el viejo libro con extraordinario cuidado—.

Los títulos más antiguos reconocían la propiedad de la familia Magallón. Eso nadie lo discute.

Lo que sus descendientes llevan años intentando ocultar es lo que ocurrió después: el marqués de San Adrián cedió aquellas tierras a los pueblos de la Cendea de Iza.

Y esos documentos posteriores son los que establecen la titularidad que ahora pretenden arrebatarnos.

El Libro de Fuegos conserva la memoria de las familias y los lindes; tenemos que cotejarlo con las escrituras para demostrarlo.

—Perfecto. Escuchadme bien —ordenó Pectol, con una determinación que contagió a los presentes—.

No vamos a levantar barricadas con tractores, al menos no todavía. Vamos a usar su propio derecho foral contra ellos.

Tomás, como representante del concejo, puede instar a la administración competente y acudir al juzgado para solicitar medidas cautelares que protejan las tierras.

Con este libro, las escrituras y las imágenes del Goya, tenemos una base documental sólida para pedir la paralización de las licencias de NavarrAvanza.

Si conseguimos bloquear jurídicamente el suelo hoy, las excavadoras no podrán avanzar impunemente ni en Iza ni en Falces.

—Escúchame bien —ordenó a su interlocutor—. Estamos ante una emergencia que afecta a terrenos comunales de Falces y de la Cendea de Iza.

Necesitamos preparar de inmediato una solicitud de medidas cautelares y fundamentarla en la protección de los bienes comunales que reconoce el derecho navarro. Hay que presentar los documentos en el juzgado sin perder un minuto.

Cortó la llamada un segundo para mirar a la inspectora y confirmar la estrategia legal.

En Navarra, la defensa de lo comunal tenía un arraigo histórico profundo. Para los vecinos, aquellas tierras no eran una cifra en un registro: eran una herencia compartida y una forma de vida.

La protección jurídica del patrimonio comunal ofrecía herramientas para actuar, pero no bastaba con invocar los fueros para paralizar automáticamente una obra. Hacían falta documentos, solicitudes bien fundamentadas y decisiones de las autoridades competentes.

Tomás y Catalina lo sabían. Por eso se apresuraban a reunir las pruebas antes de que las máquinas regresaran al terreno.

—La Policía Foral ya está enviando patrullas hacia la vega de Falces —anunció la agente, guardando el teléfono—. Van a vigilar los accesos al dique y las instalaciones solares, y a impedir cualquier actuación que suponga un peligro inmediato para las personas o una infracción que puedan constatar.

Si aparece maquinaria junto a la mota, avisarán de inmediato y documentarán todos sus movimientos.

También se ha avisado a los concejos de Iza, Zuasti, Aldaba y Erice.

Los representantes locales están al corriente.

—Perfecto. La ley navarra va a blindar las tierras mientras nosotros cazamos a la cabeza de la serpiente —sentenció la inspectora, empujando la puerta corredera que daba al aparcamiento subterráneo de la comisaría—.

Vallo pensaba que iba a cobrar indemnizaciones millonarias destruyendo la huerta de Falces, pero se va a estampar de frente contra los Fueros.

¡Sube al coche, nos vamos al intercambiador!

El motor del vehículo policial rugió en el sótano, con los rotativos azules reflejándose en las paredes de hormigón, iniciando una doble carrera: una en el asfalto para cazar a uno de los responsables del asesinato de María Garmendia, y otra en las riberas del Arga para salvar a todo un pueblo de la inundación.

Los alcaldes de los pequeños concejos se miraron entre sí. En sus ojos ya no había el miedo de las amenazas mafiosas de la víspera; había el orgullo terco y forjado en piedra de las gentes de Navarra. Un anciano de Sarasate golpeó la mesa con el puño.

—¡Que lo intenten! —dijo con voz ronca—. Que vengan con sus trajes, aparentando elegancia, y comportándose como unos gánsteres.

Si la inspectora nos da las herramientas de la ley, nosotros pondremos las firmas. Esta tierra no se compra con el dinero de nadie.

Pectol sonrió por primera vez en veinticuatro horas mientras Larrea comenzaba a escanear las páginas del Libro de Fuegos para adjuntarlas a la demanda judicial.

La resistencia de la Cendea de Iza acababa de ponerse en marcha, y la inspectora sabía que el consejero del Gobierno foral iba a pasar la mañana más larga de su carrera política.

La llamada entró en el teléfono de Pectol justo cuando Larrea terminaba de empaquetar el Libro de Fuegos en una bolsa estanca. En la pantalla no aparecía un prefijo de Pamplona, sino el 91 de Madrid. La inspectora hizo un gesto de silencio a los alcaldes de la Cendea y descolgó.

—¿Inspectora Pectol? Le llamo desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid —anunció una voz cortante, sin apenas inflexiones—.

Llevamos seis meses siguiendo movimientos bancarios de una organización del Este relacionada con constructoras de la capital y de la Costa del Sol.

La información que acaba de publicar la prensa navarra coincide con algunas de las operaciones que investigamos.

Necesitamos contrastar la documentación.

Pectol apretó el auricular contra el oído, haciendo una señal a Larrea para que activara la grabación.

—¿Qué han encontrado en Madrid, fiscal? —preguntó yendo directo al grano.

—El entramado empresarial que controla NavarrAvanza podría ser solo una parte del asunto. Hemos detectado indicios de que los terrenos de la Cendea de Iza y el parque solar de Falces se estaban utilizando como avales cruzados de una operación de blanqueo en Madrid.

La investigación apunta a un despacho de abogados y gestores  del barrio de Salamanca y a algunos herederos colaterales del marqués de San Adrián que residen en la capital. Tenemos motivos para pensar que participaron en la elaboración de las cesiones falsas, aunque aún debemos probarlo.

Aquella conexión daba una dimensión nueva a la investigación. Ya no se trataba únicamente de decisiones tomadas en Navarra: había indicios de operaciones financieras mucho más amplias.

—Eso cambia las reglas del juego —dijo Pectol, sintiendo cómo el tablero se ampliaba bajo sus pies—. Aquí el Gobierno de Navarra está intentando bloquear la investigación judicial utilizando el fuero y decretos de urgencia.

—Eso es lo que estamos examinando —replicó el fiscal—. La existencia de conexiones fuera de Navarra no traslada por sí sola el caso a la Audiencia Nacional; hay que determinar si concurren los requisitos legales para asumir esa competencia.