CAPÍTULO 5
EL MURO DE CRISTAL Y LA PARÁLISIS TÉCNICA
La maquinaria policial de Pamplona atravesaba una tensa calma de espera. Las órdenes judiciales ya estaban firmadas y los equipos de la Policía Judicial habían iniciado los registros en el ático de Luisa Frutos y en la residencia de Juan Magán Magallón.
Catalina Pectol seguía de cerca cada diligencia, pero no quería precipitar conclusiones ni ordenar nuevas actuaciones sin examinar lo que apareciera. Su intuición le decía que, si se conformaban con los intermediarios, los verdaderos responsables podrían escapar.
En la jefatura, las pantallas de los ordenadores de la brigada informática echaban humo. Con las autorizaciones judiciales correspondientes, los especialistas examinaban registros de llamadas, conexiones y datos de localización disponibles de los últimos meses.
Habían solicitado también la información que pudiera obtenerse de los terminales intervenidos. Entre Pamplona y Madrid se cruzaban llamadas, informes y requerimientos, pero todavía faltaba encontrar el vínculo decisivo.
En torno a la mesa de juntas del despacho de Catalina, sin embargo, el ambiente se había vuelto pesado. La investigación acababa de chocar con un muro de cristal: detrás parecía distinguirse el entramado, pero no había manera de alcanzarlo.
Cada nuevo dato iluminaba una esquina y dejaba el resto a oscuras. No estaban paralizados por falta de trabajo, sino por la dificultad de convertir sus sospechas en pruebas.
—Es desesperante, Pectol —admitió Bernarda Lecabre, rompiendo el silencio—. Los informáticos han revisado los datos de las antenas del Casco Viejo.
El lunes por la noche, entre las ocho y las diez, aparecen conexiones compatibles con la actividad habitual de patrullas, personal sanitario y algunos repartidores. Con las calles casi vacías por las restricciones de la COVID-19, esperábamos encontrar algo que destacara.
Pero, entre los registros que han podido analizar, no aparece ningún terminal desconocido que podamos situar de forma significativa cerca del Museo de Navarra a la hora del crimen.
Es un indicio más, aunque no demuestra que nadie entrara o saliera sin teléfono, ni que las antenas registraran todos los movimientos.
—O el asesino no llevaba móvil, o sabía muy bien cómo evitar que lo relacionáramos con el museo —observó Catalina—. En cualquier caso, no podemos ignorar ese vacío.
—¿Y los terminales de los sospechosos? —preguntó Pectol—.
Tenemos autorización para examinar las líneas de Magallón, Torrecilla, Luisa Frutos y los demás investigados en los términos fijados por el juez.
Tiene que haber algo en sus comunicaciones de aquella tarde.
Una llamada, una coincidencia, una hora que no cuadre.
—Avisad a Chalmeta y Marinicorena. Que revisen el tráfico de datos y nos digan qué puede comprobarse y qué no —ordenó Catalina.
Los dos especialistas informáticos de la jefatura formaban una pareja curiosa: hablaban poco, tanto entre ellos como con los demás, pero parecían adivinarse el pensamiento.
Bastaba con explicarles a medias lo que se necesitaba para que empezaran a trabajar en la dirección adecuada.
Bernarda los llamaba Pili y Mili. Vestían casi igual, llevaban un corte de pelo semejante, ambos eran solteros y apenas salían. Sus compañeros bromeaban con que la informática no era su profesión, sino su vida entera. Ninguno de los dos se molestaba en desmentirlo.
Y, por extraños que resultaran, todos reconocían que eran buenísimos en lo suyo.
—Hay rastro, inspectora, pero todavía no podemos reconstruir las conversaciones —explicó Chalmeta, después de consultar con Marinicorena una pantalla llena de horarios—.
Hemos encontrado actividad de una aplicación de mensajería cifrada en los registros y en la información disponible de algunos terminales.
Eso nos permite establecer conexiones y momentos de uso, pero no leer los mensajes sin acceder a su contenido por otras vías.
—El lunes, alrededor de las siete de la tarde, los teléfonos de Juan Magán Magallón y Luciano Torrecilla presentan actividad relevante —añadió Marinicorena—. Coincide con las horas en que se preparaba la reunión con María Garmendia.
No sabemos todavía si se comunicaron entre ellos ni qué dijeron. Pero la coincidencia merece que sigamos investigando.
—Es decir, sabemos que hubo actividad, pero no podemos identificar con seguridad a todos los interlocutores ni el contenido de los mensajes —resumió Catalina.
—Eso es —respondió Chalmeta—. El cifrado protege las conversaciones y los datos disponibles no bastan para reconstruirlas.
Podemos cruzar horarios, conexiones y otros indicios.
Si encontramos un terminal o una copia de seguridad que contenga esos mensajes, la situación podría cambiar. De momento, el nexo sigue sin aparecer.
—Y con las declaraciones no avanzamos mucho más —añadió Bernarda Lecabre—. Luisa Frutos insiste en que se limitaba a llamar a los números que el concejal le entregaba escritos en un papel y que nunca oyó hablar de un ejecutor material.
Luciano Torrecilla, que ha intervenido desde Madrid acompañado de sus abogados, se ha cerrado en banda: sostiene que su anterior confesión no pasaba de ser una conjetura técnica y no quiere añadir nada más sin asesoramiento. Ninguna de esas versiones nos resuelve quién estuvo en el museo.
El registro de la residencia de Juan Magán Magallón tampoco había transcurrido como él habría deseado.
Los agentes llamaron al timbre, se identificaron, mostraron la orden judicial y entraron cuando les abrieron.
El concejal estaba en el Ayuntamiento cuando recibió la llamada que le comunicaba lo ocurrido.
Montó en cólera, exigió explicaciones y protestó por lo que consideraba un atropello intolerable, pero la orden era válida y no podía detener el registro.
Mientras tanto, Ignacio Magán Magallón, Mercedes Ugarte y los contactos del oratorio de Madrid mantenían un silencio que parecía cuidadosamente concertado.
Catalina se quedó mirando la pizarra donde el nombre de María Garmendia aparecía rodeado de interrogaciones rojas. El interés político y financiero de los doce millones estaba a la vista, pero quizá no era más que la parte visible del asunto.
Seguían sin saber quién había ejecutado el crimen, quién había dado las instrucciones ni cómo se había alterado el sistema de seguridad del museo sin dejar una explicación convincente en los registros técnicos.
Habían reunido piezas suficientes para sospechar que todo estaba relacionado; les faltaba demostrar cómo encajaban.
La tarde caía sobre Pamplona y, por primera vez en muchas horas, Catalina sintió el cansancio. No era una razón para detenerse. Era una razón para cambiar de perspectiva.
La inspectora decidió volver sobre la muerte de María Garmendia.
Había demasiadas preguntas sin contestar y el informe médico inicial no bastaba para cerrar ninguna de ellas. Habló con la jueza de instrucción, Margarita Resano, le expuso las dudas y solicitó que se ampliaran las pruebas periciales.
La magistrada autorizó las diligencias pertinentes.
El forense coordinó la revisión de las muestras con los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, y con el laboratorio de microbiología de San Sebastián, donde trabajaba María Díaz.
Los análisis no darían una respuesta en unas horas; Catalina lo sabía y pidió que le comunicaran cada avance confirmado, sin adelantar conclusiones.
Durante la autopsia, el médico forense había examinado cuidadosamente el corazón de María Garmendia y tomado muestras del miocardio para su estudio. Los fragmentos quedaron identificados, conservados y documentados antes de ser remitidos a los laboratorios correspondientes.
La cadena de custodia era tan importante como el propio análisis: cualquier irregularidad podía echar por tierra meses de investigación. El médico revisó también la historia clínica de la víctima y pidió que se cotejara con los resultados de las pruebas pendientes.
La información médica aportaba un dato importante, aunque no concluyente por sí solo.
María Garmendia había acudido a una revisión hacía apenas dos meses. No constaban antecedentes que explicaran fácilmente un episodio cardíaco de aquella gravedad.
El forense insistió en que una revisión normal no excluía todas las causas naturales, pero las primeras observaciones justificaban investigar la posible intervención de sustancias ajenas a su organismo.
Era una mujer activa, acostumbrada a correr varias veces por semana.
Quienes la conocían hablaban de su energía y de la disciplina con que compaginaba el trabajo del museo con su vida cotidiana.
La aparente buena salud de la comisaria no probaba por sí misma que la hubieran asesinado; sí hacía más inquietantes los indicios que comenzaban a aparecer.
En la Clínica Universidad de Navarra se examinaron las muestras y se solicitaron pruebas complementarias. Parte del material se remitió, debidamente identificado, al laboratorio de San Sebastián.
Pasaron varios días antes de que los especialistas pudieran contrastar resultados. Catalina recibió noticias parciales, algunas alentadoras y otras difíciles de interpretar, pero se negó a confundir una sospecha de laboratorio con una prueba definitiva.
El forense recordaba con precisión la extracción de las muestras.
Bajo las luces de la sala de autopsias, había practicado los cortes necesarios para estudiar el tejido cardíaco y separado varios fragmentos destinados a distintos análisis.
El procedimiento se desarrolló con el cuidado que exigía una muerte investigada judicialmente. Cada recipiente llevaba su identificación y quedaba registrado antes de salir de la sala.
—Una parte irá a los especialistas de la CUN y otra al laboratorio de microbiología de San Sebastián —había indicado entonces—. Quiero que María Díaz revise el material. Si hay un componente biológico que se nos escapa, ella sabrá dónde buscarlo.